Doctrina Minneapolis, parada España

El asesinato impune de dos personas con pocos días de intervalo en aquella ciudad del medio oeste americano a manos de pistoleros del ICE comportándose como hacían las antiguas Sturmabteilung, las SA hitlerianas, nos traslada a una nueva realidad. Las asesinadas no eran dos personas negras ni hispanas como suele ocurrir habitualmente en aquella sociedad donde el racismo y el odio al pobre siguen marcando pautas en el comportamiento violento de los cuerpos policiales. En esta ocasión los asesinados eran dos personas blancas de clase media que protestaban contra la deportación forzada de migrantes vecinos de su ciudad. El ICE ha dado un salto cualitativo ejecutando las órdenes de su jefe, el plutócrata Donald Trump, detener y deportar migrantes o acabar con ellos y con quienes les defiendan si se resisten o interponen. La misma noche del último asesinato Bruce Spreenting compuso una canción convertida hoy en un himno contra los crímenes del ICE y su jefe, su letra lo dice todo, se titula Minneapolis. 

Uno de los rasgos más significativos de la crisis política y moral de nuestro tiempo es la reaparición de doctrinas que creíamos desaparecidas o al menos arrinconadas tras las grandes catástrofes mundiales del siglo XX. La doctrina Minneapolis puesta en auge en España por los pactos de Vox y el PP con el apoyo de un sector importante de la población bajo el nombre de prioridad nacional, no es nueva ni original. El señalamiento con fines persecutorios de un colectivo humano por razones de raza, credo u otras condiciones diferenciales ha sido una constante a lo largo de la historia. En España, en 1492 se expulsó a los judíos, en 1609 a los moriscos, durante los dos siglos siguientes la Inquisición se encargó de perseguir, encarcelar o quemar a los que se quedaron. Judíos y moriscos de Andalucía, País Valenciano o Castilla-La Mancha llevaban viviendo en la península desde siglos antes de que llegasen los cristianos con la llamada “reconquista”. De nada les sirvió el arraigo ni el vínculo ancestral con su tierra.

Durante la dictadura franquista también hubo prioridad nacional contra los propios españoles: quienes eran afectos al dictador tenían prioridad en todo por la gracia del llamado Movimiento Nacional mientras que los desafectos al régimen eran excluidos y perseguidos. Con el golpe de estado franquista España retrocedió decenas de años social y económicamente. Tener empleo era sencillo para los afectos al régimen, para los demás una verdadera suerte. Tres millones de españoles tuvieron que emigrar a Europa y América para poder sobrevivir, muchos de ellos de forma irregular, sus remesas a las familias se convirtieron, paradojas de la vida, en un pilar económico que fortaleció el régimen.

Prioridad nacional y Movimiento Nacional se parecen, son variantes de lo mismo. Hitler construyó su aberrante doctrina de prioridad nacional sobre el odio al pueblo judío y la exaltación de la raza aria para, una vez alcanzado el poder, perseguir también a opositores políticos, socialistas, comunistas, gitanos, homosexuales y discapacitados. Mucho se ha escrito sobre la alienación de una gran parte del pueblo alemán cegado por una ideología que mezclaba el odio al judío con la situación económica del país, las ansias de volver a la grandeza del I y II Reich con la revancha por las derrotas pasadas.

Sustituyan ahora judío por migrante. El discurso nazi caló en la población porque en un contexto de escasez, excluir a los otros aumentaba las oportunidades de los demás, pura antropología darwinista y también por la cobardía y el silencio de una parte importante de la ciudadanía indiferente ante la represión e injusticias que perpetraban las hordas nazis mientras no les afectaba directamente. Es lo que ahora está pasando, en EEUU., en Europa y desgraciadamente ha vuelto a España y no porque haya escasez de recursos sino porque la riqueza está mal distribuida por un sistema que consagra la desigualdad y denigra la solidaridad como expresan los ataques de Vox contra Cruz Roja, Cáritas u otras ONGs por ayudar a los migrantes que llegan a nuestras costas en situación de miseria absoluta.

“Los nacionales primero” dicen hoy quienes perdonan impuestos a los superricos a la vez que eluden invertir en mejorar los sistemas públicos de salud, educación, servicios sociales o viviendas. Porque esa es la estrategia: cuanto más colapsada esté la sanidad, más difícil sea el acceso a una vivienda digna o deteriorada la educación pública por el incremento continuado de la población, mejores condiciones subjetivas se crean para que una parte de la ciudadanía piense que la culpa de sus problemas la tienen los migrantes y termine abrazando las ideologías que destruyen los valores democráticos de justicia, igualdad y fraternidad. España está a punto de alcanzar los 50 millones de habitantes con un PIB en alza y un desarrollo económico muy por encima de la media europea sin que se hayan hecho las mejoras correlativas en los servicios públicos proporcionales al incremento de la riqueza a la que tanto está contribuyendo la población migrante. Se han relegado y desatendido las crecientes necesidades de la población en los servicios públicos que siguen al mismo nivel que cuando España tenía 40 millones de habitantes: trenes de cercanías colapsados; ambulatorios y hospitales públicos desbordados con listas de espera indecentes; escuelas públicas colapsadas y profesores desatendidos a los que se les ofende con ocurrencias como la del gobierno catalán de enviar policía a los colegios en vez de garantizar profesores de refuerzo, buenos gabinetes psicopedagógicos o comedores gratuitos. Se aumenta así el malestar social, tradicional caldo de cultivo de ideologíadesborda totalitarias y de apartheid contra los que han venido de fuera a trabajar huyendo de la miseria y las guerras en sus países donde Occidente no ha sido ajeno a tanta desgracia. 

Cuando se examina con mayor detenimiento el concepto de prioridad nacional se descubre que lo que está en juego es mucho más profundo que la gestión de los recursos limitados del Estado, lo que en el fondo se pretende es construir un sistema normativo inmoral que conduzca a la creación de infra personas, entendido como aquellas que están desprovistas de derechos esenciales, siguiendo las viejas ideologías totalitarias. Ese desplazamiento de los valores democráticos hacia el apartheid es jurídica y éticamente muy grave. La tradición constitucional europea nacida despues de 1945 tras el derrumbe del nazismo se edificó precisamente sobre la negación de la catástrofe humana del Holocausto incorporando la centralidad de la dignidad humana como fundamento del orden político. Desde esa perspectiva, la prioridad nacional aparece como una carga de profundidad contra los principios que legitiman al Estado democrático. Una cosa es reconocer deberes y derechos institucionales hacia la ciudadanía y otra muy distinta convertir la nacionalidad en criterio de jerarquización entre seres humanos. La prioridad nacional pretende esa transformación. Sustituye el principio de necesidad por el principio de pertenencia.

En una lógica genuinamente social, la pregunta relevante es quién necesita ayuda, quién se encuentra en situación de precariedad, quién carece de medios suficientes para vivir o quién padece una especial vulnerabilidad. En la lógica de la prioridad nacional, en cambio, la cuestión principal pasa a ser quién pertenece al grupo y quién debe ser expulsado. La diferencia no es menor. En el primer caso, el Estado responde a la fragilidad humana, en el segundo, responde a la ideología excluyente. Así, la pobreza del migrante vale menos que la pobreza del nacional, la enfermedad del migrante merece menor atención y su condición precaria se debr percibir como normal. Desde un punto de vista ético, la prioridad nacional desplaza el centro del derecho desde la persona hacia la tribu. Y esa mutación afecta al fundamento mismo de la democracia constitucional.

En este contexto, la obra del jurista Gustav Radbruch adquiere hoy una relevancia singular. Formado en la tradición jurídica alemana, profesor y antiguo ministro de Justicia de la República de Weimar, Radbruch contempló cómo el aparato normativo del Tercer Reich había convertido la ley en instrumento de barbarie. La pregunta que siguió a 1945 era inevitable: ¿cómo fue posible que atrocidades inimaginables hasta entonces se cometieran con apariencia de legalidad? Su conclusión es contundente: no basta con que una norma haya sido formalmente aprobada para merecer obediencia incondicional porque existe un límite que ninguna ley puede rebasar sin perder legitimidad. La fórmula de Radbruch establece esos límites y sostiene, en síntesis, que cuando la contradicción entre la ley promulgada y la justicia alcanza un grado intolerable, la ley debe ceder ante la justicia. Y, de manera aún más radical afirma que cuando una norma niega deliberadamente la igualdad y la dignidad humana que constituyen el núcleo esencial de la justicia, deja de ser derecho en sentido pleno. La tesis implica rechazar arbitrariedades judiciales y capitulaciones normativas. Radbruch sostiene que el derecho debe contener una pretensión interna de justicia sin la cual degenera en mera técnica de dominación. Aplicada al debate contemporáneo, la prioridad nacional no puede valorarse únicamente preguntando si el legislador tiene competencia para establecer diferencias entre nacionales y migrantes, debe preguntarse también si tales diferencias respetan el umbral de igualdad y dignidad inherente a toda comunidad civilizada.

La experiencia totalitaria condujo a la comunidad internacional a formular, por primera vez con vocación verdaderamente global, un catálogo común de principios inderogables. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la Naciones Unidas constituyó una respuesta normativa al fracaso moral del nacionalismo totalitario. Su Preámbulo proclama la “dignidad intrínseca” y los “derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Frente a la fragmentación identitaria que había dividido Europa la Declaración sitúa a la humanidad como fundamento y punto de partida.

El artículo 1 establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. No dice todos los ciudadanos, ni todos los nacionales, ni todos los miembros de un determinado Estado. Dice todos los seres humanos. El artículo 2 añade que toda persona gozará de los derechos proclamados “sin distinción alguna”, mencionando expresamente el origen nacional como motivo vedado de discriminación. Esta arquitectura conceptual limita severamente cualquier doctrina de prioridad nacional que pretenda restringir derechos fundamentales por razón de extranjería. La ciudadanía puede organizar la participación política y ciertas relaciones institucionales, pero no puede convertirse en fundamento de discriminación jurídica. La Declaración Universal establece límites jurídicos que si los Estados los transgreden dejan de ser democráticos.

Por otra parte, la Constitución española de 1978 se incorporó plenamente a esta tradición. Tras una larga dictadura que suprimió las libertades democráticas, el parlamento constituyente asumió los valores del constitucionalismo europeo de posguerra. Dice el artículo 10.1 que “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.” La elección de las palabras es concluyente, el fundamento del orden político no es la nación, ni la etnia, ni la historia compartida, ni la ciudadanía formal, sino la dignidad de la persona. El sujeto primero del constitucionalismo español es el ser humano como titular de derechos. Gustav Radbruch nos recuerda que una ley extremadamente injusta deja de merecer obediencia. La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamó que todos nacemos iguales en dignidad y derechos. La Constitución española de 1978 situó esa dignidad como fundamento del orden democrático. Los Estados pueden tener fronteras, la dignidad humana no. Que Minneapolis no tenga parada en España.