La Generalitat detectó varios “incumplimientos relevantes” de la normativa medioambiental de la planta de Iqoxe de La Canonja (Tarragona) en una inspección que técnicos de la conselleria de Territorio efectuaron un mes y medio antes de la explosión. Las irregularidades, que el informe de la secretaría de Medio Ambiente instó a Iqoxe a corregir de forma “inmediata”, incluían un consumo de reactivos excesivo de la distintas plantas así como emisiones a la atmósfera, aguas residuales y producción de residuos por encima de los valores permitidos.
El informe de Medio Ambiente forma parte de los nuevos tomos del sumario del caso Iqoxe, que supera ya los 6.000 folios. La jueza y los Mossos d'Esquadra han realizado una minuciosa investigación sobre las causas del accidente que provocó la muerte de tres personas. La magistrada, que encara ya la recta final de la instrucción, apunta a una “política empresarial” para reducir costes en personal y seguridad en la química como desencadenante de la explosión, algo que Iqoxe niega.
Los técnicos de Medio Ambiente visitaron Iqoxe entre el 18 y el 27 de noviembre de 2019. La inspección ambiental era programada e integral, es decir, prevista para comprobar si la empresa cumplía con todas las prescripciones de la normativa ambiental. En los tres años anteriores Iqoxe había superado el examen, pero no así en 2014 y 2015, cuando la inspección concluyó que la empresa “no garantizaba un cumplimiento adecuado” de la legislación.
De nuevo en 2019 Iqoxe suspendió. Entre las irregularidades detectadas destaca la existencia de un “foco sistemático” de expulsión de gases a la atmósfera no contemplado en la autorización ambiental a la empresa. También figura como “incumplimiento relevante” de la normativa la emisión excesiva de aceites y grasas en las aguas residuales de Iqoxe, así como la generación por parte de la planta de “nuevos residuos” que no incluía su autorización ambiental procedentes de los procesos de destilación y reacción que tienen lugar en la fábrica.
Todo ello llevó a los técnicos a concluir que Iqoxe “no garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones fijadas en la autorización ambiental”, por lo que conminó a sus responsables a adoptar las “medidas de corrección y prevención necesarias para evitar la afectación de los incumplimientos en las personas y el medio ambiente”, y a hacerlo de forma “inmediata”.
La magistrada está a la espera de recibir el informe definitivo de la Inspección de Trabajo, que se está demorando debido a la gran cantidad de documentación necesaria para su elaboración. Dicho dictamen, según expone la magistrada en un auto, versará sobre el nivel de salud y seguridad de los trabajadores “expuestos a los riesgos de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo” en el momento de la explosión. El caso se ha dividido en dos piezas: una sobre el accidente y las circunstancias que lo rodearon y la otra sobre los vertidos contaminantes al mar presuntamente realizados por Iqoxe.
En la causa permanecen imputados el director de la planta de Iqoxe en Tarragona, Juan Manuel Rodríguez Prats, y el director general de la compañía, José Luís Morlanes. Su defensa, en sucesivos escritos, ha criticado con dureza la investigación de la magistrada y los Mossos d'Esquadra. Según Iqoxe, las pesquisas mantenidas en secreto durante varios meses han generado “verdadera indefensión” en los investigados así como una “distorsión de la verdad material” de las causas del accidente.
Pone especial hincapié el letrado Emilio Zegrí en que los Mossos, a su juicio, no han contrastado ni estudiado “con rigor” los documentos de la causa y han “huido y menospreciado” la versión de la empresa, “posicionándose” en contra de ella desde el inicio de la investigación. En suma, para Iqoxe sus directivos se han visto “cubiertos de una capa de desprestigio notable” no debido al accidente ni a las condiciones denunciadas por varios testigos, sino por la investigación.
A falta del informe de Inspección de Trabajo, los dictámenes de la Generalitat e Iqoxe dan explicaciones distintas sobre las causas del suceso. La consultora noruega DNV GL, en un estudio encargado por el Govern, sostiene que la deflagración se produjo por la descomposición térmica del óxido de etileno y la creación de un punto caliente, posiblemente un incendio, a raíz de una fuga externa o un fallo en el control de la presión del nitrógeno. Por contra, el Institut Químic Sarrià (IQS), a instancias de Iqoxe, descarta el incendio y mantiene que fue el MPEG 500 (el derivado que se estaba fabricando) el material que explotó, y no el óxido de etileno, como dice DNV.
No obstante, los Mossos d'Esquadra, en un informe aportado a la causa, señalan que desde Iqoxe se señaló a Protección Civil y a la Generalitat los días posteriores a la explosión que toda la información que la planta accidentada generaba sobre los procesos de producción se había “perdido” debido a que la explosión había afectado la totalidad de la unidad así como su sala de control.
La investigación de los Mossos concluye que los servicios de emergencia y los responsables del plan de alerta química realizaron “distintos intentos” para comunicar con Iqoxe sin éxito inmediatamente después del accidente, pero que no fue posible hasta las 19:38h., 57 minutos después de la explosión. “No hubo ninguna llamada o demanda de auxilio al 112 o los Bomberos por parte de la empresa, ni tan solo para comunicar la activación de su plan de autoprotección, como establece la normativa de riesgos químicos”, reseña la policía catalana, que también ha descubierto que Protección Civil respondió desfavorablemente a los planes de autoprotección presentados por la empresa en 2013, 2018 y 2019.
Los conflictos laborales persisten en Iqoxe tras el accidente. Los trabajadores realizaron el pasado martes una huelga de 24 horas para reclamar un nuevo convenio laboral. El actual expiró a finales de 2018 y la ultraactividad pactada se agotó el pasado 1 de marzo. El desacuerdo entre dirección y sindicatos se centra en el aumento de la plantilla para “garantizar la seguridad” y mejoras económicas.
La negociación entre trabajadores y empresa se alarga desde hace bastantes meses, con mediación del Tribunal Laboral de Catalunya incluida, pero en los últimos días los contactos se han intensificado. Si no hay un giro de última hora, los nuevos trabajadores que incorpore la empresa se regirán por el convenio general de la industria química, con peores condiciones para los empleados, según los sindicatos. “La empresa dice que nosotros mantendremos nuestros derechos, pero los nuevos contratados serán más precarios, con menos sueldo y menos derechos, y eso no es beneficioso para nadie”, expuso Fran Pizarro, presidente del comité de empresa.