El policía de Barcelona que mató de un tiro a la perra Sota y su dueño cierran el caso gracias a la mediación
Casi ocho años después, el caso de la muerte de la perra Sota se ha cerrado gracias a la mediación. El agente de la Guàrdia Urbana de Barcelona que disparó mortalmente al animal y su dueño, un hombre sin hogar, han llegado a un acuerdo que archiva la causa penal.
Los hechos se remontan al año 2018. El agente y el dueño del animal, Tauri Ruusalu, mantenían versiones opuestas sobre el incidente que terminó con la perra Sota tiroteada. El caso es un ejemplo de que hay causas penales en las que un juicio no soluciona nada: el hombre sin hogar se enfrentaba a una acusación por atentado a la autoridad, mientras que el agente podía terminar condenado por maltrato animal.
A iniciativa de sus letradas (Paz Vallès, del guardia urbano, e Inés Guardiola, del sintecho), ambos vencieron sus reticencias iniciales y participaron en un proceso de mediación y justicia restaurativa, un camino que va abriéndose en España para resolver conflictos pese a la tradicional apuesta por la litigación.
En un auto, adelantado por El Periódico y El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez archiva al caso tras constatar que ambas partes, tras participar en un proceso de mediación, “manifestaron su deseo de dejar atrás la situación vivida y no reclamarse nada el uno al otro”.
Ambas letradas expresan su satisfacción por el acuerdo alcanzado. “Ir a juicio no resolvía nada y la solución ha sido satisfactoria”, constata Guardiola. “Este acuerdo demuestra que la justicia restaurativa funciona cuando las partes y sus abogadas creen en ella y trabajan para reparar el conflicto, no solo para ganar un juicio”, valora Vallès.
El acuerdo se ha alcanzado tras varias reuniones entre los dos hombres con un mediador del servicio de justicia restaurativa de la Generalitat. Se han analizado los hechos y se ha logrado la responsabilización, reflexión y reparación de ambas partes, que han concluido que el conflicto que dio origen a las actuaciones ha quedado definitivamente resuelto.
El caso desató una oleada de protestas animalistas, y obligó al Ayuntamiento de Ada Colau a establecer nuevos protocolos para los agentes de la Urbana en el trato con animales.
Pese al éxito restaurativo y al acuerdo entre los afectados, las distintas asociaciones animalistas que ejercen la acusación popular y que alegan defender los intereses de la perra muerta podrían recurrir el archivo del caso y reclamar que vaya a juicio.