La Fiscalía desmonta el “juego sucio” en San Fulgencio: el PP bloqueó la moción de censura de forma “arbitraria”

El Ministerio Fiscal ha asestado un golpe de legitimidad a la estrategia jurídica del equipo de gobierno del PP en San Fulgencio para evitar la moción de censura que descabalgue de la alcaldía a José María Ballester. En un contundente informe, la Fiscalía de Área de Elche/Elx-Orihuela se ha opuesto al recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento, calificando la decisión de impedir la votación de la moción de censura como “totalmente arbitraria” y carente de cualquier fundamento legal.

Según el fiscal, el consistorio ha utilizado interpretaciones forzadas de la ley para bloquear la voluntad de la mayoría plenaria, vulnerando de forma directa el derecho fundamental a la participación política.

Un recurso “carente de lógica jurídica”

El escrito de la Fiscalía desmonta punto por punto la defensa del alcalde popular, señalando que su recurso “carece de la más mínima lógica jurídica” al intentar mezclar de manera confusa diferentes leyes administrativas para invalidar la moción. El fiscal subraya que la moción de censura, presentada originalmente el 18 de junio de 2025, cumplía escrupulosamente con todos los requisitos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En este sentido, el Ministerio Público advierte que la apelación actual tiene “fines únicamente dilatorios”, constituyendo una maniobra de “juego sucio” destinada a “perpetuar” a un equipo municipal y a un alcalde que no cuentan con el respaldo legal necesario para seguir en el cargo.

En su argumentación técnica, la Fiscalía critica duramente el intento del Ayuntamiento de supeditar la validez de la moción al artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, que regula el estatuto de los concejales, calificando esta maniobra como una “llamativa omisión” de la verdadera jerarquía normativa. El informe aclara que no existe ninguna remisión legal que permita convertir dicho precepto en un presupuesto previo para la aplicación del artículo 197 de la LOREG, que es la norma soberana en materia electoral. Al tratar de imponer requisitos inexistentes en la ley orgánica, el consistorio incurrió en una interpretación sesgada que el fiscal tilda de improcedente en el marco de nuestra arquitectura jurídica actual.

Asimismo, el Ministerio Fiscal pone en evidencia la debilidad de la base documental presentada por el equipo de gobierno de San Fulgencio, al señalar que se ha utilizado una “confusa mezcla” de dictámenes consultivos y párrafos extraídos de sentencias totalmente desfasadas. El fiscal advierte que el Ayuntamiento ha llegado a citar jurisprudencia de los años 1982 y 1984, la cual es anterior a la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 y, por tanto, inaplicable a la regulación de las mociones de censura vigentes. Este uso de precedentes obsoletos refuerza, a ojos de la Fiscalía, la tesis de que el recurso no busca una defensa legítima de la legalidad, sino simplemente obstaculizar el funcionamiento democrático del pleno.

Ofensiva del PSPV por una “vía exprés”

Este demoledor informe judicial coincide con la ofensiva política lanzada este mismo lunes por el PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes. Los socialistas han utilizado el caso de San Fulgencio, junto al de l’Alqueria d’Asnar, para exigir al Consell de Pérez Llorca una normativa que permita aplicar una “vía exprés” para apartar de forma inmediata a alcaldes que bloqueen ilegalmente mociones de censura. El grupo socialista ha denunciado que la Generalitat no puede permanecer impasible ante lo que consideran un secuestro de la democracia local, especialmente cuando la propia Fiscalía ha señalado que el Ayuntamiento actuó de forma arbitraria para evitar el debate y la votación en el pleno municipal.

La Fiscalía exige ahora que se confirme la sentencia que obliga a tramitar la moción a la mayor brevedad posible para restablecer la legalidad democrática. Los socialistas, por su parte, han advertido que el “juego sucio” detectado en San Fulgencio pone de manifiesto la necesidad de que la Generalitat active sus herramientas de control e impugnación para garantizar que las mayorías legítimas puedan expresarse conforme a derecho, impidiendo que el uso abusivo de recursos legales siga bloqueando la renovación de los gobiernos locales.