Con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de València a pie de calle, la concejalía de Vivienda dirigida por María Oliver (València en Comú) ha reaccionado para frenar un drama que vuelve a situarse en el foco público. Para evitar desahucios como el acontecido hace unas semanas en el barrio de Natzaret, el departamento de Vivienda ha creado ayudas sociales destinadas a cubrir casi la mitad del alquiler de aquellas personas con pocos recursos o en situación de precariedad económica. Según fuentes municipales, la articulación de estas ayudas han sido acordadas con la PAH València.
Estas cubrirán el 40% de todos aquellos alquileres que no superen los 450 euros y que no sobrepasen el umbral del indicador público de renta de efectos múltiples en el caso de una persona adulta. Por cada persona mayor de 14 años se multiplica ese límite por 0,5 y por cada menos de 14 años por 0,3. La cantidad máxima a recibir por cada solicitante será de 2.100 euros. La consignación presupuestaria de estas ayudas -que provocaron el primer amago de crisis del gobierno local al pedir València en Comú más dinero para vivienda social- es de 1.200.000 euros.
Para garantizar que estos subsidios vayan destinados a las capas más desfavorecidas, habrá limitaciones para acceder a ellas. Que no tengan otra residencia en el país; que el alquiler no sea con una persona con lazo familiar; o que sea residente en España son las más destacadas. El plazo para acogerse a estas ayudas será de dos meses una vez se hayan publicado oficialmente. Una vez recibidas las solicitudes, una comisión integrada por varios técnicos de la concejalía de Vivienda y de Servicios Sociales determinará en cuatro meses qué personas se benefician de este pago destinado a evitar que por el impago del alquiler familias se queden sin casa. Los pagos serán anuales y con efecto retroactivo.
La comisión evaluadora tendrá varios aspectos en cuenta para conceder estas ayudas. Que la persona sea mayor de 65 años; que haya perdido su casa en un desahucio; que cuenten con un miembro de la familia con una discapacidad mayor de 65 años; que sea víctima de maltrato o de terrorismo; que personas de entre 18 a 35 años tengan familiares a su cargo; o que estén pagando un alquiler en la vivienda que el banco les había quitado, son algunos de estos factores que junto con los económicos.
“Se trata de una apuesta de València en Comú para poder dar vivienda social y evitar posibles desahucios”, ha afirmado a eldiario.es Oliver, que ha recalcado que “es la primera vez que se adoptan medidas como estas en el Ayuntamiento de Valencia”. València en Común marca perfil propio ante sus socios en el gobierno local de Compromís y PSPV-PSOE.