Los organizadores del Festival de les Arts de València sabían del riesgo de cancelación y no avisaron a los asistentes

La empresa que gestiona el Festival de Les Arts de València, cancelado este sábado antes de arrancar su segunda jornada, vendió miles de entradas sabiendo que el evento podría ser suspendido si se superaban los límites de ruido establecido en la normativa municipal. Una sentencia emitida el pasado marzo y una cláusula en el contrato con la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), recinto en el que se lleva celebrando una década el festival, advertían de la posibilidad de cancelar el evento si se recibía una denuncia por superar los decibelios permitidos en la normativa. En concreto, la mencionada cláusula establecía que si en la primera jornada del evento se certificaba el exceso de decibelios, la segunda quedaría suspendida.

Las mediciones realizadas por la Policía Local de València el viernes, durante la primera jornada, acreditaron que se superaba “en exceso” los umbrales permitidos en momentos puntuales. Si la norma establece un máximo de 80 decibelios —el umbral de sonido tolerable—, los agentes que realizaron las mediciones detectaron 88, 91 y 96 en tres escenarios. También lo certificó la unidad de Policía Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana.

El informe policial remitido a la dirección de la Ciudad de las Artes, que provocó la suspensión, concluye que “no se han respetado la limitación de los equipos limitadores-registradores previstos en la documentación acústica”. Y eso pese a las quejas masivas del público durante la primera jornada por el sonido, que obligaron a varios artistas a disculparse y terminaron por señalar también al Ayuntamiento de València que gobiernan PP y Vox por las limitaciones. El consistorio no autoriza eventos en la Ciudad de las Artes (CACSA), pero la sentencia del pasado marzo le obliga a adoptar medidas que garanticen el descanso de los vecinos y le recuerda que debe hacer cumplir las ordenanzas municipales sobre ruidos.

La propia organización explica en su comunicado que un mes antes la promotora trasladó dos festivales a otro emplazamiento, el estadio del Levante UD, tras conocer la sentencia sobre los eventos en el recinto. La organización cargó contra el consistorio, al que acusan de falta de diálogo, y también atribuyó la denuncia a “unos pocos vecinos” —son 46, concretamente—, publicando su dirección exacta en redes sociales, para anunciar que no habría una segunda jornada. “Esa voluntad de encontrar soluciones queda demostrada por el traslado de otros eventos de nuestra promotora, como Love The 90’s e I Love Reggaeton, al Estadi Ciutat de València. Sin embargo, nos produce una enorme tristeza y frustración comprobar que, durante todo este proceso, no hemos tenido la oportunidad de mantener una reunión con la Alcaldía del Ayuntamiento de València, ni con responsables del Ayuntamiento para estudiar conjuntamente posibles alternativas que permitieran garantizar el futuro del festival en la ciudad”, señaló el festival en un comunicado.

La mercantil House of Music Festivals, filial de The Music Republic, participada por el fondo KKR, suscribió un contrato con la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), empresa pública de la Generalitat Valenciana, en la que se incluía una cláusula que permite suspender el certamen si se supera la acústica permitida. En concreto, según ha informado CACSA a elDiario.es, la mencionada cláusula advertía de que si en la primera jornada se constataba la superación de los límites establecidos en la ordenanza municipal, la segunda quedaría suspendida.

El contrato decía textualmente: “En caso de que durante la celebración del evento la autoridad competente levante acta, formule denuncia, dicte requerimiento o adopte cualquier medida de control por presunto incumplimiento de la normativa vigente en materia de ruido, contaminación acústica o protección de la salud pública, así como cuando exista resolución administrativa o judicial, firme o ejecutiva, que determine la superación de los niveles sonoros autorizados, la existencia de riesgos para la salud pública o cualquier otro incumplimiento de las condiciones acústicas exigibles al evento, CACSA podrá a su sola discreción y en su caso a cancelar la segunda jornada del evento”, dice la cláusula, según informa El Confidencial. Dos cuestiones de peso a la hora de abordar una organización de tal calibre como un festival que reúne a más de 20.000 personas.

¿Por qué decidió la organización seguir adelante con el evento? Según señala a este diario, porque en las pruebas previas y durante el festival “se contaba con cumplir la normativa”. De hecho, explican fuentes de la organización, en las mediciones que se realizaron el viernes durante el festival, ·en las fachadas colindantes, se obtuvieron exactamente los mismos resultados que los días anteriores a la celebración del evento“. Estas fuentes insisten que en fachada los niveles eran los permitidos, aunque el informe de Policía Local remitido al Ayuntamiento recoge momentos superiores.

En el escrito del festival no se menciona la cláusula suscrita con CACSA, sino que se atribuye a la empresa pública y al Ayuntamiento la decisión. Efectivamente, el Ayuntamiento, en el marco de sus competencias y en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia judicial, remitió un requerimiento a CACSA el pasado 6 de junio por el que se le advirtió de que se había certificado que en la primera jornada no se habían cumplido los límites legales de decibelios, por lo que se ordenaba que procediera a la suspensión del festival.

La organización señala que ha trabajado con la Generalitat para mantener el festival “encontrando un equilibrio” entre la fiesta y el descanso vecinal, y que, en paralelo, ha tratado de buscar otra ubicación, además de incorporar soluciones de sonido para respetar la normativa. En vista de la suspensión, el evento abrirá un canal para devolver el 50% de los abonos y los sobrantes de las pulseras con las que se pagan las consumiciones. Según las mismas fuentes, se devolverá la mitad del importe, puesto que se ha celebrado el 50% del evento y el procedimiento habitual es el de devolver la parte proporcional no disfrutada del mismo cuando se suspende por causa mayor.

“Los promotores conocían las reglas del juego”

Este lunes, el concejal de Urbanismo y Licencias de València, Juan Giner, manifestaba que lo que ha hecho el consistorio es cumplir con la normativa. La sentencia del pasado marzo obliga al Ayuntamiento a garantizar su cumplimiento y el descanso de los vecinos, llegando a revocar autorizaciones si es necesario. “Los promotores conocen perfectamente el contenido de la ordenanza y las reglas del juego”, ha apuntado Giner, que ha considerado que los “verdaderos perjudicados” han sido los asistentes.

La sentencia posibilita revocar autorizaciones

El pasado marzo, el juzgado número 8 de lo contencioso condenó al Ayuntamiento de València a indemnizar a 46 vecinos por daños morales derivados del ruido de los festivales en la Ciudad de las Artes y la discoteca de su azotea. El magistrado titular consideró acreditado que los niveles de ruido registrados en los domicilios de los vecinos superaron “ampliamente los máximos permitidos por la normativa” en conciertos y fiestas durante los años 2022 y 2023. También falló que el Ayuntamiento debe “adoptar las medidas necesarias, inclusive revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades, para imposibilitar definitivamente la violación de los derechos fundamentales de los demandantes”.