El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, adjudicó el pasado mes de febrero tres contratos de auditoría a una empresa en la que figura como administrador solidario Eduardo Such, el hijo del exconseller de Zaplana, Diego Such, y uno de los nombres que sonaba en las quinielas para la Conselleria de Economía y Hacienda en el Consell de Carlos Mazón. Eduardo Such, profesor de Economía en la Universidad de Alicante, asesoró al PP valenciano en su propuesta de reforma fiscal previa a las elecciones.
Como informó elDiario.es, se trata de tres adjudicaciones a Dula Auditores para “destacar qué no se hace bien y qué es mejorable”, según afirmó Beut, nombrado en el puesto por PP y Vox, en una comparecencia en las Corts Valencianes el pasado viernes.
El objetivo del encargo era auditar las áreas más sensibles del organismo público: la dirección de Análisis e Investigación; la dirección adjunta y de Asuntos Jurídicos; los buzones y los procedimientos del Comité de Ética y de la Unidad de Resolución de Conflictos. La adjudicación de los tres contratos, por procedimiento abierto, sumó finalmente un importe global de 33.800 euros.
Sin embargo, dos meses después, en abril, la empresa solicitó a la Agencia Antifraude la resolución de los contratos, petición que fue aceptada. Según el expediente al que ha tenido acceso elDiario.es, “la solicitud viene justificada en que circunstancias sobrevenidas obligan a una restructuración interna de la sociedad, lo que imposibilita la ejecución de los trabajos encomendados con la debida diligencia”.
Al respecto, fuentes de Dula Auditores han explicado que la mencionada restructuración se debió al fallecimiento del propietario de la empresa, Carlos González Cepeda, el pasado mes de marzo. Cepeda también fue conseller con Zaplana, y delegado del Gobierno.
La renuncia se produjo también después de trascender que la mercantil carecía de certificado de calidad de medidas antifraude, motivo por el que quedó excluida de una licitación en el Palacio de Congresos de València, tal y como informó esta redacción, si bien es cierto que la posesión de ese certificado no se exigía como requisito en la licitación de la Agencia. Al respecto, las mismas fuentes de la auditora han explicado que prevén obtener este certificado a lo largo del mes de septiembre.
Dula Auditores, sin embargo, ha conseguido diferentes contratos públicos de asesoramiento en los últimos años, tanto con el Gobierno del Botánico como el de Carlos Mazón. Entre los más recientes figuran, entre 2023 y 2024, adjudicaciones por importe de 15.000 euros de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, de 9.250 euros del Institut Valencià de Cultiura (IVC), o de 14.600 euros de Las Naves, entidad dependiente también del Ayuntamiento de València, entre otros.
Recientemente la empresa recurrió otra exclusión, esta vez en una licitación valorada en 55.000 euros de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas del Ayuntamiento de València (Aumsa) para el servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia fiscal, económico-financiera, presupuestaria, contable y laboral. Sin embargo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) dio la razón a la entidad pública.