Los cinco argumentos de la oposición contra la actuación del Parlament

Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PP se han quejado airadamente durante el pleno de este miércoles por lo que consideran una violación de sus derechos como diputados. El pleno del Parlament ha votado, a petición de JxSí y la CUP, la alteración del orden del día para introducir la votación de la ley del referéndum y, también, la exención de los trámites parlamentarios de esa ley, por la vía del artículo 81.3 del reglamento del Parlament.

La oposición considera que ambas votaciones están fuera de cualquier procedimiento, sobre todo la segunda, al entender que la supresión de trámites parlamentarios violan sus derechos como diputados. Estos cinco son los principales argumentos de los cuatro grupos de la oposición. 

1- Poco tiempo para enmiendas

La proposición de ley del referéndum se ha admitido a trámite en la reunión de la Mesa de las 9.00 y ha entrado en el orden del día pasadas las 13.00. La presidenta del Parlament ha dado dos horas desde ese momento para la presentación de enmiendas, lo que a su entender cumpliría con el criterio del Consejo de Garantías de dar oportunidad de enmienda a la oposición (después, Carme Forcadell dictó que el plazo acababa a las 15.30, y luego se amplió media hora más).

Los diputados de la oposición consideran que es un tiempo muy escaso para hacerlo y que este estrecho margen vulnera sus derechos de participación. Señalan que la ley se ha publicado de forma oficial en torno al mediodía, por lo que no han podido estudiar su texto.

2- No concreción del formato del debate

Varios grupos de la oposición han señalado que el uso del artículo 81.3 del reglamento por parte de la mayoría parlamentaria altera el formato del debate ordinario. Por ello han reclamado que se les explique el nuevo criterio de ordenación, por ejemplo si se permiten enmiendas a la totalidad o no. 

Entre quienes han señalado esta cuestión ha estado el portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, quien ha reclamado a la presidenta disponer de los nuevos criterios por escrito. La presidenta se ha negado a entregárselos con el argumento de que ya se habían enumerado los trámites suprimidos de forma oral.

3- Publicación no hecha por funcionarios

Para garantizar que el texto de la ley se publicara en el boletín oficial del Parlament sin poner en peligro a ningún funcionario, finalmente han sido cuatro diputados de Junts pel Sí y la CUP los que lo han publicado. Este hecho ha levantado la queja de los diputados, quienes denuncian que la publicación por esta vía es contraría a derecho. La presidenta del Parlament, en cambio, ha asegurado que el reglamento de la Cámara prevé la publicación del texto de la ley, pero no dispone que deba hacerlo un funcionario.

4- Advertencia de los letrados

El secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, han elevado un informe a la Mesa recordando que Forcadell y el resto de miembros de la Mesa tienen la obligación de “impedir o paralizar” cualquier iniciativa en relación al referéndum o a la independencia de Catalunya, tal y como el Tribunal Constitucional ha ordenado en sus sentencias y autos.

Por ello, los letrados recuerdan que el debate de la ley del referéndum sería entendida como un desarrollo de resoluciones ya suspendidas por el Constitucional, lo que podría ser constitutivo de un delito de desobediencia. La oposición sostiene que este es motivo suficiente para que la Mesa reconsidere el debate y la admisión a trámite de la ley.  

5- No permitir petición de dictamen al Consejo de Garantías

Entre los argumentos esgrimidos por todos los grupos de la oposición, la imposibilidad de reclamar un dictamen al Consejo de Garantías es el que más ha airado a los diputados. El trámite de elaboración de un dictamen sobre la adecuación del texto legal al Estatut y la Constitución es uno de los derechos consagrados por el Estatut de Catalunya.

Además el Consejo de Garantías ya se pronunció sobre las posibilidades que daba el uso del 81.3, interpretando que no permitía suprimir ni la presentación de enmiendas ni el derecho de los diputados a pedir un dictamen de Garantías. Este es el argumento central con el que PSC ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión.