La jueza de la dana vuelve a achacar a Pradas la “parálisis” del Cecopi y la “ausencia de avisos a la población”
La jueza de la dana insiste en un auto dictado este miércoles en que un “nexo común que ha demostrado la instrucción es la ausencia de avisos a la población”.
La magistrada vincula la falta de alerta a la ciudadanía el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, con la “parálisis en la toma de decisiones” en el seno del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y la “tardía convocatoria del mismo” por parte de la entonces consellera Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa.
La resolución desestima el recurso de reforma de la defensa de Pradas contra la providencia que acordó una pericial caligráfica para determinar la autoría de las notas manuscritas entregadas por Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, sobre las indicaciones de la entonces consellera vinculadas a la redacción del texto del Es-Alert. La defensa de la exconsellera reconoció la autoría las anotaciones de “su puño y letra” y solicitó la suspensión de la prueba caligráfica acordada por la instructora.
El auto recuerda que “en ningún momento” Pradas había reconocido durante su declaración inicial como investigada la autoría de la nota manuscrita, al no constar el documento en el procedimiento hasta que lo entregó Suárez. Las manifestaciones del escrito de la defensa, que reconoce la autoría, “no pueden sustituir a la declaración de investigada, diligencia personalísima, que no puede reemplazarse por la manifestación de ninguna persona, por un escrito presentado por su representación procesal, ni por una comparecencia”, afirma la resolución.
Y, aunque lo reconociera en una declaración como investigada, “tampoco ello eximiría la práctica de una prueba que ha de estimarse pertinente”, agrega.
El auto justifica la “pertinencia” de la prueba por la “relevancia en la adopción de medidas de protección a la población”, eje principal de todo el procedimiento instruido por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.
La jueza repasa la cronología acreditada por la investigación y destaca, como “lo más dramático”, que a las 17.20 del 29 de octubre de 2024 “se pudo haber lanzado un mensaje” Es-Alert, tal como propuso el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, al inicio de la reunión del Cecopi. Un mensaje propuesto —en balde— que aconsejaba a la población refugiarse en altura y que “hubiera sido plenamente efectivo” para evitar que los vecinos bajaran a los garajes o circularan por carretera.
La magistrada también incide en que “uno de los elementos que demoró” el envío de la alerta a la población fue “incluso por la redacción del mismo en valenciano”. Por indicación de Pradas y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, se cambiaron palabras en valenciano normativo ('tipus' por 'tipo', por ejemplo) o el acento de València por Valencia.
El auto destaca las consultas a la Abogacía de la Generalitat y los mensajes enviados a la consellera por José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón. Más de una hora antes del envío del Es-Alert, la reunión del Cecopi barajaba la fórmula de “permanezcan en sus domicilios”, aunque en el mensaje final de las 20.11 fue sustituida por “eviten desplazamientos”. “La razón del cambio se desconoce”, afirma la jueza de Catarroja.
Pradas mostraba “voluntad de controlar”
Además, la resolución también cuestiona que el contenido del Es-Alert fuera un “cuestión absolutamente de los técnicos”, tal como defiende Pradas, a tenor de las manifestaciones de la entonces consellera grabadas por las cámaras de una productora subcontratada por Emergencias en las que daba ciertas indicaciones sobre el texto.
“No se limitaba a ser una mera testigo del envío del mensaje, sino que se muestra una voluntad de controlar”, afirma el auto.
La jueza, tal como ha destacado a lo largo de la instrucción, considera que la alerta a la población “se podía por otro lado haber efectuado” por otras vías, tales como medios de comunicación (destaca la televisión autonómica À Punt) o el 112 en la red social X. “Nada de ello se hizo y se esperó hasta tres horas en el envío del mensaje”, apostilla.
Por otro lado, el auto destaca que “en la falta de avisos a la población incurre igualmente” el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, también investigado en la causa.