En las últimas semanas hemos asistido a una preocupante escalada de propuestas y protestas xenófobas, promovida por la dirección de VOX y alimentada por sus terminales mediáticas y orgánicas, con la inestimable colaboración (activa, pasiva o perifrástica, según los casos) de la derechita cobarde del PP. Desde la amenaza de expulsión de ocho millones de residentes extranjeros (…de los pobres, of course, pues de los jubilados ingleses e inversores venezolanos no dijo nada la camarada Rocío de Meer) hasta el acuerdo municipal en Jumilla vetando el uso de instalaciones públicas a su comunidad musulmana, pasando por la convocatoria de caza en Torre Pacheco.
Más allá de sus grandilocuentes apelaciones a la identidad nacional, de viejas resonancias franquistas, y referencias paranoicas a un diabólico plan de reemplazo demográfico diseñado por las élites globalistas, la estrategia de VOX se mueve realmente en dos planos más prosaicos...y peligrosos. Se trata, por un lado, de empujar al PP para que asuma, política e institucionalmente, gran parte de su agenda en materia migratoria y, por otro, de normalizar socialmente el discurso racista y excluyente.
Desde el primer acuerdo PP-VOX para la investidura de Juanma Moreno en Andalucía (enero de 2019) hasta el pacto de Mazón con el torero Barrera y su cuadrilla (junio de 2023), actualizado recientemente (marzo 2025) para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat…, pacto tras pacto VOX ha ido radicalizando sus propuestas y arrastrando al PP en una deriva de creciente retórica anti-inmigración, convertido en rehén del peor populismo extremista para pactar hoy presupuestos autonómicos o municipales y aspirar mañana a una hipotética mayoría parlamentaria a nivel nacional.
Los pactos políticos entre la derecha y los ultras sirven, además, para aportar legitimidad formal a los mensajes, tan racistas como clasistas, que circulan impunemente por las redes sociales contribuyendo así a normalizar el relato anti-inmigración que permite, a cualquier cuñao con pretensiones despreciar a moros y panchitos, mientras racanea el salario de quienes cuidan de su madre y limpian su casa…, sin dejar por ello de considerarse ferviente católico y votante liberal.
Hacer frente a dicha deriva política y discursiva pasa por impugnar los tópicos esencialistas (…es que no se integran!) y poner en valor los datos que acreditan la contribución positiva de la inmigración, articulando un relato alternativo que reivindique sus derechos, active nuestros valores y recuerde los deberes constitucionales de todos.
En una sociedad plural como la española (por historia, cultura y estructura) nadie puede aspirar, en buena lógica democrática, a definir e imponer el canon de la identidad y las tradiciones patrias que deberían acatar obligatoriamente los inmigrantes… cuando ni siquiera son compartidas de forma unanime por los autóctonos. Bastaría con el normal cumplimiento, por unos y otros, de los preceptos legales y las normas básicas de convivencia para que, superando el ruido y la furia de la confrontación política, poder consolidar, con la contribución de todos, la actual fase de crecimiento económico y cohesión social.
Según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional nuestro país será, por segundo año consecutivo, la economía que más crezca lo que permitirá, asimismo, seguir creando más y mejor empleo, confirmando la tendencia impulsada por el Gobierno progresista desde 2018, tal y como analizábamos aquí en un artículo reciente.
La contribución de la migración a dicho proceso resulta tan decisiva como invisibilizada. Un reciente estudio del Banco Central Europeo indica que el 80% del incremento del PIB español en los últimos cinco años ha sido impulsado por el trabajo de los inmigrantes que representan ya el 14,2% del empleo registrado. Son 3.096.015 ciudadanos extranjeros que viven, trabajan y cotizan entre nosotros (357.571 en la Comunidad Valenciana), aportando el 12% de los ingresos de la Seguridad Social, mientras que por su perfil sociodemográfico (media de edad más joven, pocas jubilaciones) apenas generan el 2% de los gastos de la misma. Entre los cotizantes se incluyen 10.348 jóvenes ex-tutelados (los mal llamados menas, objetivo preferente del odio fascista), de entre 16 y 23 años, ahora con autorización de residencia legal tras su dramática llegada a nuestro territorio.
Los inmigrantes trabajan, mayoritariamente, en sectores y actividades (agricultura, construcción, hostelería, servicio doméstico…) caracterizados por sus peores condiciones contractuales y salariales (ganan de media un 29,3% menos que los autóctonos), con el consiguiente peligro de ampliar la fractura dual de nuestro mercado de trabajo, pese a las mejoras derivadas de las últimas reformas laborales y de extranjería. A tal efecto, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en abril de 2024, con el apoyo de varias ONGs, incluidas las de la Iglesia católica (lo que suele desatar los demonios de Abascal), propone la regularización de casi medio millón de sin-papeles, lo que facilitará (…eso sí!) su integración y reducirá los márgenes de explotación a la que son sometidos por empresarios sin escrúpulos.
Pero con ser importante, invocar sólo su contribución al crecimiento de nuestra economía y el mantenimiento de nuestro Estado de Bienestar desde perspectivas exclusivamente utilitaristas contribuye, también, a deshumanizar a las personas inmigrantes por lo que es necesario reforzar el relato que viene desarrollando desde hace tiempo el presidente del Gobierno, articulando las reformas pragmáticas con la reivindicación ética de la memoria de un país de emigrantes y refugiados, como reconocía hace poco un laudatorio artículo del New York Times y la apelación permanente a la defensa de los Derechos Humanos, el cumplimiento de los deberes constitucionales y los valores de igualdad, dignidad y solidaridad.