Los Comités Locales de Emergencia (CLER), que coordinan a los colectivos vecinales de los municipios valencianos más afectados por la catástrofe del pasado 29 de octubre, han emitido un duro posicionamiento tras los escándalos sobre el desvío de ayuda humanitaria por parte de la organización Revuelta, rama juvenil de Vox.
Según los representantes vecinales Revuelta habría instrumentalizado la tragedia mediante una “falsa solidaridad” que en realidad escondía un ánimo de lucro y beneficio propio con las donaciones destinadas a los damnificados.
La valoración de los comités es especialmente severa al analizar el comportamiento de estos grupos en el terreno. Denuncian que la presencia de la extrema derecha en las calles no tenía como objetivo la reconstrucción, sino lo que han denominado un “reparto de odio”. Según el comunicado de los CLER, mientras el vecindario se autoorganizaba bajo el espíritu de ayuda mutua del lema 'El Poble Salva al Poble', estas organizaciones se dedicaron a buscar protagonismo mediático y a difundir discursos racistas y negacionistas, aprovechándose del dolor y la vulnerabilidad de las víctimas de la dana para “enriquecerse”.
En su escrito, los comités vinculan este comportamiento con la línea política de Vox durante su año de pacto con el gobierno de Mazón, señalando que sus actuaciones han ido históricamente en contra de las mujeres, la población migrante, el valenciano y la protección del patrimonio natural de l’Horta. Consideran que el uso de donaciones particulares para fines ajenos a la emergencia es un ataque directo a la rabia y la tristeza de quienes lo han perdido todo, calificando los hechos directamente como un “robo” que debe ser castigado por la ley.
Ante la gravedad de las denuncias y las evidencias telefónicas que han trascendido, los CLER exigen que se actúe con firmeza en el ámbito legal y que todas las personas y organizaciones responsables sean puestas de inmediato a disposición judicial. Asimismo, hacen un llamamiento para que las donaciones que fueron desviadas sean recuperadas y canalizadas de nuevo hacia ONGs y asociaciones vecinales de los municipios afectados, garantizando que el reparto se realice bajo criterios éticos y de justicia social, priorizando las necesidades reales de los vecinos por encima de cualquier interés político o personal.