El juez archiva la causa contra el conseller de Interior por ceder locales públicos para el 1-O
El juez ha archivado la causa contra el conseller de Interior, Miquel Buch, por la presunta cesión de locales públicos para el 1-O que habría realizado en su etapa como alcalde de Premià de Mar (Barcelona). Al contrario de lo que sospechaba la Fiscalía, el magistrado concluye que tras la investigación “no consta resolución, oficio o acto administrativo” de Buch en el que desde la alcaldía “hiciese referencia a la utilización de los tres locales de titularidad municipal en los que se desarrolló el referéndum ilegal del 1 de octubre”.
En un auto, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Jordi Seguí concluye, en línea con la defensa de Buch, que el entonces alcalde de Premià no impulsó la votación después de recibir el 12 de septiembre el auto del Constitucional que suspendía la votación.
Pese a que cinco días antes sí firmó un decreto de alcaldía de apoyo a la Generalitat para celebrar el referéndum, el juez indica que una vez recibido el aviso del Constitucional para no impulsar la votación suspendida Buch no cedió ningún local municipal para celebrarla.
En suma, agrega el juez, no existen indicios de que Buch interviniera en la preparación del referéndum ni mediante ningún acto administrativo para ceder locales “ni en forma de meras vías de hecho, como por ejemplo indicaciones a empleados municipales, singularmente policías locales”.
Cabe recordar que la causa contra Buch y la exalcaldesa de Vilanova y la Geltrú Neus Lloveras ya se había archivado el pasado mes de enero, pero que la Sala civil y penal del TSJC ordenó al magistrado reabrirla para centrar las pesquisas en la posible cesión de locales públicos para la votación. En base a este posible uso de equipamientos públicos la Fiscalía abrió diligencias para investigar a 700 alcaldes catalanes que apoyaron el referéndum.
Tras las pesquisas, solo se han podido obtener indicios sólidos –que han derivado en querellas en los juzgados– contra menos de diez alcaldes. Del resto, bien no dejaron rastro documental que permitiera concluir que cedieron locales municipales, bien directamente paralizaron cualquier trámite para colaborar con el 1-O después de que el Constitucional suspendiera la votación.
