El Gobierno valenciano sube un 16,7% la vivienda protegida en dos años: un piso de 90 metros pasa de 198.000 a 231.120 euros

Las personas con rentas más modestas lo tienen cada vez más complicado para adquirir una vivienda en la Comunitat Valenciana, incluso aunque esta sea protegida. Una tipología que por definición debe tener un precio asequible que permita su compra a estos sectores de la población con menos posibilidades económicas, los cuales no pueden acceder al mercado de renta libre.

Y es que, en tan solo dos años el Gobierno valenciano del PP, que dirige ahora Juan Francisco Pérez Llorca, ha aprobado dos subidas del metro cuadrado para este tipo de inmuebles que suponen un encarecimiento acumulado del 16,7% pasando de los 2.200 euros que dejó el anterior ejecutivo de izquierdas en 2023 a los 2.400 euros aprobados en 2024 y a los 2.568 euros anunciados recientemente.

Esto implica que una vivienda protegida de 90 metros cuadrados que en 2023 valía 198.000 euros pasará a costar ahora 231.120 euros, un precio alejado de lo que pueden permitirse los principales colectivos con problemas para adquirir un inmueble por el desorbitado aumento de los precios en los últimos años.

El Consell de Pérez Llorca ha claudicado así, una vez más, ante las demandas de los promotores, de los que depende el avance del Plan Vive, el proyecto estrella de los populares por medio del que se comprometieron a construir en estos cuatro años de legislatura un total de 10.000 viviendas.

Según al balance anual de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), el número de viviendas terminadas es de 192 a cierre de diciembre de 2025, mientras que 2.062 están en construcción, 1.578 se encuentran adjudicadas y otras 1.268 unidades están en fase de licitación.

Como informó elDiario.es, la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana (Feprova) venía trasladando en los últimos meses a la Conselleria de Vivienda que dirige la vicepresidenta Susana Camarero “la necesidad de actualizar los módulos de VPP; no se trata de encarecer la vivienda protegida, sino de evitar que directamente no se construya”, argumentaban.

La patronal explicaba que “el nuevo incremento de costes derivado del contexto internacional y del conflicto en Oriente Medio, con subidas importantes en energía, transporte y materiales” hacía necesaria “una revisión superior al 7%, aunque entendemos que ese porcentaje puede ser un primer paso”. Y ese primer paso es justamente el que ahora se ha anunciado, con un aumento del metro cuadrado del 7% con respecto al precio anterior aprobado en 2024.

El PSPV denuncia la política de “negocio” del PP

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en Les Corts, María José Salvador, ha denunciado que el nuevo precio de la vivienda de protección pública (VPP) fijado por el Consell de Pérez Llorca convierte el acceso a una VPP en una operación económica inasumible para la mayoría de familias valencianas. “Estamos hablando de viviendas que deberían ser asequibles y que, sin embargo, obligan a asumir una hipoteca de casi 900 euros al mes durante 25 años”, ha señalado Salvador.

Con el nuevo módulo de 2.568 euros por metro cuadrado, una vivienda protegida de 90 metros cuadrados alcanza un precio de 231.120 euros. Según Salvador, si el banco financia el 80% del valor, el préstamo hipotecario ascendería a 184.896 euros, mientras que la persona o familia compradora tendría que aportar los 46.224 euros restantes, además de los impuestos y gastos asociados a la adquisición

“Estamos hablando de que la cuota que tendrían que pagar las familias sería de casi 900 euros al mes durante 25 años para acceder a una vivienda que se supone que es protegida y asequible”, ha señalado Salvador, quien ha reclamado al Consell que explique cómo pretende que las familias trabajadoras puedan acceder a estas viviendas con este nivel de precios.

“El Partido Popular está abordando sistemáticamente la política de vivienda desde el negocio y no desde el derecho. Está pensando en los intereses de los constructores y no en los intereses de los valencianos y valencianas que necesitan una vivienda protegida. Y el resultado es evidente: hoy, en la Comunitat Valenciana, es más difícil acceder a una vivienda protegida que ayer. Precisamente para las personas que no pueden acceder a una vivienda libre y que necesitan que la Administración pública les ofrezca una alternativa asequible”, ha concluido Salvador.

El PP defiende que la subida es “moderada y responsable”

La portavoz de Vivienda del GPP en Les Corts, Candela Anglés, ha lamentado que el PSPV “vuelva a utilizar la vivienda protegida como arma política y pretenda engañar a las familias valencianas con cálculos interesados que no reflejan la realidad de la VPP”.

Anglés ha explicado que la actualización aprobada por el Consell supone “una actualización moderada y responsable que está muy por debajo del incremento real de los costes de construcción, que alcanza el 21,79% desde diciembre de 2024”. Una medida “necesaria” que “cuenta además con el respaldo técnico de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV”.

Candela Anglés ha destacado que “hoy los jóvenes tienen una oportunidad de comprar vivienda, cosa que, con María José Salvador nunca tuvieron porque fue la Consellera de las cero viviendas sociales”, frente al deficiente de su política de vivienda hay un Consell que se preocupa y ocupa de garantizar oportunidades de vivienda a quienes más la necesitan, jóvenes y familias“. En ese sentido ha remarcado que ”pocas lecciones de quienes subieron 400 euros de golpe el precio de la VPP y provocaron la crisis de vivienda que hoy estamos padeciendo“, en referencia al incremento aprobado en 2023 por el ejecutivo de izquierdas cuando aumentó el precio del metro cuadrado de 1.800 a 2.200 euros, tras estar 10 años congelado.

La diputada popular ha insistido en que “lo que hace el Consell no es encarecer artificialmente la vivienda protegida, sino actualizar su techo máximo de venta para que siga siendo viable construir VPP en la Comunitat Valenciana. Si no se actualiza el módulo conforme a los costes reales, lo que ocurre es precisamente lo que ya vivimos con el Botànic: se paraliza la construcción de vivienda protegida”.