Los Mossos expulsan a cuatro familias más del macrodesalojo de 58 pisos públicos en la Mina

Los Mossos d'Esquadra han ejecutado cuatro desalojos más en los bloques de la Rambla, en la Mina, en el marco del macrodesalojo de 58 pisos públicos. La operación de este lunes se suma a la expulsión de tres familias el jueves pasado. Aunque de estas, dos han vuelto a ocupar sus hogares a pesar de los dispositivos policiales que se asentaron en el barrio para evitarlo.

.Las viviendas, conocidas como los Bloques de la Rambla, son pisos públicos que cayeron en el olvido de las administraciones y que llevan ocupadas 10 años, pero que ahora el Consorcio de La Mina quiere recuperar para destinarlos a vecinos realojados del bloque Venus, que en principio debería ser derribado en 2028 como parte fundamental de la transformar urbanística el barrio.

Samira, una de las vecinas que fue expulsada el jueves y que ha regresado a su casa. Explica que la “desesperación” les lleva a volver a ocupar y alertan de que harán lo mismo con los desalojos que vendrán. “Vamos a por todas. Cada día que nos expulsen, volveremos a abrir los pisos al día siguiente”, sostiene.

Antonio, por su parte, es uno de los que ha sido desalojados este lunes. El viernes le reconocieron la situación de vulnerabilidad, pero no ha llegado a tiempo para pedir un aplazamiento. Las trabas burocráticas, aseguran los vecinos, no hace más que subir “la tensión” que se vive en el barrio, aunque muchos ya han asumido que se ha iniciado un “bucle” de desalojos y ocupaciones que, dicen, no acabará pronto.

Desde el Sindicat de l'Habitatge entienden que la “frustración” lleva a los vecinos a “luchar” por la que consideran su casa, pese a ser conscientes de que incurren en un delito. Marta López, portavoz, lamenta que se esté dando una “solución policial a un problema social” y alerta de las consecuencias de orden público que esto puede acarrear a un barrio como la Mina, ya con problemas estructurales de este tipo.

Aparte de los cuatro pisos de este lunes y de los tres del pasado jueves, están previstos más desalojos el 25 y 29 de junio, y el 3 y 13 de julio. Desde el inicio del conflicto, el Consorcio de la Mina ha asegurado que en la mayoría de casos no se trata de familias vulnerables a las que poder ofrecer una alternativa: “No son casos en seguimiento”. Quienes sí lo sean, se ha insistido, recibirán la respuesta adecuada de acuerdo con los protocolos establecidos.

Pero la verdad es que diversas de las familias expulsadas tienen menores a cargo y carecen de alternativa habitacional. También denuncian que desde hace años las familias reclaman regularizar su situación y acceder a contratos de alquiler adaptados a su renta. “Exigimos que se estudien los casos familia por familia para garantizar una solución real”, reclaman.

El colectivo defiende que existen “alternativas” viables, como la movilización de viviendas vacías, la ampliación del parque público o, directamente, la regularización de la situación de las familias de los bloques: “No faltan herramientas, sino voluntad política”.