Medio centenar de entidades sociales piden al Síndic de Greuges que actúe contra la prioridad aprobada por el PP y Vox
Medio centenar de organizaciones sociales de defensa de los derechos de las personas migrantes han solicitado la intervención del Síndic de Greuges para que impida “la aplicación de la legislación racista de la prioridad nacional en la Comunitat Valenciana”, según informan los colectivos.
Las entidades presentaron una queja el pasado lunes 2 de noviembre instando al defensor del pueblo valenciano a actuar contra el desarrollo de este criterio que supone la exclusión de servicios y prestaciones sociales, como la renta valenciana de inclusión y acceso a la vivienda pública, de personas migrantes y población nativa en situación de vulnerabilidad.
La nueva normativa, que exige un periodo mucho más amplio de empadronamiento para acceder a derechos e impide que tengan cobertura social las personas en situación administrativa irregular, se va a comenzar a implantar en la Comunitat cuando los informes sociales la sitúan como la autonomía con mayor desigualdad y con un 26% de la población en riesgo de pobreza.
Además, coincide con el bloqueo que sufren las personas migrantes para empadronarse: “El Ayuntamiento de València tiene pendientes de resolución más de 5.000 solicitudes de empadronamiento especial desde 2024 y ha desestimado casi otras tantas, según han indicado, por falta de residencia habitual, cuando en muchos casos las solicitantes viven en la ciudad desde hace años”, advierten las entidades.
Las organizaciones denuncian ante el Síndic que la ejecución de la prioridad nacional vulnera legislación española e internacional, incluidos convenios, directivas y jurisprudencia europea, y requieren su intervención ya que esta institución puede “sugerir la adopción de una iniciativa para modificar una norma cuya aplicación esté ocasionando un resultado injusto o produciendo un perjuicio innecesario, o, en su caso, instar la revisión de los criterios interpretativos con los que esa misma norma se está aplicando”.
Los colectivos que respaldan la queja -la mayoría agrupadas en el espacio València pels Drets de les Persones Immigrades- son: ACOEC, ActionAid, Afrolatidos, Al Descubierto, Amnistía Internacional CV, ASMEX, Aquarius Supervivientes, ARACOVA, ASAU València, ASOL, CAMUMA, Casa Argelia, Casa Camerún, Casa Chile, Casa Marruecos, Casa Perú Valencia, CEAR-PV, CEDSALA, CESÁfrica, CGT PViM, Campaña por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones, CIM Burkina, CCOO-PV, ONG EMCAT, Entreiguales Valencia, Espai Obert el Marítim, Federación ConoSur, HOAC Valencia, Intersindical Solidària, Intersindical Valenciana, Jovesólides, Mesa d’Entitats de Solidaritat, Metges del Món, Movilidad Humana, Plataforma Movilízate, Mujeres Voces y Resistencias, Obrim Fronteres València, Por Ti Mujer, Psicólogas sin Fronteras, Regularización Ya, Resistencia Migrante Disidente, SJM, Terra de Acogida, Tu Puerta Amiga, UGT-PV, Uhuru, UMAPM, València Acull y València és Refugi.