El Ayuntamiento de València adjudicó la permuta de las VPP pese a que vecinos denunciaron que la promotora canceló las reservas previas de los pisos
El Ayuntamiento de València, como administración pública, tenía conocimiento de que las viviendas puestas a su disposición por una constructora que optó a una permuta habían sido comercializadas previamente. Al menos cinco vecinos presentaron escritos al consistorio en los que exponían que habían prerreservado una vivienda de protección oficial de Domio Desarrollos II, la entidad que ganó el concurso para construir 200 viviendas protegidas a cambio de entregar un edificio de 39 pisos y que el PSPV ha llevado a Fiscalía.
Los socialistas consideran que la constructora incumplió los pliegos del contrato -que exigía que no hubiera derechos sobre las viviendas que iba a adquirir el Ayuntamiento- y habría mentido en la declaración responsable al afirmar que las viviendas no estaban comercializadas. Los socialistas han ampliado la denuncia interpuesta la pasada semana tras recibir las denuncias de algunas de las familias que habían entregado una señal sobre el inmueble y tener más información sobre los expedientes.
Tras examinar la documentación, apuntan que el Ayuntamiento gobernado por PP y Vox reconoció los derechos adquiridos de las familias con las viviendas protegidas un año antes de adjudicar la permuta. Según ha trasladado el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, los afectados habían presentado documentación en el registro de entrada donde acreditaban ser depositarios de un derecho sobre la vivienda, adjuntando copia de los contratos con la mercantil. En julio de 2024 la firma comenzó a devolver los mil euros que los solicitantes habían depositado como señal, que muchos de ellos rechazaron. Algunos incluso trasladaron al Ayuntamiento sus sospechas sobre que la empresa “tiene pensado cambiar las condiciones del edificio y cancelar la prerreserva”.
La empresa presentó la declaración responsable -que acredita el cumplimiento de los requisitos, entre ellos, que las viviendas no hayan sido comercializadas- en julio de 2025, cuando se abrió la convocatoria para presentar ofertas al concurso para las permutas. El Ayuntamiento buscaba incorporar vivienda al parque público a corto plazo a cambio de solares en los que se debe construir vivienda protegida.
El 17 de octubre de 2025 se adjudicó la permuta “dando por buena una declaración responsable”, que podría constituir, según el PSPV, un delito de falsedad documental. Sanjuan también considera que el Ayuntamiento podría haber incurrido en irregularidades al no excluir a la empresa, sabiendo que había un expediente abierto sobre ella, y apunta a los concejales Juan Giner, responsable de Urbanismo, y José Marí Olano, responsable entonces de Patrimonio, por suscribir la moción impulsora de la permuta.
El portavoz socialista insiste en que si se demuestra que hay algún derecho sobre las viviendas se debería anular la permuta, al incumplir una de las cláusulas del pliego de contratación. El objetivo de la cláusula es “no echar a las personas para ganar más dinero”, ha reiterado Sanjuan. Con la permuta, la mercantil entrega 39 viviendas construidas al Ayuntamiento a cambio de cuatro solares en los que construir cerca de 200 pisos protegidos, además de 1,5 millones que compensan la diferencia de valor entre el suelo y el inmueble. La constructora podría comercializar los pisos por cerca de 53 millones de euros gracias a la actualización del precio por metro cuadrado del Consell de Carlos Mazón.
Urbanismo asegura que el PSPV miente y habla de un expediente “impecable”
Tras la rueda de prensa del PSPV, el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de València, Juan Giner, ha rechazado las acusaciones del portavoz socialista y ha defendido que el procedimiento administrativo fue “impecable” porque se tramitó con todos los informes favorables.
Giner ha insistido en que “las bases de adjudicación de la permuta que el partido socialista amenaza con llevar a la Fiscalía se cumplieron en todos sus extremos”. El concejal ha recordado que la empresa presentó declaración responsable el 30 de julio de 2025 acreditando que las viviendas ofrecidas no estaban comercializadas, cumpliendo así el requisito establecido en el pliego de condiciones.
El delegado de Urbanismo ha recordado que el expediente de permuta cuestionado por los socialistas cuenta con informes favorables del Servicio de Patrimonio (27 de mayo y 10 de septiembre de 2025) y de la Intervención General (16 de octubre de 2025), y que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el 17 de octubre de 2025.
“El Ayuntamiento hizo lo que debía: exigir en las bases que no estuvieran comercializadas. Y el expediente se tramitó correctamente con la documentación aportada”, ha explicado. El concejal ha criticado que “el partido socialista de esta ciudad lleva varios días sembrando dudas sobre un proceso administrativamente impecable porque se llevó a cabo con todos los informes a favor, tanto patrimoniales como de la Intervención municipal”.