La firma que rebaja las aspiraciones del profesorado valenciano
El acuerdo salarial firmado por ANPE y CSIF con la Conselleria d’Educació ha provocado un fuerte rechazo entre amplios sectores del profesorado valenciano. La crítica no se centra únicamente en la cuantía pactada, sino sobre todo en el momento elegido para firmar: cuando la movilización docente crecía, la huelga mantenía capacidad de presión y el conflicto comenzaba a generar un importante desgaste político al Gobierno valenciano.
Los 200 euros mensuales acordados, además distribuidos en tres anualidades, llegan después de casi veinte años de pérdida de poder adquisitivo, aumento de la burocracia y deterioro progresivo de las condiciones laborales. Sin embargo, incluso cuando la subida esté completamente implantada, el profesorado valenciano seguirá ocupando aproximadamente la octava posición en el ranking retributivo estatal, lejos todavía de las comunidades autónomas que encabezan la clasificación salarial.
Esta realidad explica buena parte del malestar existente. Muchos docentes consideran que el acuerdo no responde a la magnitud de las pérdidas acumuladas durante años y, sobre todo, que se firmó cuando todavía existían posibilidades reales de conseguir mejoras superiores.
La comparación con Cataluña resulta especialmente reveladora. Allí la presión sindical se mantuvo durante más tiempo y permitió alcanzar acuerdos considerablemente más ambiciosos. Además de las mejoras salariales ya pactadas anteriormente, recientemente se ha creado un nuevo complemento cercano a los 200 euros mensuales. Sumado a los incrementos ya acordados, el profesorado catalán acabará percibiendo más de 400 euros mensuales de mejora autonómica, una cifra que duplica ampliamente la pactada en la Comunitat Valenciana. A ello se suman complementos por tutorías, coordinaciones y especialidades que el profesorado catalán percibe desde hace años y que aquí siguen sin existir. También se ha incorporado una cláusula de revisión que permite seguir actualizando las mejoras retributivas alcanzadas en 2029.
Pero las diferencias no se limitan al ámbito salarial. Cataluña ha acordado un paquete de mejoras laborales, reducción de ratios, incremento de plantillas docentes y refuerzo millonario de recursos para la inclusión educativa que contrastan con muchas de las reivindicaciones aún pendientes en el sistema educativo valenciano.
La diferencia entre ambos territorios no es únicamente económica. Es también una diferencia de estrategia sindical. Mientras en Cataluña se mantuvo la presión hasta obtener nuevos avances, en la Comunitat Valenciana ANPE y CSIF decidieron cerrar un acuerdo cuando la negociación todavía estaba abierta y la movilización seguía creciendo.
Precisamente ese es el aspecto que más críticas ha generado. La firma rompió la unidad sindical existente hasta ese momento y debilitó la capacidad de presión colectiva del profesorado. La experiencia demuestra que la fuerza negociadora depende en gran medida de la unidad de acción. Cuando ésta desaparece, la Administración encuentra mucho más fácil dar por encauzado un conflicto sin necesidad de realizar nuevas concesiones.
Además, la decisión tuvo una evidente repercusión política. Las movilizaciones comenzaban a situar la cuestión salarial en el centro del debate público y la gestión educativa empezaba a convertirse en un problema para el Consell. En ese contexto, numerosos docentes interpretan que ANPE y CSIF ofrecieron un auténtico balón de oxígeno a la Administración en uno de sus momentos más delicados, permitiéndole proyectar una imagen de normalidad sin haber agotado todas las posibilidades de negociación.
Por ello, una parte importante del profesorado considera imperdonable la precipitación con la que se actuó. No porque rechacen las mejoras salariales, sino porque entienden que la movilización estaba empezando a dar resultados y que todavía existía margen para avanzar hacia objetivos más ambiciosos.
Lo más importante es que la firma no ha puesto fin al conflicto. Las movilizaciones continúan porque siguen pendientes reivindicaciones fundamentales: la recuperación real del poder adquisitivo perdido, la implantación de complementos por tutorías, coordinaciones y especialidades, la reducción de la sobrecarga laboral, la bajada de ratios, el aumento de las plantillas docentes, la mejora de las infraestructuras educativas y la equiparación progresiva con las comunidades autónomas mejor remuneradas.
La cuestión ya no son únicamente 200 euros. Lo que está en juego es si el profesorado valenciano se conforma con seguir en la parte media-baja de la clasificación salarial estatal o continúa luchando para alcanzar unas condiciones laborales y retributivas acordes con la importancia de su trabajo.
Para muchos docentes, la respuesta sigue estando en la movilización, la unidad y la presión sostenida. Por ello, la huelga indefinida y las concentraciones o manifestaciones convocadas por UGT, CCOO y STEPV mantienen hoy más sentido que nunca. La experiencia demuestra que los mayores avances se consiguen cuando el profesorado permanece unido, activo y dispuesto a mantener la presión hasta lograr una recuperación salarial y laboral que responda verdaderamente a años de agravios acumulados. Las reivindicaciones siguen vigentes y una parte importante del profesorado valenciano considera que todavía queda mucho camino por recorrer. La historia sindical demuestra que las conquistas más importantes no llegan cuando se rebajan las aspiraciones, sino cuando se persevera hasta conseguir lo que se considera justo.