El PP acuerda la expulsión de su concejala en Albalat que denunció a su portavoz por pedirle su asignación en metálico para “promocionarse”
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells ha acordado la expulsión de la edil Soraya Chicano, una decisión respaldada por la dirección provincial de la formación tras el análisis de la denuncia presentada por la concejala por supuestas irregularidades en la agrupación local.
En su escrito, Chicano alegaba ser víctima de una campaña de acoso personal, coacciones económicas por negarse a entregar dinero en efectivo, represalias políticas e invisibilización en los canales de comunicación. Asimismo, la edil sostenía la existencia de una “operativa opaca” en las aportaciones para gastos del grupo y denunciaba un supuesto “vacío orgánico” en la agrupación local. Frente a estas acusaciones, los concejales denunciados —Javier González, Gustavo Terrén, Inmaculada Vázquez y Juan Ruiz— presentaron sus alegaciones junto con un dossier probatorio para rebatir los señalamientos de la regidora.
El informe jurídico elaborado por la dirección provincial desestima las irregularidades económicas atribuidas al grupo municipal. La resolución concluye que la recaudación de fondos en efectivo para sufragar materiales promocionales no constituye una práctica ilícita, ya que se acreditó el posterior ingreso bancario de 2.352 euros en la cuenta oficial del Grupo Municipal en Cajamar el 5 de agosto de 2026. Según el dictamen, esta acreditación bancaria para el pago de proveedores oficiales descarta cualquier atisbo de “gestión económica opaca” o financiación irregular.
Respecto a las acusaciones de acoso psicológico y aislamiento personal, la resolución del PP provincial determina que no concurren elementos objetivos para constatar la existencia de hostigamiento o represalias. El documento señala que las tensiones internas derivan de la falta de comunicación y de la desatención de las tareas del grupo por parte de la edila, y sitúa los reproches de sus compañeros dentro de la libertad de crítica interna. De igual modo, las pruebas aportadas por los concejales desmintieron el pretendido “borrado” público de la edil, al documentarse su presencia en diversos actos institucionales y deportivos del municipio.
Finalmente, la resolución recuerda la clara distinción entre la dimensión orgánica del partido y la autonomía del grupo municipal, confirmando además que la agrupación local cuenta con una estructura legítima plenamente constituida. Aunque el dictamen señala que la difusión de conversaciones internas a terceros ajenos a la formación podría constituir una infracción estatutaria de extrema gravedad por deslealtad, aclara que no consta acreditación formal de tal extremo. Con el aval de la dirección provincial a la actuación de su portavoz y del resto del grupo, el PP formaliza la salida de Chicano, quien no obstante puede mantener su acta como concejala no adscrita.