Buch alega ante el juez que envió correos sobre el 1-O a los alcaldes para “escenificar” el apoyo al referéndum
El conseller de Interior, Miquel Buch, y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, han alegado este martes ante el juez que las entidades municipalistas que presidían el año pasado enviaron correos a los ayuntamientos sobre el 1-O para “escenificar” el apoyo “político” de los entes locales al referéndum.
Buch y Lloveras han declarado este martes como imputados por desobediencia ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Jordi Seguí por promover el referéndum el año pasado entre los alcaldes cuando presidían la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Lo han hecho arropados por varios consellers del Govern, el propio president Quim Torra, así como diversos diputados independentistas.
Al estar imputados tan solo por desobediencia, Buch y Lloveras se expondrían a una pena de inhabilitación en caso de que la investigación llegue a juicio. Los indicios contra ambos dirigentes se basan en los correos que enviaron el pasado 6 de septiembre a los alcaldes asociados a la AMI y a la ACM, donde se adjuntaban instrucciones para que los municipios confirmaran a la Generalitat la disponibilidad de los locales para votar el 1-O, así como un modelo de decreto de alcaldía para mostrar su apoyo político a la votación. Y en otro correo seis días después, remitieron a los alcaldes el modelo de carteles de fomento de la participación y, en el caso de la AMI, de defensa del voto afirmativo.
Según fuentes presentes en la declaración, Buch y Lloveras han indicado que los correos se enviaron para “escenificar” el apoyo “político” de los municipios a la Generalitat por el 1-O. Es decir, que los correos no eran en ningún caso órdenes para los más de 700 ayuntamientos asociados a ambas entidades, sino que eran propuestas políticas de apoyo al referéndum sobre cómo proceder durante la campaña y la votación.
Asimismo, han explicado que el Tribunal Constitucional no les advirtió personalmente de su obligación de impedir el referéndum, tal y como sí hizo a los miembros del Govern y la Mesa del Parlament.
Han recordado además que los correos los enviaron la ACM y la AMI, dos entidades privadas, por lo que es improcedente investigarlos por desobediencia al Constitucional desde su cargo público de diputados de JxSí que ocupaban la pasada legislatura. Y han añadido que respetaron “la autonomía” de los ayuntamientos asociados a la ACM que declinaron colaborar con el referéndum. Por todo ello, su abogada, Judit Gené, pedirá el archivo de la causa.
La causa contra ambos exlíderes de las entidades de alcaldes independentistas arrancó en septiembre del año pasado, cuando tras la aprobación de la ley del referéndum la Fiscalía Superior de Catalunya presentó ante el TSJC sendas querellas contra Buch y Lloveras, así como contra el Govern de Carles Puigdemont y Carme Forcadell y los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament.
El mismo mes de septiembre, el TSJC admitió a trámite la querella contra Buch y Lloveras por un delito de desobediencia, descartando los de malversación y prevaricación de que también los acusaba la Fiscalía. Cuando el Supremo asumió en noviembre la causa por rebelión contra los líderes independentistas, el TSJC le remitió la investigación sobre Buch y Lloveras, para evitar “resoluciones contradictorias” y posibilitar “la investigación y enjuiciamiento conjunto” del caso relativo al “procés”.
Sin embargo, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, el juez Pablo Llarena rechazó incluir en su causa por rebelión las diligencias contra Buch y Lloveras y las devolvió al TSJC. De hecho, el juez Llarena exculpó a Lloveras de la macrocausa del 'procés' el pasado mes de marzo tras interrogarla como investigada.
