La jueza de la dana pone al testigo Mazón ante el dilema de dar sus whatsapps y confesar sus pasos tras El Ventorro

El nuevo escenario abierto por la jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, pone al testigo Carlos Mazón ante el dilema de aportar voluntariamente sus llamadas y sus mensajes de WhatsApp del 29 de octubre de 2024, traumática jornada que acabó con 230 fallecidos, o quedar retratado como un expresident bajo sospecha y con la turbia voluntad de entorpecer el esclarecimiento de los trágicos hechos, quedando más o menos a la altura de su jefe de gabinete, quien borró hasta ocho meses de chats de su teléfono corporativo a pesar de que la instrucción ya estaba en marcha.

La jueza también coloca a Mazón ante la tesitura de un bombardeo de preguntas (por parte de la propia instructora, del fiscal y de los numerosos abogados de las acusaciones; de las defensas ya veremos) sobre su larguísima comida con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro, la sobremesa y el paseo de la pareja de comensales hasta un aparcamiento cercano, además de su tardía llegada al Palau de la Generalitat. La situación también propicia, como con cualquier hijo de vecino, el consabido paseíllo ante los medios de comunicación —la pena de telediario— y ante las previsibles protestas de las víctimas a la entrada del minúsculo Palacio de Justicia de Catarroja.

Los pasos de Mazón nunca han sido aclarados oficialmente; solo la declaración de sus escoltas y del conductor del vehículo oficial ha acreditado fehacientemente que el Palau ocultó sistemáticamente la sonrojante actuación de un presidente autonómico que, ante una catástrofe que se cocía a fuego lento sobre el terreno, optó por ausentarse voluntariamente. Las testificales de aquellos testigos, que forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desbarataron el conjunto de mentiras que ventiló a diestro y siniestro el equipo de Presidencia durante meses.

No en vano, la jefa de prensa de Mazón admitió ante la jueza que las versiones que daba Presidencia a los medios de comunicación desde los días inmediatamente posteriores a la catástrofe eran más falsas que un duro de cuatro pesetas (el interrogatorio, que elDiario.es ha reconstruido detalladamente gracias al acta de la declaración, fue impresionante y la magistrada apretó de lo lindo a la testigo, como pocas veces se ve en una sala de vistas). “Le pido que diga la verdad”, le espetó la jueza a Maite Gómez, jefa de prensa del expresident y actual asesora de Juan Francisco Pérez Llorca.

La citación de Mazón como un incómodo testigo también pone en un brete a Pérez Llorca y al PP valenciano. El actual jefe del Consell mantiene a su antecesor en el escaño número 98 de las Corts Valencianes, con la consecuente condición de aforado. Además de acordar que declare como testigo la exportavoz del Consell, Ruth Merino, la jueza también tiene pendiente agendar la testifical de la vicepresidenta, Susana Camarero. El procedimiento de la dana, por tanto, persigue sin solución de continuidad al actual Consell, a pesar de que el Ejecutivo valenciano batalla por alejarse a toda costa de la sombra de la dana.

El origen: las abogadas Nuria de Antonio y Virginia Masiá

La magistrada ha optado por citar a Carlos Mazón como testigo tras la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) de rechazar, en plenas Fallas, la exposición razonada de la instructora, alegando que no había indicios sólidos suficientes contra el aforado e incluso cuestionando de plano que el expresident ostentara posición alguna de garante ante la emergencia de la dana, que al fin y al cabo se erige en la clave del delito de homicidio imprudente que la jueza pretendía imputarle.

La instructora, tras el severo varapalo del TSJ-CV a la exposición razonada, ha aprovechado las diligencias solicitadas por dos de las acusaciones personadas en la causa para citar a Mazón. Por un lado, la acusación popular que ejerce el PSPV-PSOE, representada por la abogada Nuria de Antonio, pidió el pasado 4 de marzo que se requiriera a los alcaldes de Utiel, Requena, Chiva y Carlet que aportaran voluntariamente su listado de llamadas y mensajes con los cargos que acudieron a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y con “miembros del Consell”. Además, la acusación particular que ejerce la letrada Virginia Masiá solicitó al día siguiente (el 5 de marzo) una diligencia similar.

La instructora aduce que el alto tribunal autonómico descartó tanto la “condición de omitente en posición de garante” de Carlos Mazón como su posible “intervención activa”, si bien la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, encargada de resolver los recursos en el marco de la causa, avaló por unanimidad que se investigara la comida en El Ventorro para “aportar alguna luz” sobre la toma de decisiones por parte del mando único (que ejercía la entonces consellera Salomé Pradas, actualmente investigada) y sus comunicaciones con el jefe del Consell, a pesar del aforamiento de éste último.

“Ello lleva a que el conocimiento del señor Carlos Mazón Guixot sobre las decisiones que se iban adoptando en el Cecopi o la ausencia de ellas, y el momento en que se adoptaron y su contenido, ha de efectuarse a través de su declaración testifical”, afirma el auto de la jueza instructora.

La situación procesal actual de Mazón

La magistrada insiste en que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, en su auto clave del pasado 23 de octubre que obligó a la instructora a tomar declaración como testigo a Maribel Vilaplana, autorizó a que se interrogara a la otra comensal del ágape en El Ventorro para aclarar “cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, qué información manejaban los que en ella participaban y por qué se actuó del modo en que se hizo”.

Entre aquel auto de la Audiencia de Valencia y el del TSJ-CV existe una discrepancia evidente, que ha modificado radicalmente la situación de Mazón, al cerrar a cal y canto la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal autonómico la eventual vía de su imputación (para disgusto de las asociaciones de víctimas de la dana).

“La situación procesal actual del Sr. Mazón, tras el auto del TSJ, excluye la responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante, y no aprecia tampoco el TSJ indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa”, recuerda la jueza Ruiz Tobarra a modo de resumen.

Sin embargo, la instructora no ve “factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales del Sr. Carlos Mazón”. “Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical”, apostilla.

Las diligencias solicitadas por las dos acusaciones versan sobre los “mensajes en los que hubiera intervenido” Mazón y la “determinación de quien recibió la información”, por lo que “resulta obvio” que “se ha de efectuar de manera directa” con el exjefe del Consell, argumenta el auto de la instructora.

En el actual momento procesal, remacha la jueza, “carece de sentido” excluir de manera directa las comunicaciones que afecten a Carlos Mazón, por lo que “ya se puede inquirir sobre dichos extremos”, aunque “siempre bajo la premisa de la aportación voluntaria” (al no tratarse el supuesto homicidio imprudente de un delito doloso, solo la opción de la voluntariedad por parte de los testigos resulta procesalmente válida para obtener ese tipo de prueba sin comprometer el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones).

El antecedente de Feijóo

Aunque lo supedita a que el auto del TSJ-CV adquiera firmeza —varias acusaciones han planteado recursos de súplica— la jueza acuerda, de entrada, la citación de Mazón y le comunica la posibilidad de que aporte “voluntariamente” al procedimiento el listado de llamadas entrantes y salientes de su teléfono móvil y de mensajes de WhatsApp (“u otro tipo de mensajería”). Todo ello siempre “relacionado con la emergencia” y ofreciendo, además, la posibilidad de llevar bajo el brazo a su testifical las “facturas correspondientes a los listados de llamadas”.

Los testigos que han declarado en el marco de la causa (ya sean técnicos o políticos) han prestado su autorización para que se cotejaran sus comunicaciones, siempre limitadas a la gestión de la emergencia y al 29 de octubre de 2024.

Incluso el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aportó un acta notarial con sus llamadas y mensajes de WhatsApp. E incluso el jefe de gabinete del expresident, aunque sea una opción remota, dio su consentimiento a que se intentaran recuperar los mensajes que borró de su terminal corporativo (la jueza está pendiente de una comisión rogatoria a Estados Unidos, a la empresa WhatsApp Inc.). Por lo tanto, ya solo quedaba el aforado Mazón.