El Ayuntamiento de València ha recibido el informe técnico del lingüista y académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) Abelard Saragossà, que respalda la sustitución del nombre oficial del municipio, “València”, por una versión bilingüe que adopta la forma “Valéncia” con acento cerrado en valenciano. Este estudio se presenta como sustento del nuevo intento de modificación del topónimo, impulsado por el actual equipo de gobierno, y que también es una de las exigencias de la extrema derecha de Vox, que llegó a tapar con una bandera de España el acento abierto en el cartel corporativo del Ayuntamiento.
Este informe choca con la legislación vigente (Decreto 69/2017 del Consell) que establece que la AVL es el único organismo competente para fijar las formas correctas de la toponimia oficial. Y es que el informe, ha sido adjudicado directamente a Saragossà por el Servicio de Normalización Lingüística del Ayuntamiento, que respalda las intenciones del gobierno municipal de María José Catalá. En este argumenta que la pronunciación habitual de la ciudadanía —con acento cerrado— debe ser el criterio determinante para establecer la forma oficial del nombre de la ciudad. Según el autor, esta pronunciación es la común en todas las comarcas valencianas, lo que justificaría, a su juicio, el uso de la forma “Valéncia”.
El procedimiento legal que rige los cambios de denominación de los topónimos valencianos requiere de un informe preceptivo de la AVL. No sólo no se ha solicitado todavía un nuevo dictamen al respecto, sino que el informe de Saragossà dedica una sección entera a criticar duramente el dictamen emitido por la AVL en 2016, que validó la forma “València” con 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Aquella decisión, tomada en el marco del anterior gobierno progresista, cumple con los requisitos legales exigidos y cuenta con el aval de la institución normativa reconocida estatutariamente.
Saragossà acusa a la AVL de no haber realizado entonces un estudio fonético “exhaustivo” y de haber relegado el criterio de la pronunciación popular a un segundo plano. Además, le reprocha haber calificado de “minoría” a quienes pronuncian “Valéncia”, ignorando —según su perspectiva— la evolución histórica natural del topónimo y su pronunciación real desde la Edad Media hasta la actualidad.
Pese a tratarse de un académico integrante de la AVL, Saragossà se desmarca del posicionamiento colectivo de la institución y cuestiona abiertamente su legitimidad técnica en este asunto. No obstante, la ley es clara: solo la AVL tiene competencia para proponer formas lingüísticamente correctas y oficializables en la toponimia de los municipios valencianos.
Paradójicamente, en su informe Saragossà acusa al procedimiento de 2016 de no haber contado con una justificación suficiente, cuando la propia AVL —órgano colegiado— sí emitió un dictamen tras deliberación interna y votación, cumpliendo con todos los trámites exigidos entonces por el Decreto 58/1992.
Con esta maniobra, el Ayuntamiento asume como base de su actuación un informe que no sólo desautoriza a la AVL —el único organismo legalmente capacitado para emitir informes válidos sobre toponimia—, sino que da continuidad a una agenda simbólica impulsada por Vox. El partido ultraderechista ha situado desde su llegada al gobierno municipal el cambio del topónimo entre sus prioridades, dentro de su estrategia de confrontación con las instituciones lingüísticas valencianas y el modelo normativo consensuado desde el Estatut de Autonomia de 2006.
El ejecutivo local prevé llevar en los próximos días el expediente a la Comisión de Cultura y posteriormente al Pleno municipal. En esta fase se someterá a aprobación la forma “Valéncia” como denominación en valenciano y su versión bilingüe junto a “Valencia” en castellano, además de abrir un plazo de información pública de 20 días hábiles.