La jueza frenó los pinchazos telefónicos a la cúpula de los Bomberos al descartar mordidas en los contratos

Ni mordidas ni amaño de los contratos. A esa conclusión llegó la jueza de Barcelona, que empezó a investigar las irregularidades en las reparaciones de los vehículos de los Bomberos de la Generalitat externalizadas a la empresa Iturri tras escuchar las conversaciones telefónicas que mantuvieron durante un mes los imputados del caso.

La investigación por las facturas hinchadas en las reparaciones a los vehículos de los Bomberos catalanes arrancó tras una denuncia ante la Fiscalía del departamento de Interior bajo el anterior mandato del conseller Miquel Sàmper. En noviembre la jueza autorizó la intervención de las comunicaciones de cuatro de los seis cargos de los Bomberos investigados así como del delegado de Iturri en Catalunya, Eduardo D.

Tras treinta días con los teléfonos intervenidos, la jueza constató a finales de diciembre que las conversaciones entre los investigados permiten una “sólida corroboración” de las “irregularidades presupuestarias y contables” en la relación contractual entre la Generalitat e Iturri. Este era el primero de los tres objetivos de los pinchazos.

Sin embargo, las conversaciones entre los cargos de la dirección general de prevención y extinción de incendios y el responsable de Iturri en Catalunya no arrojaron luz sobre las otras dos metas de las intervenciones telefónicas: comprobar si la empresa pagó comisiones a algún funcionario o cargo político y si la Generalitat modificó los contratos de reparación de coches con el único objetivo de beneficiar a Iturri.

“En ninguna de las conversaciones intervenidas se deriva ningún indicio de que medie una posible compensación dineraria o de cualquier otra naturaleza por parte de Iturri en favor de los funcionarios implicados en las irregularidades que las justificara”, aseveró la jueza Míriam de Rosa, que en diciembre se encargaba provisionalmente del juzgado de instrucción 14 de Barcelona. Su nueva inquilina, la magistrada Julia Tortosa, se incorporó en enero y este lunes ya tomó declaración a los primeros testigos.

La primera en comparecer fue una testigo clave, la abogada de la conselleria de Interior que alertó del fraude, si bien admitió que no tenía constancia de que se hubieran pagado comisiones a la empresa Iturri a cambio de las reparaciones en los vehículos del cuerpo de Bomberos. Lo mismo declaró su superior, que fue quien pilotó la información reservada sobre las irregularidades que terminó en una denuncia ante la Fiscalía y después en la apertura de una causa judicial.

Tampoco advirtió la magistrada en las charlas ninguna intención de “manipular o intervenir” en las licitaciones de contratos para que Iturri fuera la adjudicataria de las reparaciones de vehículos. Y eso que recalcó que los pinchazos afectaron a cinco personas que conversaron “sin cautela ni limitación”. Los nuevos responsables de Interior, en manos de ERC, rescindieron el contrato con Iturri, que llevaba más de una década manteniendo los vehículos de Bomberos.

La jueza descartó la prórroga en las intervenciones telefónicas que le habían pedido los Mossos d'Esquadra, que tenía el visto bueno de la Fiscalía. La policía catalana además había solicitado extender los pinchazos a un directivo de Iturri de su central en Sevilla, pero la jueza remarcó que prorrogar los pinchazos supondría “una acción prospectiva y por lo tanto ilegal”.

Argumentó que como Iturri lleva más de una década obteniendo los contratos para reparar coches de Bomberos, deberían haberse producido “multitud de compensaciones a otra multitud de personas”. Que Iturri lleve tantos años pagando comisiones a funcionarios y altos cargos de distintos gobiernos es una situación “poco plausible”, según la magistrada, ya que requiere de “tal nivel de concierto y eficacia que necesariamente se hubiera revelado en alguna conversación”, algo que no pasó.

“La cosa quizás está mal hecha”

Que por ahora se descarten las comisiones y los amaños no quiere decir que la Justicia no vea delitos. La jueza mantiene abierta la causa por malversación, fraude a la administración, prevaricación y falsedad documental. Los investigados declararán entre este mes de febrero y abril. Además, envió dos conversaciones a los juzgados de Valencia y Pamplona para investigar si Iturri replicó en la Comunitat Valenciana y en Navarra las irregularidades cometidas en Catalunya.

En los pinchazos, la magistrada revela que los investigados “se imputan los unos a los otros el control de una situación presupuestaria y contable que se acepta como carente de legalidad, pero en ningún momento se advierte ningún inicio de ánimo de lucro o de beneficio personal”.

Gracias a las charlas entre dos de los investigados pertenecientes a los Bomberos con el delegado de Iturri en Catalunya y a la documentación que ya ha recabado, la jueza enmarca el caso: una gestión del dinero público “irregular y permanente en el tiempo” que supera la irregularidad administrativa.

En esencia, las irregularidades se centran en el hecho de que los contratos anuales entre la Generalitat e Iturri eran de una cuantía más baja de lo que en realidad costaban las reparaciones y el mantenimiento de los vehículos. El “agotamiento presupuestario”, detalla la jueza, no se subsanaba, sino que Iturri seguía prestando el servicio. En ejercicios posteriores, y en el marco de otro contrato, Iturri facturaba los servicios que había prestado pero no cobrado el año anterior, lo que exigía “alterar facturas y albaranes”, remarca.

“Cada año no se llega con el dinero”; “la cosa quizás está mal hecha”; “nos deberíamos haber puesto antes en estas historias”, son algunas de las expresiones que emplean los cargos investigados. Uno de ellos dice de otro imputado que “levantó la liebre” del fraude porque no autorizó una reparación al conocer que se había agotado el dinero del contrato con Iturri.

Esta inusual manera de cobrar y facturar a la Generalitat se ha ido repitiendo a lo largo de los años, si bien los investigados difieren en sus charlas sobre si es responsabilidad de la dirección general de prevención y extinción de incendios o el grupo Iturri. Ello no resta gravedad a las irregularidades. “Repetir una acción fraudulenta –sabiendo que no lo es– no legaliza la misma”, resuelve la jueza.