El Parlament se prepara para una investidura de Salvador Illa esta misma semana con la incógnita de Puigdemont

Dejar president investido y nuevo Govern en posesión antes del puente de agosto y utilizar la última quincena estival como separador, antes de reemprender la actividad política de un ciclo completamente nuevo en Catalunya. Este es el plan al que aspiran la mayoría de diputados catalanes, después de que Salvador Illa haya ido derribando, uno tras otro, todos los escollos en su camino hacia a la presidencia de la Generalitat. Atados los 20 votos de ERC –a falta aún de la confirmación de las juventudes– y los seis de los Comuns, lo único que quedaría es celebrar el debate.

Aunque la decisión final sobre la fecha la tomará la Diputación Permanente el próximo miércoles, el Parlament ya ha activado su maquinaria logística para que se celebre esta misma semana, con la mirada puesta en el jueves como fecha más probable y, con toda seguridad, dentro de los próximos 10 días.

Institucionalmente, el debate de investidura no tiene ninguna dificultad para ser fijado y celebrado. Pero los partidos son conscientes de que, a nivel político, no estará exento de interferencias.

La principal de ellas es el retorno de Carles Puigdemont a Catalunya, con todo el simbolismo que eso puede tener y el reflejo en la calle. El expresident agitó primero la idea de su vuelta como un reclamo de campaña pero, ahora que sus opciones de volver como president se han quedado en nada, ha confirmado que volverá para la investidura de Illa.

En una larga carta hecha pública el pasado sábado, Puigdemont daba por hecho que retornaría a Catalunya, también que sería detenido e incluso dejaba entrever la opción de acabar en prisión. De todo ello culpaba a la decisión de ERC de investir a Illa, una decisión que, aseguraba, le forzaba a retornar y, también, a exponerse a una eventual detención.

Más allá de sus intenciones declaradas, esta podría ser la última oportunidad de recuperar el protagonismo perdido en la política catalana, a las puertas de una legislatura con el PSC en el Govern y el independentismo en minoría. Y, además, la detención de Puigdemont genera preguntas aún sin respuesta: ¿Continuaría adelante el pleno mientras Puigdemont está detenido? ¿El expresident podría delegar el voto? ¿Cómo actuaría ante un escenario así Junts que, recordemos, tiene la presidencia de la Cámara?

Todas estas situaciones imprevistas son, precisamente, lo que la coalición forjada en torno a la investidura de Salvador Illa, es decir, los 42 diputados del PSC, los 20 de ERC y los seis de los Comuns, desean evitar. Y, por ello, no se descartan giros de guion de última hora en los planes de la investidura. “Tomaremos decisiones cuando tengamos certezas sobre todas las derivadas”, resuelve, críptica, una voz republicana.

Un pleno fijado por la Diputación Permanente

Se da la circunstancia de que la presente semana estival y la siguiente son uno de los pocos periodos en los que la decisión sobre la convocatoria del pleno no recae de forma discrecional en el presidente de la Cámara, ahora Josep Rull, sino en la Diputación Permanente, donde PSC, ERC y Comuns tienen mayoría.

Con todo, el papel del presidente del Parlament no será menor. La previsión es que este mismo martes celebre la preceptiva ronda de consultas con los grupos. Rull quería hacerla el lunes, después de que Illa le trasladase oficialmente este fin de semana que cuenta con los apoyos suficientes, pero finalmente la ha aplazado un día por cuestiones de agenda de los diputados. El mismo martes por la tarde Illa resultará propuesto como candidato por el presidente y el miércoles se celebrará la Diputación Permanente.

A partir de aquí, será la mayoría fraguada en torno a la investidura la que deberá decidir si quiere correr más o menos. En condiciones normales, nada impediría convocar el debate para el jueves, día 8 de agosto. Pero los diputados miran de reojo los pasos que pueda dar Puigdemont y nadie descarta que puedan acabar dándose más tiempo. Como tampoco sería impensable que, tras una detención de un diputado, se optase por suspender el pleno. Una decisión que sería incontrovertida si hubiese mayoría favorable, pero que hay muchas dudas de que el presidente pueda tomar de forma personal.

Otra opción sobre la que se ha especulado en los últimos días es que, en caso de una detención de Puigdemont en la misma jornada del pleno, este siga adelante pero algunos diputados sujetos al acuerdo entre las formaciones opten por ausentarse o por no votar aún la investidura. Si esto ocurriera, el pleno debería volver a celebrarse al cabo de dos días, esto es, el sábado, cuando Illa sí alcanzaría la mayoría suficiente.

ERC no quiere una calle incendiada

Son los republicanos los que han mostrado más temor a una investidura que se celebre con una calle incendiada. Una cosa es un movimiento independentista enfadado con la decisión de los republicanos, algo que la dirección que comanda Marta Rovira entiende, y otra muy diferente que haya movimientos que, espoleados por el retorno y posible detención de Carles Puigdemont, quieran tratar de evitar físicamente el debate en el Parlament por considerar ilegítima la mayoría de las pasadas elecciones.

Esta opción no solo es una preocupación en ERC sino en diferentes ámbitos del movimiento independentista, que en las últimas horas se han movido para tratar de evitar cualquier imagen que recuerde, ni siquiera lejanamente, a los asaltos al legislativo que han protagonizado movimientos de extrema derecha en Estados Unidos o Brasil.

En este contexto, la ANC y los CDR habían convocado inicialmente una protesta para el próximo lunes en Barcelona, a las puertas del parque de la Ciutadella, donde se emplaza la sede del legislativo catalán. Pero finalmente la protesta fue desconvocada, primero por la ANC y finalmente también por los CDR. No se descarta que pueda haber otras llamadas a salir a la calle en fechas más cercanas a la investidura.