A dos días de iniciarse el debate parlamentario, los socios del PSPV en las Corts Valencianes no tienen claro el sentido del voto en las dos propuestas legislativas para sancionar la prostitución. Compromís y Unides Podem meditan su posición ante las dos proposiciones de ley que han planteado los socialistas, que modifican la ley de carreteras y de espectáculos públicos para multar a los clientes y a los locales en los que se ejerza la actividad, que consideran una forma de violencia de género.
Los grupos parlamentarios se muestran contrarios al procedimiento de lectura única, que no permite enmiendas ni participación pública en la modificación legislativa. Prefieren abrir el debate en las Corts Valencianes sobre las fórmulas, contar con los colectivos feministas y abrirlo a la participación ciudadana. Además, algunos parlamentarios consideran estas medidas punitivistas y creen que pueden llevar a las mujeres que ejercen la prostitución en la calle, una de las formas de mayor vulnerabilidad, o a las que son víctimas de explotación sexual, a espacios clandestinos, agravando su situación. Además, insisten en la necesidad de medidas paralelas que incidan sobre la renta y la situación administrativa de las mujeres migrantes en situación de prostitución.
Las dudas de los grupos parlamentarios coinciden con las de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, cuya titular, Aitana Mas, defendió hace semanas que una postura de “ley seca” no resuelve el problema de la explotación sexual. “Creo que una ley seca para la prostitución solo servirá para esconder un problema con componentes sociales complejos y tratarlo de manera punitiva”, apuntó en rueda de prensa la también vicepresidenta y portavoz del Consell, que abogó por “no legislar hechos concretos que están alejados de la realidad” en primer lugar y por “procurar que la norma no perjudique a la parte más vulnerable”, las mujeres prostituidas.
Su departamento ha encargado un informe a un grupo de expertas de la Universitat Autònoma de Barcelona, integrantes del Grupo de investigación Antígona, sobre derechos y sociedad con perspectiva de género, que apunta que las propuestas del PSPV “apuestan por un modelo abolicionista prohibicionista de abordaje de la prostitución sin plantear medidas de tipo social que ofrezcan alternativas ocupacionales a las personas que obtienen sus ingresos del trabajo sexual”. El informe indica que “las sanciones pueden resultar desproporcionadas al equiparar la prostitución con la realización de actividades delictivas en la gravedad de la sanción” y que los procedimientos de urgencia que prevé la norma “pueden dar lugar a prácticas arbitrarias que causen daño de difícil reparación”. Así, incidiendo en la vulnerabilidad de las personas en situación de prostitución, la mayoría mujeres, desaconseja las medidas.