Gemma Ubasart, exconsellera catalana de Justicia: “El Código Penal está inflado y hay que reducirlo”

Tras su etapa como consellera de Justicia, Gemma Ubasart (Castellar del Vallès, 1978) ha vuelto a la academia, pero no se ha encerrado en el despacho. Muestra de ello es el libro Contra el castigo (Bellaterra Edicions), un ensayo en el que Ubasart impugna y plantea alternativas a la ola de punitivismo que recorre platós de televisión y parlamentos y que ha impactado hasta en partidos progresistas.

En su libro hay números que llaman la atención: España tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas de la UE pese a que sus cifras de criminalidad son bajas. ¿Por qué?

El problema es la duración efectiva de las penas de prisión, que en el Estado llega a cuadruplicar la de los países nórdicos. Esto hace que haya 117,2 presos por cada 100.000 habitantes con una de las tasas de criminalidad, en especial de delitos graves, más baja de la Europa de los 15. Pasar más tiempo en la cárcel es más fácil en España que en países del entorno, y se debe a que el Código Penal está inflado.

Las propuestas políticas avanzan en la dirección contraria: crear más delitos y endurecer los ya existentes.

El Código Penal del 1995 ha crecido casi solo en una dirección: ha tipificado cada vez más delitos y ha endurecido las penas. En una obra de 2013, el catedrático José Luíz Díez Ripollés repasaba 25 reformas inflacionarias del Código Penal. El otro día, la magistrada Carme Guil me dijo que a día de hoy ya son 50. Además, la ejecución de las penas cada vez es más dura y dirigida hacia el internamiento.

Las subastas punitivas de los platós de televisión se trasladan al Parlamento y se endurece el Código Penal contra la evidencia científica

¿A qué se debe esta inflación del Código Penal? ¿Los políticos han querido resolver problemas sociales endureciendo penas?

Hay una mezcla de factores. Están los factores políticos, pero también económicos. Tanto de empresas de seguridad que necesitan crear un clima de miedo al robo y a la okupación para vender alarmas como medios de comunicación que priorizan los sucesos porque generan mucha audiencia.

Todo esto crea un caldo de cultivo favorable a la inflación del Código Penal, y hay que reducirlo. Las subastas punitivas de los platós de televisión se trasladan al Parlamento y se endurece el Código Penal contra la evidencia científica y todo el conocimiento empírico que nos dice que el aumento de penas no conlleva un desistimiento del delito.

¿De qué manera se puede revertir esta situación?

Desde que muere el dictador Francisco Franco hasta 2010 hay un crecimiento anual de las personas presas. En 2010, debido a la crisis económica, los gobiernos quieren ahorrar costes, también los carcelarios. Se produce entonces una pequeña reforma del Código Penal, centrada en los delitos contra la salud pública, que hace que la población penitenciaria se reduzca. No aumentó el delito ni hubo un rechazo ciudadano. De hecho, pasó casi desapercibido.

¿Solo la necesidad de ahorrar puede llevar a una deriva antipunitivista?

No. En realidad es un desafío para los actuales gobernantes. ¿Si en 2010 fue posible reducir la población penitenciaria para ahorrar, por qué no hoy, con una mayoría progresista y plurinacional y la evidencia empírica a favor? Con pequeñas reformas se podría reducir el impacto del encarcelamiento. Además, países como Francia, Reino Unido o Portugal también han llevado a cabo medidas para vaciar las cárceles.

No me sirve que la izquierda diga que no hay que dejar las políticas de orden solo a la derecha para terminar haciendo lo mismo que la derecha

Mencionaba la mayoría progresista, pero son el PSC en Barcelona y en Catalunya y el PSOE en Madrid quienes más apuestan por endurecer las penas. Lo hacen, según dicen, para no dejar el orden y la seguridad en manos de la extrema derecha.

No me sirve que la izquierda diga que no hay que dejar las políticas de orden solo a la derecha para terminar haciendo la misma política que la derecha. En la izquierda nos debemos plantear las cuestiones de seguridad y convivencia, pero con nuestra mirada, valores y perspectiva. A diferencia de la derecha, nos debemos basar en la evidencia empírica, que nos dice que un aumento de penas no nos lleva a una reducción de los delitos.

Si aumentando las penas se solucionaran los problemas sociales que llevan al delito, los estados de EE.UU. con pena de muerte no tendrían problemas. Y esto no ocurre, más bien ocurre lo contrario, pues en EE.UU. hay más delitos violentos que en España.

¿Cómo se tendría que concretar este Código Penal desinflado?

Hay un trabajo de política criminal a hacer, pero hay distintas vías: la de la tipificación, pero también la rebaja en la duración de las penas. Pero hay otra importante que es un terreno con campo para explorar: la ejecución de las penas. Hay muchas alternativas al internamiento en prisión que se pueden abordar, como el medio abierto, que tendría que ser una prioridad para la política penitenciaria del siglo XXI.

¿Qué efectos tiene en una persona pasar muchos años en prisión?

Afecta en muchas dimensiones: empeora la salud física y la mental, pero también dificulta la dimensión social. El encarcelamiento rompe lazos familiares, comunitarios y laborales, por lo que cuanto más tiempo se pasa en prisión más difícil es la reinserción. El internamiento prolongado dificulta los objetivos de reinserción y rehabilitación. La ejecución penal debe buscar alternativas al internamiento, como el medio abierto.

En el libro denuncia que la cárcel es la institución estatal que más personas con problemas de salud mental trata.

Esto es así y tiene un doble componente de injusticia. Por un lado, se usa una institución como la cárcel para tratar una enfermedad mental. Además, no es universal: las personas con problemas de salud mental que tienen una red o una familia pueden estar acompañadas, pero las que no la tienen son las perfectas candidatas para acabar en la cárcel. El número de internos con problemas de salud mental es muy importante.

Otro capítulo del libro está dedicado a los jueces. Además del término de moda, el ‘lawfare’, define el fenómeno de los ‘jueces combatientes’. ¿Tenemos muchos en España?

El juez combatiente es el juez que se erige en activista en lo que cree que es una defensa del Estado de Derecho, pero no lo es. A diferencia del ‘lawfare’, son jueces que actúan de forma autónoma, sin ser correa de transmisión de nadie. El ‘lawfare’ tiene que ver más con una disputa partidista que se traslada al juzgado, y se parece más a lo que ha ocurrido en América Latina.

Son dos fenómenos distintos y minoritarios dentro del poder judicial, pero que lastran todo el buen trabajo de la mayoría de la carrera. No somos tan distintos de otros países: Luigi Ferrajoli ya dibujó en los 70 el concepto de juez combatiente en Italia. Era el juez, ya fuera conservador o progresista, que se erigía como garante del Estado de Derecho y abría la puerta a la arbitrariedad en la lucha contra las organizaciones armadas de los años del plomo. En España este fenómeno se ha dado en los casos del denominado ‘entorno de ETA’, en el que se perseguía a entidades o medios de comunicación que habían actuado siempre de forma pública y legal, y se repite con la crisis independentista, con la idea de que había que salvar a España de romperse.

Sean jueces combatientes o ‘lawfare’, ¿España tiene un problema con algunos jueces?

Hay un problema con la selección y formación de jueces. Tenemos un proceso de selección de jueces basado en lo que se hacía en el siglo XIX y el mundo ha cambiado. Necesitamos perfiles de jueces adecuados a la actualidad. El magistrado emérito del Supremo Perfecto Andrés escribe que un juez tiene que ser un intelectual porque debe entender la complejidad social para poder dirimir los conflictos. La formación de los jueces tendría que ir en esta línea. La oposición memorística actual está pensada para un Estado del siglo XIX, pequeño, contenido, con pocos ministerios… La democratización en la selección y formación de jueces es uno de los retos del Poder Judicial.

Los jueces no serían el colectivo con menos resistencias a los cambios.

El Ministerio de Justicia ha impulsado propuestas modestas pero que mueven el barco hacia un rumbo de democratización, como las becas para nuevos jueces y fiscales, y parte del colectivo se lo ha tomado casi como una afrenta. Creo que las reformas para democratizar el acceso a la carrera no se tendrían que dejar para otra legislatura y que la mayoría progresista y plurinacional las tendría que apoyar.

España tiene un problema con la selección y formación de jueces

Otra de las tesis que desarrolla en el libro es que la izquierda no puede dejar la idea de libertad a la derecha. ¿Cómo se consigue?

La izquierda debe disputar la batalla por la libertad, la igualdad y la fraternidad y no puede renunciar a ninguna de las tres. Son necesarias y hay que leerlas en clave de siglo XXI: una igualdad que reconozca las diferencias y las interdependencias; una fraternidad que permita construir proyectos autónomos y colectivos y una libertad real, que no se puede dejar en manos de la derecha, y que sea sinónimo de no dominación y tenga en cuenta la complejidad de la vida en sociedad. La libertad como origen y bandera es algo que creo que debería estar en el centro.

¿Qué peso ha tenido su paso por la Generalitat como consellera de Justicia en lo que escribe en el libro?

Antes de ser consellera ya había trabajado en el análisis de políticas públicas y la criminología crítica, pero la experiencia como consellera me ha ayudado a poner varias piezas en su sitio y entender bien el funcionamiento de un gran departamento, además de adquirir nuevos conocimientos, como en el ámbito penitenciario.

En el libro escribe que el objetivo final tiene que ser “la abolición de la cárcel”. ¿Esto ya lo pensaba antes de ser consellera?

Sí. Tenemos que ser garantistas siempre y aspirar a una reducción del sistema penal. Esto quiere decir apostar por otra forma de resolver los conflictos, y no destinar tantos recursos a la policía, el internamiento o la judicialización constante de los problemas. Pero pensar en el abolicionismo como objetivo sin pensar en el mientras tanto no tiene sentido. Queremos un futuro sin cárceles, pero en el presente tienen que ser un espacio de dignidad, y hay que sumar todas las visiones humanistas para que así sea.

Queremos un futuro sin cárceles, pero en el presente tienen que ser un espacio de dignidad

¿Qué límites institucionales y políticos encontró durante su etapa como consellera para llevar a cabo alguna de sus propuestas?

Las instituciones tienen mucha dependencia del pasado, de las formas de hacer y un marco presupuestario y legislativo que condiciona, pero no quiere decir que no se pueda cambiar el rumbo. Reivindico la política, porque no es cierto que desde las instituciones no se puedan cambiar las cosas. Detrás de las instituciones tiene que haber un proyecto político que oriente a resolver los problemas y las situaciones injustas, y dentro de la institución hay que gestionar con excelencia. Tenemos que aprovechar cada pequeña brecha para hacerlo. Solo estuve dos años en la conselleria, pero creo que actué así.

Una de sus competencias era la Memoria Democrática. ¿Por qué al PSOE le cuesta tanto sacar a la Policía de la comisaría de Via Laietana donde torturaron a los opositores de la dictadura?

Creo que la Policía acabará saliendo de Via Laietana. Al PSOE le ha costado moverse en algunos temas de Memoria, y creo que hay una disputa con el Ministerio del Interior y resistencias corporativas, pero llega un momento que hay que poder vencerlas. No tiene demasiado sentido que se conmemoren los 50 años de la muerte de Franco, se apueste por las políticas de memoria y se mantenga a la Policía en Via Laietana.

Le tocó gestionar una huelga encubierta de funcionarios de prisiones en protesta por el asesinato de una trabajadora, pero que comportó vulneraciones de derechos de los presos. ¿Qué balance hace de lo ocurrido desde fuera de la política?

A ninguno ni ninguna de mis antecesores le tocó gestionar un suceso tan grave como el asesinato de Núria. Trabajamos para minimizar el riesgo de los trabajadores penitenciarios, sabiendo que el riesgo cero no existe. La restricción de derechos que sufrieron las personas internas agravó su vulnerabilidad, y creo que hicimos bien hablando claro y diciendo que se estaban vulnerando sus derechos.