La falta de acuerdo entre el PSC y los Comuns hace caer la ley para evitar la compra especulativa de vivienda
La ley catalana que debía prohibir la compra especulativa de viviendas no verá la luz. O al menos no en su forma original ni en los términos que acordaron el PSC y los Comuns en julio. Después de meses negociando, ambas formaciones han sido incapaces de llegar a un acuerdo para sortear el revés del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que consideró que la propuesta inicial contravenía el Estatut y la Constitución. Finalmente, en un intento de última hora para salvar la ley, ambas formaciones han acabado presentando por separado unas enmiendas que, difícilmente, conseguirán el apoyo del otro.
Si bien las resoluciones del Consell no son vinculantes y se podría haber optado por seguir adelante con la tramitación, el PSC prefirió parar el proceso y asegurarse de que el nuevo texto que vote el Parlament tenga “seguridad jurídica”. Este fue el primer punto de fricción con los Comuns, cuya intención inicial era seguir adelante con el texto original para no “desvirtuarlo”.
En esencia, la ley prohibía la compra de un inmueble cuando no fuera para dedicarla a vivienda habitual del comprador. La excepción era que los grandes propietarios o empresas sí podían adquirir fincas enteras siempre que fuera para ponerlas en alquiler a un precio limitado, tal como ya recoge la ley que regula el tope del alquiler.
Con sus enmiendas, el Govern plantea ahora no limitar el número de pisos que se pueden comprar y centrar el debate en el uso que se da a la vivienda, que debe ser “habitual y permanente”. Este supuesto afectaría también a los pisos de nueva construcción. Aun así, el texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, incluye “excepciones” y permite que los Ayuntamientos puedan acordar permitir otros usos residenciales (como el alquiler temporal o turístico) siempre que justifiquen la “suficiencia de vivienda habitual”.
También se contempla que el comprador pueda no alquilar inmediatamente el piso cuando la vivienda esté sometida a un proceso judicial de desahucio o si está siendo reformada en el momento de la compra. Estos dos supuestos son herramientas de inversión que ya usan los grandes propietarios para adquirir viviendas por un valor por debajo del de mercado y alquilarlas después a un precio más elevado.
Por su parte, los Comuns han presentado principalmente enmiendas de carácter técnico; la única modificación de contenido se basa en la propuesta de excluir las viviendas que se hayan adquirido mediante una herencia.
La ley, a votación en diciembre
A medida que se acercaba la fecha límite para proponer las enmiendas, el 30 de octubre, ambas partes veían cada vez más claro que no se iba a llegar a un acuerdo. El Govern, incluso planteó la posibilidad de pedir una prórroga para tener más margen, opción que acabó descartando.
Ahora, no es solo que la ley original no vaya a ver la luz, sino que la opción de que el texto modificado salga adelante tampoco está clara. En su primera versión, sólo contaba con los apoyos asegurados de Comuns y PSC, que necesitaban el apoyo de una ERC que nunca se mostró incondicional.
Pero ahora, ni siquiera está claro que quienes impulsaron juntos esta medida vayan a votar favorablemente a las enmiendas del otro. Aunque el president Salvador Illa considera que el acuerdo “no se ha roto”, los Comuns han rechazado frontalmente las propuestas del PSC para salvar la ley. Consideran que los socialistas han “reculado” con unas modificaciones que “suponen una rebaja respecto a lo que se había negociado”.
“No sé si es que han recibido una llamada o es que les arrastramos sin que tuvieran una clara voluntad”, ha apuntado Jéssica Albiach, en una entrevista en TV3. En esta línea, cabe destacar que el pacto para sacar adelante la ley fue clave para que los Comuns apoyaran los presupuestos de Illa y, mientras unos salieron adelante, la otra es posible que acabe en papel mojado.
La resolución sobre el destino de esta ley, que en un inicio debía tramitarse por la vía rápida, habrá de esperar hasta diciembre, que es cuando está previsto que la ley se someta a votación en el Parlament, según han explicado fuentes del Govern a elDiario.es.