Derecho a decidir y derecho a saber
En Catalunya se cruzan estos días dos sentimientos muy poderosos. Los electores somos conscientes de que nos enfrentamos a una decisión trascendente, histórica, porque la composición del Parlament puede decidir el devenir de generaciones. Y, al mismo tiempo, nos faltan informaciones vitales para tomar esta decisión con plena responsabilidad. La calidad de una democracia se mide por la capacidad de discernimiento de sus ciudadanos. No existe una voluntad libre y plenamente consciente sin saber antes cuáles serán las consecuencias de nuestros actos, en este caso, de nuestros votos.
Cuando falta información, nos queda la angustia de enfrentarnos a lo desconocido o cerrar los ojos y hacer un acto de fe. Ante este dilema, la política no puede ofrecer la misma respuesta que la religión. El cartel de Artur Mas con los brazos abiertos ante un fondo de banderas es la metáfora que resume estos sentimientos encontrados en Catalunya. Un líder encarna “la voluntad de un pueblo” y está dispuesto a llevarlo a la tierra prometida que lo salvará de todos los males del presente. Pero sabemos muy poco de cómo será la tierra prometida que propone CiU y, menos aún, de la travesía del desierto hasta llegar a ella. No importa, es un acto de fe.
Ni la Unión Europea ha sido capaz de responder de forma clara a la que es, posiblemente, la cuestión más decisiva de todas: ¿Quedará Catalunya fuera de Europa si proclama la independencia? La sociedad catalana que siempre tuvo su sueño de libertad y progreso en Europa, ahora acudirá a votar sin saber cuál sería su futuro en la Unión si decide tomar un camino u otro.
Y más incertidumbres. El PSC propone una tercera vía ante la confrontación entre la independencia y el inmovilismo del PP: la opción federal. Pero también es un acto de fe porque nadie sabe en qué consiste, ni si el PSOE tiene voluntad y fuerzas para defender el federalismo en España. El PP habla ahora de revisar la financiación de Catalunya, cuando desde hace años ha combatido todas las propuestas que llegaban desde aquí. E incluso ICV, defensor del derecho a decidir, no desvela cuál sería su voto en un referéndum de independencia. ERC, posiblemente el partido con una posición más diáfana y avalada por su trayectoria, despierta dudas sobre si será una simple muleta de Artur Mas o mantendrá la personalidad que resumen sus siglas. Si llevará hasta las últimas consecuencia la certeza de que no existe una nación si ésta no es capaz de ser justa y solidaria con todos sus ciudadanos.
Entre todas las nieblas, una especialmente espesa, la de la corrupción. Los catalanes acudiremos a las urnas bajo el impacto de las gravísimas acusaciones recogidas en un borrador policial difundido por el diario El Mundo en plena campaña. El responsable de la unidad policial a la que se atribuye el borrador lo ha desautorizado ante el juez del Caso Palau. El fiscal jefe de Catalunya lo califica de “calumnia” y, si fuera así, estaríamos ante un libelo, ante un golpe a la democracia y a la dignidad de los afectados. Un golpe presuntamente cometido por oscuros aparatos del Estado y lanzado por el mismo periódico que durante años ha alimentado la delirante implicación de ETA en los atentados del 11-M. Y el Gobierno, a pocas horas de las elecciones, practica el temerario juego de alimentar la confusión, dando credibilidad al borrador, pero sin aportar pruebas.
El escándalo del borrador policial es fruto de la incompetencia o de la mala fe, o de ambas cosas a la vez. Sea como sea, da nuevos argumentos a quienes atribuyen los males de Catalunya a un Estado español que actúa de forma desleal. Y si las acusaciones del borrador son veraces, como dio a entender la vicepresidenta del Gobierno, entonces el vínculo entre el expolio del Palau de la Música y las finanzas de CDC escalaría hasta unas cotas insoportables para la estabilidad institucional en Catalunya.
A falta de una información fiable, otra vez nos enfrentamos a una cuestión de fe. Y es razonable pensar que la fe puede entrar en crisis si tenemos en cuenta que CDC, según el proceso judicial en marcha, podría haber utilizado uno de los grandes templos de la cultura catalana como un mero instrumento para financiarse de forma ilegal. Si esto fuera cierto, representaría una degradación política y moral a tener en cuenta a la hora de acudir a las urnas. Y pese a ello, iremos a votar de nuevo envueltos en estas viejas sombras.
El 25-N llega en medio de una profunda paradoja. Una sociedad madura como la catalana, con la capacidad de liderar iniciativas tan trascendentes como, por ejemplo, las consultas populares por la independencia o la lucha contra los desahucios, irá a votar sin tener toda la información necesaria. Porque la ambigüedad se ha convertido en una categoría política y porque el ruido y la propaganda han invadido territorios que eran propios del periodismo. La democracia se basa en la decisión responsable de una ciudadanía bien informada. Una ciudadanía que antes de ejercer el derecho a decidir tiene el derecho a saber para que votar no sea sólo un acto de fe.
