La ley de Vivienda de Cantabria seguirá permitiendo que las viviendas protegidas se vendan en el mercado libre transcurridos unos años

Cantabria es una de las comunidades que no ha regulado la protección permanente de la vivienda protegida para impedir que transcurridos unos años acaben por venderse en el mercado libre, lo que no contribuye a solucionar los problemas para los que fueron creadas. Once comunidades lo han hecho ya y Asturias podría sumarse con su futura Ley de Vivienda. La que se tramita en Cantabria, por el momento, no entra a corregir esta posibilidad.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 establece la protección permanente como uno de los principales requisitos a la hora de financiar la construcción y compra de vivienda protegida. Una medida que supondrá que -independientemente de que la vivienda sea para propiedad o alquiler, o de promotor público o privado- mantenga sus límites de precio y uso para siempre. 

Un informe elaborado por Civio -una organización sin ánimo de lucro especializada en periodismo de investigación con datos públicos- constata que hay 17 modelos distintos de vivienda protegida y que las autonomías se debaten entre dos contrarios, literalmente opuestos. Por un lado, once comunidades ya han aprobado medidas de protección permanente para evitar que las viviendas protegidas acaben vendiéndose a precios de mercado. La primera fue el País Vasco, hace ya 24 años, que en 2002 declaró la protección permanente de todas las viviendas protegidas en su territorio, independientemente del régimen de tenencia o de si son de promoción pública o privada. El análisis realizado por Civio explica que hasta esta década Euskadi no ha dejado de perder viviendas protegidas.

Tiempo después -evidencian los datos del análisis- Baleares y más recientemente Navarra se unieron a estas políticas. El Parlamento de Asturias estudia esa posibilidad en su futura Ley de Vivienda mientras que Cantabria permanece de momento ajena al debate.

A ello se suman otras ocho comunidades autónomas que han declarado la protección permanente únicamente de las viviendas del parque público: Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias, Galicia y el bloque Madrid, Andalucía, Valencia y Extremadura que siguen política contrarias para las viviendas protegidas de promoción privada.

El infome asegura que realmente en los próximos cinco años, la única comunidad autónoma en la que ninguna vivienda protegida pasará al mercado libre es País Vasco y precisa la circunstancia de que Cataluña aprobó a finales de 2025 una ley que prohíbe descalificar vivienda protegida en municipios con mercado residencial tensionado.

El extremo contrario

De hecho, Madrid, Andalucía, Valencia y Extremadura han rebajado los plazos para que las viviendas protegidas de venta y alquiler salgan al mercado libre. En el caso de la capital de España, hasta 2009 los propietarios estaban sujetos a entre 20 y 25 años de permanencia. Ese año se rebajó el plazo a 15 años.

Más cercano en el tiempo, Andalucía aplicó la misma política hace seis años. Allí no se podían vender las viviendas protegidas hasta 30 años después de adquirlas, pero desde 2020 se dejó entre 7 y 15 años.

En Extremadura sucedió algo parecido. En 2013 se bajó de 30 a 20 años el nivel de protección y el años pasado se decretó que el nuevo plazo de aplicara retroactivamente.