La defensa de Sergio Blasco, exgerente del Hospital Provincial de Valencia, ha alegado que se sienta en el banquillo por meras sospechas nacidas de su relación de parentesco con el exconseller del PP Rafael Blasco, condenado por el saqueo de las ayudas a la cooperación valenciana. El juicio a la presunta trama de saqueo de adjudicaciones de la sanidad pública valenciana durante la era del Gobierno de Francisco Camps ha arrancado este martes ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia con la sesión de cuestiones previas expuestas por las defensas.
El letrado de Sergio Blasco ha pedido la nulidad del auto de incoación de diligencias previas dictado en 2014 tras una denuncia inicial de Marina Albiol, entonces diputada autonómica de Esquerra Unida, y una querella posterior de la Fiscalía Anticorrupción. La defensa del exgerente del Hospital Provincial, acusado de liderar una presunta trama de saqueo de adjudicaciones públicas mediante una supuesta red de empresas interpuestas conectadas con varios de sus familiares, considera que no existe “indicio alguno” de conducta delictiva.
Se trataría, a juicio del abogado, de una investigación con “carácter prospectivo” (una mera “fishing expedition” o expedición de pesca de indicios). La defensa ha pedido la nulidad de las actuaciones y ha tildado de prospectivas las “múltiples diligencias” practicadas en el marco de la instrucción.
El letrado ha pedido al tribunal que se exima a Sergio Blasco de asistir a todas las sesiones del juicio y ha esgrimido su actual condición de director de un hospital en República Dominicana, además de otros compromisos docentes.
“Son familia y punto”
Por otro lado, la defensa del empresario Miguel Sanfélix ha dicho que el “solo vínculo en común” de la presunta trama es la “relación de familiaridad” de varios acusados con el exconseller Rafael Blasco. “Solo por eso pasan a ser sospechosos”, ha afirmado.
“No hay nada en el relato de hechos que tenga ni tan siquiera visos de hechos delictivos, son familia y punto”, ha manifestado el letrado.
Las denunciantes iniciales y la querella de Anticorrupción, ha agregado, planteaban “meras sospechas”, ha destacado.