¿Qué pasa ahora con Mazón en la causa de la dana?: un “extraterrestre” aforado ante la jueza que salta de testigo a “investigado potencial”

“Era como si a un extraterrestre lo hubieran puesto ahí”. Así describió en su declaracion de este jueves ante la jueza de la dana uno de los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la llegada nocturna del 'molt honorable' Carlos Mazón a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. La metáfora del aterrizaje extraterrestre bien podría servir, ante la falta de figuras jurídicas claras, para verbalizar la alienígena posición del expresident en la causa de la dana.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra nunca ocultó que le pisaba los talones. En el auto del 11 de marzo de 2025 que imputó a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, la instructora ya ofreció a Mazón la posibilidad de declarar voluntariamente como investigado. La misma oferta se repetiría un par de veces a lo largo de la instrucción, mientras el president hacía oídos sordos y seguía defendiendo una versión de los hechos que su jefa de prensa acabaría reconociendo que era más falsa que un duro de cuatro pesetas.

La anomalía de todo este embrollo procesal, en el fondo, llegaría con la dimisión de Carlos Mazón y la decisión del PP de Juan Francisco Pérez Llorca de que siguiera como diputado autonómico, conservando así el preciado aforamiento. Además de permitirle una asistencia estable a la playa, combinada con un papel más que secundario como diputado de la bancada popular, el aforamiento del exjefe del Consell propició que la decisión sobre su eventual imputación en la causa correspondiera a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

Una vez descartada esa vía, al no ver el alto tribunal autonómico indicio alguno de delito en la actuación de Mazón el día de autos, la jueza de la dana optó por llamarlo a declarar como testigo, con la obligación de decir la verdad y de contestar a todas las partes, incluyendo a las acusaciones populares y particulares y a la no menos incisiva magistrada instructora (el fiscal mantiene un papel secundario).

La jugada también ponía al expresident ante el dilema de ocultar o entregar voluntariamente sus mensajes de WhatsApp relacionados con la emergencia del día de la dana, cuando se encerró con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro durante una larguísima comida y sobremesa (un ágape que ni el más 'mazonista' de los populares valencianos se explica aún hoy en día). Todos los testigos de tan sensible causa han accedido a entregar sus mensajes, incluyendo a uno llamado Alberto Núñez Feijóo.

Carlos Mazón contrató a Ignacio Gally, decano del Colegio de Abogados de Alicante que ya se había encargado anteriormente de otros cargos populares con problemas con la justicia (tales como la exalcaldesa Sonia Castedo en el 'caso Brugal'). La defensa de Mazón ha conseguido tumbar su citación como testigo, aunque se ha colocado en otro escenario que puede resultar aún más incómodo para el PP, que anhelaría a un predecesor de Pérez Llorca lo más discreto posible.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, una de las más garantistas y técnicamente más solventes, en un auto del que ha sido ponente el magistrado progresista José Manuel Ortega, ha avalado que Mazón pueda personarse en la causa, coincidiendo con la postura del fiscal y de la defensa del expresident y esgrimiendo el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), introducido en 2002 para evitar una investigación a espaldas de un aforado.

El auto, por cierto, tampoco descarta que pueda surgir una “inculpación futura” de Carlos Mazón, a la espera de la respuesta a la comisión rogatoria de la jueza a la empresa WhatsApp en Estados Unidos para tratar de recuperar los mensajes que el jefe de gabinete del expresident, José Manuel Cuenca, borró de su móvil corporativo al devolver a la Generalitat formateado el terminal telefónico.

La reacción inmediata de la magistrada instructora ha sido dejar sin efecto la citación como testigo del exjefe del Consell (en un auto dictado este jueves que considera que su personación en la causa y el “catálogo de derechos” otorgado por el artículo 118 bis de la Lecrim resultan “del todo punto incompatibles” con la testifical acordada previamente).

El “híbrido procesal” de Carlos Mazón

¿En qué condición queda esa suerte de alienígena llamado Carlos Mazón Guixot? Ya no es testigo ni tampoco es exactamente un investigado, la condición que ostentan tanto Pradas como Argüeso al no disfrutar de aforamiento alguno.

Se trataría, pues, de un 'preinvestigado', de un 'protoinvestigado' o, como sugiere un afamado catedrático de Derecho Penal, de “una suerte de híbrido procesal: posible investigado o investigado potencial”.

La prensa conservadora valenciana ya ha anunciado que la defensa de Mazón estudia pedir la nulidad de las diligencias relativas al núcleo duro de Presidencia, amén de las testificales de sus escoltas y de su chófer (que dejaron la ya de por sí débil credibilidad del exjefe del Consell a la altura del betún).

La última palabra, en todo caso, la tendrá la sección segunda de la Audiencia de Valencia, la misma que abrió la puerta —en un relevante auto, del que también fue ponente el magistrado José Manuel Ortega— a citar como testigo a la comensal Maribel Vilaplana, para practicar así “todas aquellas diligencias útiles y necesarias” para el esclarecimiento de los hechos.