Junts ha dado por rotas las conversaciones que mantenía con el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona para flexibilizar la reserva del 30% de vivienda protegida. El presidente del grupo municipal del partido, Jordi Martí Galbis, ha anunciado que se levantan de la mesa y ha achacado la “principal responsabilidad” del descarrilamiento de las negociaciones al alcalde Jaume Collboni.
“El acuerdo no era imposible”, ha declarado Martí Galbis, que ha reconocido que las negociaciones se remontan a varios meses atrás. Una de los nudos de la conversación ha sido la rebaja del IBI que pedía Junts, del 4%. Según esta formación, Collboni se abrió a que fuera un máximo del 2% y a cambio también de aumentar la tasa turística. “En la útima reunión fuimos claros, les dijimos si estaban dispuestos a seguir flexibilizando su posición con la rebaja y nos dijeron que no querían ni podían avanzar más”, ha desvelado el edil de Junts.
Con este revés, Collboni se queda sin opciones para reformar la reserva del 30%, uno de sus principales compromisos en política de vivienda desde antes de acceder a la alcaldía. De hecho, su teniente de alcaldía Jordi Valls afirmó que si no conseguían un acuerdo antes de agosto, lo dejarían para el siguiente mandato, después de 2027.
La reforma de la obligación de destinar un 30% de las nuevas promociones a vivienda de protección se ha convertido así en una piedra en el zapato para Collboni. El alcalde socialista se comprometió a conseguir los apoyos suficientes para modificar esta normativa, pero hasta ahora lo ha conseguido. Los Comuns se oponen tajantemente a revisar la medida que ellos aprobaron en 2018, las conversaciones con ERC quedaron estancadas hace meses y ahora ha sido Junts quien se ha levantado de la mesa.
Aprobada en 2018 por el gobierno de Ada Colau, la conocida como ‘reserva del 30%’ es una medida que obliga a las promociones privadas de vivienda y a las grandes rehabilitaciones de fincas a destinar un tercio de los nuevos pisos a protección oficial. Sin embargo, ha dejado una balance de vivienda protegida creada muy inferior a la que se esperaba, con 165 nuevos hogares, algo que sus impulsores atribuyen a la moratoria inicial y a la falta de inspectores para detectar infracciones.
Con todo, Collboni se propuso suavizar las exigencias de la norma con el objetivo de aumentar la creación de pisos protegidos. Su propuesta pasa por introducir algunos cambios. Uno de ellos que las grandes rehabilitaciones afectadas por la obligación sean las de más de 1.500 m2 (y no las de más de 600 m2, como hasta ahora). El otro gran retoque es que los promotores puedan trasladar ese 30% de VPO de la finca en construcción a otros equivalentes y de su propiedad en el mismo barrio o en los limítrofes o mediante permutas con el Ayuntamiento para hacerlo en suelo municipal.