La cooperación valenciana merece justicia

Hay corrupciones que duelen mucho porque cuestan dinero. Y hay corrupciones que duelen mucho más porque cuestan vidas. El Caso Blasco pertenece a esa segunda categoría.

No hablamos de dinero público robado para levantar una rotonda, construir un edificio o financiar una infraestructura que, desde luego, también son necesarias. Hablamos de dinero público robado que tenía un destino muy concreto: garantizar el derecho a la salud, a la educación, al agua potable, a la alimentación o a una respuesta humanitaria para personas que viven en algunos de los contextos más vulnerables del planeta.

Hablamos, incluso, de fondos destinados a la emergencia provocada por el devastador terremoto de Haití en 2010.

Cada euro desviado no era un número en una hoja de cálculo. Era un medicamento que nunca llegó. Era un pozo que no se construyó. Era una escuela que no abrió sus puertas. Era una oportunidad de vida arrebatada a quienes menos tenían.

Por eso, el Caso Blasco nunca fue únicamente un caso de corrupción. Fue una traición a los valores más básicos de una sociedad democrática como la valenciana.

En esa historia hay, sin embargo, un capítulo que merece ser contado con orgullo. Porque, cuando muchos miraban hacia otro lado, desde la Coordinadora Valenciana de ONGD decidimos dar un paso al frente. Lo hicimos no para defender intereses particulares, sino para defender algo mucho más importante: la dignidad de la cooperación internacional valenciana y el derecho de la ciudadanía a exigir que el dinero público destinado a combatir la pobreza llegara realmente a quienes lo necesitaban.

Durante más de quince años, desde la Coordinadora hemos sostenido una batalla judicial extraordinariamente compleja. Lo hemos hecho como acusación popular, estudiando decenas de miles de folios, miles de correos electrónicos, escuchas telefónicas y abundante documentación económica, frente a algunos de los despachos jurídicos mejor dotados del país.

Lo hemos hecho, además, gracias al compromiso de personas voluntarias y al apoyo económico de la ciudadanía mediante campañas de micromecenazgo y recursos propios. Una auténtica lección de participación democrática.

Gracias a esa perseverancia, la sociedad valenciana pudo comprobar que las ONGD estuvimos en primera línea denunciando el fraude, defendiendo el buen nombre de la cooperación valenciana y recordando que quienes habían saqueado esos fondos eran responsables políticos, empresarios y colaboradores que utilizaron la solidaridad como herramienta para enriquecerse, como el exconseller Rafael Blasco, junto con personas como Augusto César Tauroni o Marc Llinares.

La investigación pasó por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia. Continuó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que juzgó al entonces aforado Rafael Blasco. Posteriormente, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia asumió las piezas segunda y tercera del procedimiento.

En abril de 2020, aquella Sección Quinta —integrada por José Antonio Mora Alarcón, como presidente y ponente, junto a Esther Rojo Beltrán y Mireia Alberta García— dictó sentencia condenatoria, pero dejó sin fijar la responsabilidad civil de varios de los principales condenados, remitiendo esa cuestión a la fase de ejecución, pese a disponer ya de los exhaustivos informes periciales elaborados por el interventor del Estado Joaquín Falomir Gozalbo.

En esos informes, extraordinariamente precisos, se acreditaba que las subvenciones concedidas indebidamente ascendían a 5.667.930,54 euros; se identificaban inicialmente 3.180.134,29 euros desviados hacia empresas de la trama; se detallaban otros importes correspondientes a la Oficina Técnica de Haití y se recogían, además, cantidades localizadas posteriormente en cuentas vinculadas a los condenados.

Sin embargo, la responsabilidad civil quedó pendiente. Y esa decisión sigue proyectando hoy una enorme sombra.

Porque, en la fase de ejecución, ya con una composición distinta de la Sección Quinta —Sonia Alicia Chironos Rivera, Alberto Blasco Costa y Javier Almonacid Lamelas—, se dictó un auto en octubre de 2025 en el que tampoco se fijó esa responsabilidad civil, a pesar de la existencia de aquellos informes periciales.

La consecuencia resulta difícil de explicar a cualquier ciudadana o ciudadano. Después de años de investigación, de condenas penales, de recursos y de un enorme esfuerzo colectivo, existe el riesgo de que parte de quienes participaron en el saqueo no tengan la obligación efectiva de devolver todo el dinero desviado.

Y eso no solo resulta jurídicamente preocupante. Es moralmente insoportable.

Porque, cuando el dinero robado iba destinado a combatir la pobreza extrema, permitir que los corruptores conserven el beneficio económico de sus delitos supone lanzar un mensaje devastador: que, incluso cuando la corrupción se descubre, puede seguir siendo rentable.

No podemos acostumbrarnos a eso. No podemos aceptar que quienes utilizaron la solidaridad como negocio encuentren resquicios para eludir la reparación del daño. No podemos permitir que las personas más vulnerables del planeta sean, una vez más, las grandes olvidadas de este proceso.

Desde la Coordinadora llevamos años recordando algo esencial: recuperar los fondos defraudados no es una cuestión contable. Es una cuestión de justicia.

Porque ese dinero nunca perteneció a quienes lo desviaron. Pertenecía a miles de personas que esperaban una oportunidad para vivir con mayor dignidad. Y debe volver a ese mismo fin.

Por ellas. Por la dignidad de la cooperación valenciana. Y por el respeto que merece la ciudadanía que financia con sus impuestos la solidaridad internacional, solicitamos al Tribunal Superior de Justicia que recuerde que los informes periciales incorporados a la causa, como el de Falomir, identifican el destino del dinero público desviado y que la sociedad valenciana lleva más de quince años esperando que la reparación sea completa.

Que haga posible que hasta el último euro recuperado vuelva allí de donde nunca debió salir: a la cooperación valenciana, para que cumpla el fin para el que la ciudadanía la financia con sus impuestos.

Ese dinero no pertenece a quienes lo robaron. No pertenece a quienes diseñaron una trama para enriquecerse utilizando el sufrimiento ajeno. Pertenece a quienes confiaban en la solidaridad de un pueblo —el valenciano— que siempre ha demostrado estar del lado de la justicia.

Porque la justicia no solo condena. La justicia también repara.

Y necesitamos seguir creyendo en ella. Necesitamos seguir creyendo que, aunque el camino haya sido largo y lleno de obstáculos, nuestro Estado de derecho todavía es capaz de corregir sus propios errores.

Necesitamos poder decir a las generaciones futuras que, cuando alguien convirtió la solidaridad en un negocio, las instituciones terminaron respondiendo. Que el delito no fue rentable. Que la dignidad venció al cinismo. Y que la justicia, aunque llegara en última instancia, llegó para devolver la esperanza allí donde antes alguien había robado futuro.

Conviene recordar, por último, el gran aprendizaje que nos deja el Caso Blasco: que la democracia necesita instituciones fuertes, sí. Pero también necesita una sociedad civil valiente.

Necesita organizaciones capaces de soportar años de procedimientos judiciales cuando hacerlo no da votos, ni titulares fáciles ni beneficios económicos, como la Coordinadora o el Observatorio contra la Corrupción.

Y necesita una ciudadanía valiente, como la nuestra, que salga a las calles y denuncie situaciones de injusticia judicial.