Pocos se atreven en 2022 a definir qué es la inmersión lingüística. El modelo nació en los años ochenta en los barrios obreros de Catalunya, pensado para que el alumnado castellanohablante aprendiese catalán. Finalmente, ese método se acabó trasladando a todo el sistema educativo, donde el catalán se estableció como lengua preferente y, sobre el papel, la única –con excepciones– en toda la enseñanza y para todo el alumnado, sin importar el idioma que se hablase en casa.
Cuatro décadas después, esa idea es una guía y continúa teniendo un apoyo social, educativo y político mayoritario, pero está desgastada y su aplicación es tan diversa como los centros y las realidades sociales de Catalunya, que han ido introduciendo el inglés o incluso el castellano en algunas materias o cursos. A eso se le suma una ofensiva judicial desde hace años, pero que en los últimos meses ha llegado a un punto de no retorno con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y su aval del Tribunal Supremo, por el que se exige a la Generalitat que todos los centros educativos impartan, al menos, un 25% de clases en castellano (es decir, Lengua Castellana y otra asignatura troncal).
Ante ese escenario, el Govern ha defendido públicamente que no alterará el modelo y que el catalán seguirá siendo la lengua vehicular de las escuelas. Pero, a la vez, el mismo Ejecutivo y partidos como el PSC y los comuns han tratado de buscar un consenso educativo que se adapte a las exigencias judiciales sin que haga retroceder el catalán en las aulas. Las sentencias son una espada de Damocles que no se puede simplemente ignorar. Pero en los últimos meses ha emergido el convencimiento de que puede haber modificaciones legales que den cobertura a los actuales proyectos lingüísticos de los centros y que eviten que todos tengan que pasar por la imposición de un porcentaje fijo.
Esta es la idea en la que se inscribe la iniciativa presentada el pasado jueves por PSC, ERC, Junts y comuns en el Parlament, aunque, tras impulsarla inicialmente, los de Carles Puigdemont renegaron de ella. Se trata de una modificación de la Ley de Política Lingüística de la Generalitat en la que, por primera vez, se reconoce legalmente también el castellano como lengua de uso en la enseñanza.
El texto incorpora matices, como el hecho de que el castellano debe estar supeditado a los “términos” que fijen los proyectos lingüísticos de los centros. Y añade más cuestiones. Una de las más destacadas es el apartado 3 del artículo 21. En origen, la ley decía que tanto el catalán como el castellano debían tener una presencia “adecuada” en los planes de estudio. Con la modificación, se entra al detalle de lo que significa “adecuada”. Ahora se dispone que, para determinar el peso de cada lengua, en sus enseñanzas y en su uso docente, debe tenerse en cuenta “la situación sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas”, entre otras cosas.
Este último es un argumento usado por el Govern y por los demás partidos que integran el acuerdo para justificar la imposibilidad de aplicar un porcentaje concreto de castellano. En pleno siglo XXI, alegan, el uso de las lenguas en el aula es mixto, y se puede buscar información en inglés, compartirla entre los alumnos en catalán y finalmente hacer la exposición en castellano, si así lo cree el centro.
Presencia de ambas lenguas sin porcentajes
La referencia a ese artículo 21 y el hecho de que por primera vez se recoja en una ley cómo debe equilibrarse el peso del catalán y el castellano no es baladí. Responde directamente a una de las sentencias clave del TSJC, la de 2013, que había utilizado el redactado original de la norma para interpretar que una presencia adecuada no podía ser menor al 25%. Otro argumento esgrimido por los jueces para hablar de ese porcentaje era la LOMCE, ley estatal que hablaba de una “proporción razonable” de las lenguas oficiales. Pero este concepto desapareció con la reforma de la norma educativa y su cambio por la actual LOMLOE, que lo que establece es que los alumnos tienen “derecho a recibir enseñanzas en castellano”. Como no se dice ni cuántas ni cómo, sino que se deja a criterio de las administraciones educativas, los firmantes del pacto creen que también se facilitaría aquí el encaje.
Por último, el acuerdo aspira a convencer a los jueces de que la modificación legislativa se adecúa a la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, de la que emanan las posteriores sentencias del 25%, y que consideraba inconstitucional que el castellano quedase reducido en la práctica a una lengua sin uso vehicular por parte del profesorado. Ahora ya no sería así, pese a que se discuta jurídicamente el 25%.
También es remarcable que estas modificaciones, tanto en lo que respecta a convertir el castellano en lengua de uso escolar como sobre el hecho de dar poco margen a fijar un porcentaje fijo para todos los alumnos, tengan un consenso reforzado en el Parlament y, quizás, también una mayoría en el Congreso. Con esta fotografía, PSC, ERC, Junts y comuns tratan de exhibir el fruto de una negociación política que busca hacer innecesaria la actuación judicial. Un consenso que, a su modo de ver, ni puede decirse que sea de parte –ambas han cedido–, ni es fácil de considerar fuera de los márgenes constitucionales fijados por la sentencia del Estatut.
Con todo ello, el departamento de Educación remitió este viernes al TSJC este plan para convencer a los magistrados de que se da cumplimiento a la sentencia pero sin porcentajes. A partir de aquí la pelota queda de nuevo en el tejado de los jueces del Alto Tribunal catalán, que pueden considerar que, pese al nuevo armazón legal, el mínimo del 25% de castellano sigue teniendo validez y debe ser aplicado. Sin duda las familias partidarias del bilingüismo así se lo exigirán desde este próximo lunes. Otra opción en cambio sería entender que las bases jurídicas han cambiado y aceptar la contrapropuesta del Ejecutivo y el Legislativo. O, incluso, reclamar una interpretación sobre la materia al Constitucional.
Además de la modificación de la Ley de Política Lingüística, Educación incluyó otros elementos en su escrito ante el TSJC para demostrar que está actuando y no está desobedenciendo su mandato. Entre ellos, que está redactando un decreto lingüístico que desarrolle la Ley de Educación, que previsiblemente avanzará en términos similares y que debería estar listo en el plazo de un año. También adujo que ha encargado un informe a la Universitat de Barcelona sobre la realidad sociolingüística de los centros y aportó otra encuesta, del Síndic de Greuges, que constata que en la práctica, y más allá de lo que digan leyes y programas, el castellano ya se usa en un 33% del tiempo escolar como vehicular.
Negociaciones: discretas y a muchas bandas
El acuerdo alcanzado lleva meses fraguándose y, más allá de los partidos, tiene un nombre propio que ha servido como pegamento entre las diferentes sensibilidades: el de la exconsellera de Educación de CiU Irene Rigau. El pasado mes de enero la expolítica participó en unas jornadas celebradas por la fundación del PSC donde se dieron cita representantes del mundo universitario, jurídico y editorial. A partir de ese momento, Rigau comenzó a ponerse en contacto con representantes de entidades como Òmnium y partidos. Finalmente, fueron las dos formaciones del Govern, el PSC y los comuns los que acabaron poniéndose de acuerdo, pero también hubo conversaciones previas con la CUP.
“Yo hacía días, desde la sentencia, que decía que se debía rehacer el consenso lingüístico en Catalunya y el PSC debía estar en él, esto es algo que compartíamos muchos”, explicaba este viernes Rigau en conversación con elDiario.es. Según su visión, este es un texto que puede no satisfacer al 100% a nadie, pero que es mejor que el 25% de castellano o que un modelo de escuelas segregadas por lengua. “Con esto se demuestra ante los tribunales una actividad y una voluntad que ellos decían que no teníamos”, añade.
Las negociaciones han sido discretas y a muchas bandas por lo que respecta a partidos, entidades y grupos interesados. En cambio, no ha habido apenas comunicación con las entidades del mundo educativo, comenzando por el mundo sindical, que ha mostrado distancia con el acuerdo alcanzado. La mayoritaria de la pública, Ustec, ya ha mostrado su rechazo y organizaciones de docentes como Rosa Sensat todavía no se han pronunciado.
Desde Educación llevaban tiempo estudiando diferentes ajustes jurídicos que pudieran pasar por el tamiz judicial sin llegar a una aplicación en sentido estricto de la cuota lingüística. No hay garantías de que esta reforma acabe funcionando, pero el Govern sí ha recibido señales de la Moncloa de que no ven con malos ojos esta vía y que, incluso, podrían llegar a apoyarla. En el escenario más optimista para el Govern, la cuestión podría acabar en el Constitucional y este pronunciarse en favor de la reforma, lo que dejaría fuera de juego el porcentaje fijo. Una opción con la que en el Palau de la Generalitat sueñan y por la que trabajan pero que ellos mismos reconocen que requiere algo más que una carambola y mucha suerte.