La empresa del exconseller de Zaplana contratada por Eduardo Beut carece del certificado de “medidas antifraude”

Mientras la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) contrataba a una empresa propiedad de un exconseller de Eduardo Zaplana, un organismo público del Ayuntamiento de València —el Palacio de Congresos— vetaba a la misma firma en una adjudicación estimada en 180.000 euros. Y lo hacía, según un informe jurídico consultado por elDiario.es, por no contar con el certificado de calidad de medidas antifraude, que era uno de los requisitos de solvencia técnica que imponían los pliegos de contratación.

El contrato del Palacio de Congresos para el servicio de asesoramiento contable y fiscal, tramitación laboral y de externalización de la gestión administrativa fue declarado desierto, “quedando el mismo sin efecto”. El representante legal de la empresa Dula Auditores reconoció que se encontraba “en proceso de implementación del certificado de calidad (...) de medidas antifraude” y estimó un plazo “que no debería superar los seis meses” para obtenerlo, según indica el informe del pasado 31 de enero.

Se trata de una empresa propiedad del exconseller popular Carlos González Cepeda, que dirigió el departamento autonómico de Justicia con Eduardo Zaplana de presidente de la Generalitat. En la firma, según los datos que constan en el Registro Mercantil, figura como administrador solidario el hijo de Diego Such, también exconseller de Zaplana.

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, nombrado por PP y Vox, adjudicó a la empresa tres contratos de auditoría operativa de las áreas más sensibles en la etapa anterior, dirigida por Joan Llinares. Dula Auditores obtuvo la mejor puntuación en los cuatro lotes a los que se presentó. Finalmente renunció a uno de los lotes y resultó adjudicataria de la auditoría de la dirección de Análisis e Investigación; la dirección adjunta y de Asuntos Jurídicos; los buzones y los procedimientos del Comité de Ética y la Unidad de Resolución de Conflictos, y el área de Administración.  

La adjudicación de los tres lotes, por procedimiento abierto, sumaba un importe global de 33.800 euros.

La empresa niega que esté “vinculada a la política”

Los pliegos de la licitación de la AVA no incluían el requisito del certificado de calidad de medidas antifraude. Eduardo Such, administrador solidario de la sociedad, defiende que la empresa no está “vinculada a la política”. De hecho, asegura que su socio “lleva tiempo lejos de la actividad” política.

“Hemos contratado con todas las administraciones y de todos los partidos políticos”, agrega Such.