Durante las últimas semanas, además de tratar el tema directamente desde la consejería técnica de Ciutat Vella, he tenido la oportunidad de hablar con varias personas sobre la polémica con la venta ambulante informal en las calles de la ciudad, el llamado “top manta”. Me han preguntado cómo se vivía el tema desde dentro de la gestión del distrito de Ciutat Vella, y después de darles alguna explicación me han sacado a colación un aspecto que no se me había pasado por la cabeza: la imagen. “¿Qué imagen de Barcelona estamos dando con tantos manteros en el puerto y las ramblas? ¡No sé qué pensarán los que llegan en crucero!”, se lamentan.
La imagen. Y mirad que yo, a pesar de haber estado inmerso en este asunto las últimas semanas en múltiples reuniones y encuentros –algunas con vendedores ambulantes sentados alrededor de la misma mesa– no había pensado en la imagen. Entiendo que se refieren a la sensación visual de caos, de suciedad, de desorden, de desgobierno, de impunidad, de inseguridad que sienten cuando están cerca de una concentración de personas que buscan ganarse la vida extendiendo unas sábanas en el suelo. Quizás 10 los podrían soportar, pero 40, 50 o 60... supera los límites de lo visualmente aceptable.
Y esta es la clave: ¿cuál es la imagen que quiere proyectar Barcelona en el mundo? ¿La imagen de una ciudad cuidadosamente cuadriculada como el impoluto Eixample de Cerdà o la de un entramado de calles retorcidas y espontáneas, fruto de la vida popular, como la que encontramos murallas adentro o en los antiguos pueblos de la plana de Barcelona? La de una ciudad hipernormativitzada que ataca las maneras informales de usar el espacio público o la que es capaz de admitir sus contradicciones y afronta estos usos informales con toda la complejidad social, cultural y administrativa, asumiendo como un reto que tiene mucho más que ver con las libertades y la democracia que con la imagen.
Indudablemente, yo opto por esta segunda opción. Y la acción del gobierno de la ciudad ha sido por primera vez –insisto: ¡por primera vez en décadas!– enfocada partiendo de un diagnóstico que comparto y que se sustenta en varias ideas-fuerza: el fenómeno de la venta ambulante no es un problema sino una realidad consecuencia de una injusta ley de extranjería, así como de varias leyes discriminatorias (estatales, nacionales y, también, municipales), y de la situación de vulnerabilidad social y económica de las comunidades migrantes. A la hora de dar respuesta hay, pues, que partir de un enfoque integral, eminentemente social y sin la mirada puesta en el corto plazo ni en la maldita imagen.
Por estos motivos, desde mediados de julio varias personas del gobierno de Barcelona buscaron referentes de la comunidad de la venta ambulante para comenzar un diálogo en busca de soluciones. Nos hemos sentado con los vendedores (que a menudo no han podido venir a las reuniones porque perdían horas de trabajo y, por tanto, de ingresos) y hemos ido a sus casas; con los movimientos de apoyo y con la guardia urbana en mesas diferentes y en la misma mesa, lo que provocó algún tuit racista de miembros del partido que gobernó la pasada legislatura. Hemos hablado con los grupos municipales del amplio y difuso espectro de la izquierda, y hemos implantado una mesa técnica que, primero desde Ciutat Vella y ahora desde la Tenencia de Derechos Sociales, aglutina servicios sociales, economía cooperativa y Barcelona Activa para dar respuesta efectiva y real a la situación de vulnerabilidad del colectivo de la venta ambulante. Respuestas integrales trabajadas con las personas afectadas y teniendo en cuenta sus necesidades. Sin querer transmitir el énfasis que podría contener la siguiente afirmación: estamos haciendo lo que nunca antes se había hecho, estamos construyendo.
Muchos encuentros y llamadas después, acuerdos y desacuerdos, tensiones y consensos... se puede acusar al gobierno de no haber estado a la altura en las políticas a pie de calle, de haber reaccionado equivocadamente ante evidentes presiones de la derecha mediática y política (¡que difícil separarlas!), de no saber dar respuesta a enrarecidos equilibrios internos... pero de ninguna manera se le puede acusar de haber claudicado frente el racismo, de haber utilizado el conflicto por sacar réditos políticos (como se quiere hacer más allá de la izquierda), de haber renunciado al diálogo efectivo ni de haber utilizado la violencia como recurso.
Debemos ser conscientes de que hablamos de un colectivo de unas 150 personas que, con la venta ambulante, colaboran en la economía de sus familias, aquí y mar adentro. Son estos a quien la irresponsabilidad de algunos medios primero, la voluntad de tratar su realidad de manera integral de la administración, y el oportunismo político de otros ha situado en el centro de la disputa por las hegemonías de la ciudad. Un colectivo en situación de vulnerabilidad que no merece ser el centro de ningún foco. Que estar en él les molesta y les perjudica. Y que, de hecho, no debería ser así, justamente por su relativa indefensión ante una sociedad que cuando quiere los esconde, los reprime o los victimiza. Y también debemos ser conscientes de que son una comunidad más o menos cohesionada a la que, por primera vez, la administración municipal ha querido escuchar sin intermediarios. Y lo ha hecho. Un grupo de personas que han decidido organizarse autónomamente, y por tanto, también responsable de todas sus acciones.
Sin duda se han cometido errores, y seguramente los primeros la administración. Ojalá sepamos redirigir la situación y responder a las necesidades del colectivo con propuestas novedosas que puedan servir para abordar otras situaciones similares con otras comunidades. Se está trabajando duro.
No. Tratar la venta ambulante informal en Barcelona no es una cuestión de imagen, es una cuestión de derechos humanos, y de ahí su complejidad. O bien, puede que sí es una cuestión de imagen: si conseguimos encontrar soluciones que satisfagan los vendedores y su gente, Barcelona será vista por todo el mundo como una ciudad donde los derechos de las personas están por encima del resto de derechos y donde la lucha contra las desigualdades es el motor de las acciones de gobierno.
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