Cinco fincas de Barcelona exigen al Ayuntamiento que las compre antes que un fondo buitre: “Vecinos o especulación”

Joan Marc llegó a su casa, en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona, cuando tenía tres años. Hoy tiene 61 y teme que después de tanto tiempo le vayan a echar. La propiedad que llevaba toda la vida gestionando la finca la ha vendido a un fondo, que ya ha empezado a enviar burofaxes avisando de que no renovarán contratos.

En el argot inmobiliario, el traspaso de un edificio entero con inquilinos se conoce como ‘compra con bicho’. “Nosotros no somos bichos, somos personas con derechos y una historia en esta casa”, dice Joan Marc, que está dispuesto a acabar su historia en la que siempre ha sido su hogar. “Yo de aquí me voy muerto. Tieso. Por mi pie no me voy a marchar”, asevera.

Él vive en uno de los 26 pisos de este edificio en el que todos sus inquilinos se han puesto de acuerdo para encontrar una solución. Lo que buscan es que la Generalitat o el Ayuntamiento accedan al tanteo y retracto y compren la finca. Se trata de un derecho que tiene la administración de avanzarse a una transacción inmobiliaria si paga el precio de compra pactado. En este caso, es de 5,5 millones de euros.

Por el momento, el Ejecutivo catalán ya ha rechazado hacerse con la finca. Así que la pelota ha caído en el tejado del consistorio, que tampoco se ha mostrado interesado, pero ha cedido el derecho a la cooperativa Sostre Cívic. Esto supondría que el edificio quedaría cooperativizado entre todos los vecinos y, si bien esta modalidad les parece atractiva, los inquilinos no están seguros de poder conseguir el dinero.

Por eso insisten al Ayuntamiento que repiense su postura ahora que todavía tiene unos meses para hacerlo. Y, si no compra, proponen que al menos ejerza como creditor y aporte el 40% del importe total para que la hipoteca sea sólo del 40%. El resto, lo podrían los vecinos a forma de entrada.

Esta es la reivindicación de cinco fincas de la ciudad de Barcelona, que se han unido bajo el paraguas del Sindicat de Llogateres para exigir al consistorio que aporte el “apoyo económico necesario” para salvar a más de un centenar de inquilinos del “riesgo de expulsión por compra especulativa”.

Por su parte, el Ayuntamiento asegura que está “haciendo seguimiento del caso” en estas fincas y recuerda que el protocolo es realizar un “examen cuidadoso” en función de los criterios que marca la ordenanza del tanteo y retracto. “Hay que entender que no se pueden adquirir la totalidad de bloques que están en venta”, apuntan, a preguntas de este medio. 

Con todo, desde el consistorio sacan pecho de haber adquirido 1.600 viviendas mediante el tanteo y retracto desde la última década, que es cuando se aprobó la normativa. Pero, si se analizan estos datos, se observa que la compra mediante el tanteo y retracto es una herramienta que el Ayuntamiento de Jaume Collboni ha usado mucho menos que el de Ada Colau. La exalcaldesa, durante sus ocho años de mandato, adquirió unas 200 viviendas anuales. En cambio, la media del socialista baja hasta las 50. 

La norma indica que las fincas compradas por tanteo y retracto por la administración se convierten en vivienda de protección oficial (VPO). En caso de que ya hubiera alguien alquilándolas, el contrato se prorroga y se convierte en un alquiler social. Si estaban vacías, hay dos posibilidades: o bien se incorporan a la bolsa de vivienda pública o se ceden para la mesa de emergencia, que son el conjunto de pisos disponibles para acoger a personas vulnerables en riesgo inminente de quedarse en la calle. 

Por tanto, el descenso en las compras por tanteo y retracto se ha notado también en el número de pisos que el consistorio aporta a la mesa de emergencia que, de media, se ha reducido a más de la mitad con el Ejecutivo de Collboni. Por otro lado, la inflación y la crisis de la vivienda ha hecho que, en la última década, se haya multiplicado por 13 el número de personas en riesgo de perder su casa. Sumando ambos factores, el resultado es que hay 754 familias a la espera de recibir una vivienda de urgencia. Un máximo histórico desde 2015. 

Por su parte, el Ayuntamiento asegura que “la dificultad de acceso a la vivienda” se encuentra “en el centro” de sus políticas y reconoce que, a diferencia de mandatos anteriores, la estrategia de Collboni se ha centrado en la construcción y en la eliminación de las licencias de pisos turísticos como estrategia de aumentar la oferta, tanto pública como privada, de la ciudad. “Hemos optado por regular e intervenir el mercado, entendiendo que este no se regula solo”, explican.

Burofaxes y falsos inspectores

Los vecinos temen quedarse expuestos a este mercado que ha “abierto las puertas a la especulación”, apunta Joan Marc. Este hombre volvió a la casa de su infancia hace una década, cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas. “Vine a morir a casa”, sostiene. Cuando su padre falleció, él pudo heredar el contrato y se lo renovaron por siete años con una pequeña subida de precio: paga 652 por un piso de más de 100 m². Pero sabe que la nueva propiedad no será tan benevolente. 

Por ley, no pueden saber quién ha comprado la finca hasta que la transacción se cierre definitivamente, pero sospechan que se trata de un fondo buitre o un fondo de inversión. Los vecinos han ido recolectando “pistas” que les han llevado a esa conclusión. Además de los burofaxes que avisan de que no van a renovar más contratos, se han encontrado que los pisos que han quedado vacíos durante los últimos meses no se han puesto en alquiler.

También explican que un día se presentaron en sus puertas personas que decían venir a realizar una inspección técnica. En lugar de eso, “empezaron a grabar mucho, a hacer muchas fotos y a hacer comentarios sobre las vistas o los balcones”, explica Pablo, otro de los vecinos. 

Reconoce que su finca es un “caramelo” porque, aunque está en un barrio alejado del centro y con una renta media por debajo de la media de la ciudad, es un edificio con mucho potencial. Los pisos son grandes y, además, cuentan con unas vistas privilegiadas que ofrecen una panorámica de toda Barcelona. “No sé lo que podrían llegar a pedir por esto”, cuenta Pablo, que lleva 10 años en la finca, junto a su esposa y cinco hijos. 

Él paga 1.090 euros y es consciente de que, si le echan, no podrá encontrar fácilmente un nuevo hogar. “Con lo que podemos pagar, viviríamos apiñados. Por no hablar de lo difícil que sería alejarnos del barrio donde mis hijos van al colegio y donde nosotros trabajamos”, insiste. 

“Yo no quiero irme. Pero tampoco quiero que se vaya él, ni el otro, ni el otro”, insiste Joan Marc, mirando a Pablo. Estos vecinos se unieron desde el momento en que tuvieron el menor indicio de que podían echarles. La mayoría de ellos llevan décadas en la finca; la antigua propiedad no había subido demasiado los precios y no había abierto pisos turísticos ni de temporada. “Y así es como debería ser. Uno solo debería mudarse porque quiere, no porque le obliguen”, sigue Pablo.

Por eso, aseguran que harán “todo lo necesario” para quedarse en su casa e insisten al Ayuntamiento para que recapacite y se haga cargo de los pisos en estas cinco fincas. “Que escojan, o los vecinos o la especulación”, zanjan las familias.