Excusas para no abrir la puerta de la financiación autonómica

Mazón rechazó la quita de deuda y su sucesor se aferra a un fondo de nivelación transitorio

Pérez Llorca prefiere la disciplina de partido antes que corregir la infrafinanciación valenciana 

Primero dijo José Antonio Rovira -ahora conseller de Hacienda tras haber intentado destrozar el sistema educativo como titular de esa cartera en la época de Carlos Mazón- que la propuesta del Gobierno de España “no pinta mal”. Después la ha calificado de “chantaje”. El hecho es que, tal como explicaba Laura Martínez en un artículo, el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, “se enroca y exige para aceptar la nueva financiación autonómica un fondo de nivelación que el mismo PP tumbó en el Senado”. 

Si Mazón rechazó en el verano de 2025 una quita de la deuda que reduciría a la mitad los 1.200 millones en intereses que la Administración valenciana paga por el endeudamiento asumido a causa de la infrafinanciación de esta comunidad autónoma, ahora su sucesor se aferra a otra excusa, el fondo de nivelación (una medida en todo caso provisional hasta la corrección del sistema), para no salirse de la disciplina que marca el PP en el conjunto de España, liderada por un Alberto Núñez Feijóo que niega al Ejecutivo de Pedro Sánchez el pan y la sal.

Más allá de la queja porque la propuesta del Ministerio de Hacienda, que dirige la vicepresidenta primera María Jesús Montero, se haya hecho pública tras el acuerdo entre Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, con la mirada puesta en la actitud que finalmente adopte Junts a la hora de su aprobación en el Congreso, el nuevo modelo (largamente esperado, dado que el actual caducó en 2014) aportaría 3.669 millones de euros más a la Comunitat Valenciana en términos absolutos, que son 668 euros por habitante ajustado, convirtiéndola, después de Murcia, en la segunda que más incremento registraría. Se trata de un modelo que cedería más porcentaje de recaudación de impuestos a las comunidades autónomas (del 50% al 55% en el IRPF y del 50% al 56,5% en el IVA), lo que supondría un aumento de la financiación autonómica en 21.000 millones de euros y situaría su volumen global en 224.507 millones en 2027. Catalunya, Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana serán las comunidades más beneficiadas.

La líder del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, fue muy clara en su defensa de la propuesta del Gobierno, al emplazar a Pérez Llorca a que “tiene que cumplir con los valencianos, no con el PP”. La dirigente socialista considera “irrenunciable” la propuesta porque supone una inyección económica sin precedentes para las arcas autonómicas. Por su parte, Compromís, por boca de su portavoz en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha considerado que la propuesta mejora mucho las condiciones de los valencianos, pero insiste en que se aborde también un fondo de nivelación transitorio hasta que se apruebe el nuevo sistema. Asegura Baldoví que el modelo tiene “margen de mejora”, para incluir por ejemplo la condonación de deuda histórica.

En términos similares se han pronunciado los expertos nombrados por las Corts Valencianes y que asesoran al Consell en esta materia. Apoyan la propuesta de reforma planteada por el Gobierno central, aunque creen que debe ir de la mano de la condonación de la deuda histórica derivada de la infrafinanciación. En el ambiente flota la sensación de que se trata de un asunto urgente para los valencianos y que difícilmente habrá una oportunidad mejor, aunque el PP sostenga, o precisamente porque lo hace, que Feijóo aprobaría un nuevo sistema de financiación autonómica “en un año” tras su hipotética llegada a la Moncloa (es difícil creer que, con una perspectiva de raíz gallega, anticatalana y condicionada por los pactos con Vox como la suya, diera esa promesa algún resultado medianamente aceptable). 

Para hacer más flexible la propuesta, el Ministerio de Hacienda ha trasladado a las comunidades autónomas que no estarán obligadas a asumir la financiación según el nuevo modelo y podrán seguir con la que se deriva del sistema ya caducado. Una opción impensable desde la perspectiva de un gobierno como el valenciano, cuyos presupuestos se ven lastrados año tras año por la condición de administración peor financiada. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera de esta semana, el Gobierno retó de esta manera a los barones del PP a rechazar de forma voluntaria 15.000 millones de financiación autonómica que irían a parar a las comunidades que gobiernan. Pero el PP rechaza en bloque la nueva financiación autonómica pese a reconocer que es “mejor” que la actual. 

Otra cosa será, en el caso de que el modelo logre salir adelante, qué ocurrirá con la relación bilateral, que tanto rechaza Feijóo y que tanta falta hace para desarrollar una estructura federal como la española, de los gobiernos autonómicos con el Gobierno central a la hora de decidir si se suman o no a los beneficios que les reportará la nueva financiación. A diferencia de la siempre agresiva presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, son varios los barones del PP que han evitado pronunciarse sobre la posibilidad de beneficiarse del nuevo sistema si llegara el momento. Ahora mismo, Pérez Llorca, como su predecesor de nefasta memoria, prefiere la disciplina de partido y aferrarse a excusas de mal gobernante.

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