Vox pone en la diana a la fiscal para la trata de seres humanos de Castellón al asegurar que le filtró información de una investigación
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David Muñoz, el diputado de Vox en las Corts Valencianes que se vanaglorió de haber recibido “información privilegiada” de la fiscal que, junto con la Guardia Civil, desmanteló una organización criminal dedicada a la explotación laboral de seres humanos en Nules para criticar el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno, ha puesto en un brete al Ministerio Público. La responsable de aquella operación fue la fiscal delegada para la Trata de Seres Humanos de la Fiscalía Provincial de Castellón, quien, preguntada por elDiario.es, ha declinado hacer comentarios sobre el asunto.
Muñoz realizó ese comentario tras las réplicas a la oposición en una comisión de las Corts Valencianes, después de dejarse un micrófono abierto, que captó toda la conversación y fue emitida en el canal de Youtube de las Corts. El diputado ultra, elegido por la circunscripción de Castellón y licenciado en Derecho, comentó a su compañero de escaño: “¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? No sé si lo sabe alguien. Lo sé porque me lo ha dicho la fiscal”. El parlamentario hacía referencia a una intervención anterior en la que aseguró que los beneficiarios de la red de trata de personas desmantelada en Nules eran ciudadanos pakistaníes, “todos en proceso de regularización por las instrucciones del Gobierno de España”.
El uso de esa supuesta información, que el diputado atribuye a “la fiscal”, tenía como objetivo atacar el proceso de regularización impulsado por el Gobierno y vincular la inmigración con la delincuencia. El diputado dijo en la comisión que la “concentración demográfica”, en referencia a la inmigración, “se ha convertido en caldo de cultivo para la delincuencia y el asentamiento de estructuras de crimen organizado”, para hablar de la trama desmantelada en Nules.
Tras conocerse esas palabras y ante la gravedad de los hechos, varios diputados de Vox, incluida la presidenta de las Corts, Llanos Massó, también elegida por la circunscripción de Castellón, han tratado de restar importancia al asunto, calificándolo de “anécdota” y obviando la revelación de datos sensibles de la investigación, como la posibilidad de que los detenidos pudieran acogerse al proceso de regularización para trabajar durante un año. El partido ultra trata de quitar hierro al asunto asegurando que la información que revela Muñoz ya era conocida. La Guardia Civil emitió un comunicado en el que apuntaba que algunos beneficiarios de la trama eran de origen pakistaní, igual que sus víctimas, pero no hacía alusión alguna al proceso de regularización, donde se centra el ataque de Vox. Muñoz es vicepresidente de Vox Castellón, número dos de la presidenta de las Corts, que forma parte del núcleo duro del partido a nivel nacional.
Tanto el PSPV-PSOE como Compromís han anunciado “acciones legales” para esclarecer los hechos y la supuesta filtración. También lo ha hecho la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha asegurado que la actuación del diputado de Vox y sus declaraciones merecen, como “mínimo”, una investigación, y que su partido está estudiando los mecanismos para llegar “hasta las últimas consecuencias”. Compromís ha presentado una queja en la Inspección de Fiscalía, y el grupo Sumar, del que forma parte la coalición, ha registrado preguntas en el Congreso reclamando una investigación sobre “el uso de datos confidenciales en el proceso de regularización”.
Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del caso, correspondería a la Fiscalía Provincial de Castellón actuar de oficio y elevar el asunto a la Fiscalía General del Estado (FGE), bien para respaldar a la fiscal cuya actuación ha sido puesta en cuestión, bien para esclarecer hasta el final una posible filtración de información. Al cierre de esta edición, la FGE no había recibido ningún escrito sobre este asunto procedente de la Fiscalía de Castellón.
La información difundida por el diputado podría ser falsa o, al menos, no ajustarse por completo a la realidad de los hechos, según ha podido saber este periódico. Sin embargo, hasta el momento ni la Fiscalía Provincial de Castellón ni la propia fiscal aludida han salido a desmentir lo que podría ser un bulo pronunciado por un diputado en sede parlamentaria, aunque fuera a través de un micrófono abierto. De hecho, la difusión de los audios de David Muñoz ha generado una notable preocupación en distintos sectores de la ciudadanía, ya de por sí alarmados con el uso que algunos responsables políticos hacen de la justicia.
Se desmanteló una red de trata con fines de explotación laboral y liberó a 80 personas
El pasado abril, la Guardia Civil informó de una gran operación contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La investigación fue llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón en coordinación con la Fiscal Delegada para la trata de seres humanos de la Fiscalía Provincial y el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
En la redada, se detuvo a siete personas y se liberó a 80, la mayoría hombres, “en situación de extrema vulnerabilidad que malvivían hacinadas en zulos, en muchos casos sin agua ni luz”. Gran parte de las víctimas era de origen pakistaní, como el matrimonio al que se considera beneficiario de la trama.
Las víctimas eran captadas en sus propios países mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales. Les prometían condiciones laborales atractivas en España, con salarios dignos, alojamiento y manutención. Ello les generaba una deuda constante que se usaba como mecanismo de control. Las víctimas eran obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, con jornadas de hasta 12 horas continuas. Además, destacó el Instituto Armado, “carecían de contrato laboral y de cualquier documentación que regularizara su situación, lo que incrementaba su vulnerabilidad”.
La responsable de la Fiscalía delegada de Extranjería en Castellón lleva más de 20 años ejerciendo estas competencias. Es una profesional de reconocido prestigio, que ha recibido premios, menciones y felicitaciones públicas por su trayectoria. Ha impartido cursos, charlas y formaciones. Es también fiscal delegada de menores y ha participado en numerosos foros contra la violencia de género y como experta en el Foro Valenciano de Abolición de la Prostitución, impulsado por la Generalitat valenciana bajo el gobierno socialista. Ahora, Vox la pone en la diana para reforzar su discurso xenófobo en el Parlamento autonómico.