El 2012 ha sido un año muy duro para miles de familias. El creciente desempleo, que ya afecta a un 25% de la población española, el elevado endeudamiento, y la consecuente disminución de ingresos, han hecho que muchas familias hayan perdido sus viviendas por no poder hacer frente al pago de los créditos hipotecarios o a los alquileres de los pisos.
El problema de los desahucios es, seguramente, el ejemplo más claro de la crisis social y de valores que sufrimos. Cuando una persona pierde su vivienda y queda, además, con una gran deuda pendiente quiere decir que, difícilmente, tendrá una segunda oportunidad. Si no recibe ayudas públicas o el apoyo de gente próxima, entrará, sin remedio, en la rueda de la exclusión social.
La exclusión social, las desigualdades, no disponer de una vivienda, pueden provocar en las familias frustración, angustia, inseguridad y baja autoestima. Y todo eso puede acabar concretándose en unos mayores índices de enfermedades mentales, fracaso escolar, aumento del consumo de drogas y suicidios como, por desgracia, ya hemos vivido.
Habrá quien diga que las personas que firmaron un crédito hipotecario se sometían voluntariamente a un negocio jurídico privado, pero en este negocio la vigilancia pública preventiva no fue eficaz y las entidades bancarias fueron poco rigurosas en la valoración del riesgo de solvencia de estas personas. Ahora, muchas entidades bancarias que avalaron aquellos créditos pretenden resarcirse del bajón del sector inmobiliario asediando a la parte más débil del negocio, no aceptando la dación en pago para liquidar un negocio desigual y, posiblemente, reservándose un lucro futuro en la reventa de las viviendas. Se trata de unas situaciones de injusticia notoria, inmorales y poco éticas, amparadas por la legislación vigente, pero no por los principios del derecho.
No hace mucho tiempo, el gobierno del Estado ha aprobado un Real Decreto Ley para hacer frente al problema de los desahucios. La respuesta es claramente insuficiente e injusta, fruto del fracaso del intento de pacto entre PP y PSOE, después del suicidio de una mujer en Baracaldo cuando estaba a punto de ser desahuciada. Y parece sólo un nuevo intento para tapar el escándalo y la gravedad de una situación que ya ha afectado en España a más de 400.000 personas desde que empezó la crisis.
El Real Decreto Ley consiste en un aplazamiento temporal de dos años del lanzamiento del piso subastado. Durante este tiempo, los afectados no pagarán cuotas ni un alquiler, pero subsiste la pérdida de la propiedad, la deuda no sufragada con la subasta y los intereses de demora, es decir que de aquí a dos años la deuda que tendrán los afectados todavía será mayor.
Las condiciones para acceder a la moratoria son muy duras. Sólo se pueden beneficiar las unidades familiares con unos ingresos brutos de 19.300 euros el año (menos de 1.000 euros netos al mes), familias numerosas o familias monoparentales, con dos hijos a cargo, y aquellos casos cuya cuota hipotecaria sea superior al 50% de los ingresos netos de la unidad familiar. Podría seguir enumerando condiciones, pero lo cierto es que la medida no afronta el problema real. La moratoria sólo se podrá aplicar a 120.000 familias, no contempla los casos de alquiler, ni resuelve donde irán a vivir los miles de ciudadanos que son desahuciados.
Leyes adecuadas a las realidades sociales
Es muy necesario introducir, con celeridad, más propuestas legislativas con el fin de afrontar esta grave problemática. Las leyes se tienen que adecuar a las nuevas realidades sociales con el fin de priorizar y hacer posible el derecho a una vivienda digna. Las Administraciones no pueden ser ajenas al deterioro de la calidad de vida de sus ciudadanos, la pérdida de un derecho básico y la alteración de la paz social.
Una de las recomendaciones que he hecho llegar al Ayuntamiento de Barcelona, pero que también se podría aplicar a otras ciudades, es que las administraciones se anticipen al riesgo de desahucio, informando y orientando de oficio a las familias conocidas por los servicios sociales que estén en riesgo de exclusión social, y ofreciendo un alojamiento asistencial y transitorio a todos los residentes que sean objeto de un lanzamiento.
En Barcelona, la bolsa de vivienda pública de alquiler asequible es casi inexistente. Sólo 1.700 de los 8.000 pisos que gestiona el Patronat Municipal de l’Habitatge se destinan a las rentas más bajas. Ahora sería un buen momento para que las administraciones pongan en marcha una verdadera política de vivienda pública, como ya se hace con otros países europeos, con pisos para los más necesitados: jóvenes, parados, familias desahuciadas, jubilados, discapacitados... Hablo de un tipo de alquiler que no tendría que superar los 200 euros al mes. Su puesta en marcha es una imperiosa necesidad.
En el caso de la capital catalana, el Ayuntamiento tendría que alimentar esta bolsa de alquiler social con todas las viviendas disponibles. Considero que las Administraciones tienen que adquirir y rehabilitar las viviendas desocupadas de bajo coste para cederlas a los colectivos vulnerables, y controlar que no haya pisos públicos infrautilizados o no asignados a las personas que más lo necesitan.
También hay que destinar a alquiler social los pisos subastados en poder de las entidades financieras rescatadas. Ahora es el momento de que los bancos y las cajas que han recibido dinero público rescaten a las personas cediendo a las Administraciones los pisos desahuciados que tienen en su poder con el fin de que se puedan ofrecer a un precio asequible a los propietarios fallidos, entre otros colectivos.
El pasado mes de marzo, en la presentación del informe anual de 2011 en el plenario municipal, ya sugerí al Ayuntamiento de Barcelona que negociara con los bancos y cajas poner a disposición de la bolsa de vivienda de alquiler de la ciudad las viviendas subastadas. ¿Y cuántas harán falta? Pues, las necesarias para garantizar que todos los ciudadanos dispongan de un alojamiento digno, un derecho básico y fundamental que reconoce la Constitución y el Estatut. Sólo en Barcelona, unas 20.000 personas están inscritas en el registro de solicitantes y esperan poder acceder, tarde o temprano, a un piso público.
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