La sección sindical de CGT Bomberos Forestales ha condenado “rotundamente” la instalación de una cámara oculta en los centros de trabajo de la unidad de Buñol del servicio de la Generalitat Valenciana, un hecho avanzó en exclusiva elDiario.es.
Como ha informado esta redacción, diversas fuentes cercanas al caso aseguran que diversos efectivos de bomberos encontraron en el mes de julio el dispositivo en el techo del despacho del jefe de la unidad de Buñol ubicado en el parque de bomberos de Yátova. Además, añaden que la Guardia Civil, tras la denuncia puesta por los propios bomberos, ya se personó en las mencionadas dependencias y estuvo realizando diversas diligencias, entre ellas cogiendo huellas que aportaran alguna pista sobre el autor de la instalación del dispositivo.
Fuentes del sindicado han considerado este hecho “un ataque flagrante al derecho a la intimidad de los trabajadores y trabajadoras, así como una grave vulneración de los derechos laborales”. Desde el sindicato han afirmado que “la colocación de una cámara sin conocimiento ni consentimiento supone una acción delictiva que atenta directamente contra la derecho fundamental al honor, la intimidad y la propia imagen, tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores”.
Las mismas fuentes han denunciado que “este acto se enmarca en un contexto de presión y difamación hacia los compañeros y compañeras, como represalia directa por sus declaraciones públicas en relación con la retirada del punto de vigilancia del Barranco del Poyo durante el día de la DANA”.
Desde aquel momento, han asegurado desde CGT, han estado “señalados y cuestionados varias veces, sin el espaldarazo institucional de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise), ni de sus responsables políticos, abandonando a sus bomberos forestales ante un caso tanto grave judicialmente, sintiéndose desamparados al tener que justificarse enseñando sus tickets de compra en vez de ser la empresa quien responda”.
Ante esta situación, la organización sindical ha exigido “explicaciones inmediatas a los responsables de Sgise y al conseller de Emergencias Juan Carlos Valderrama, así como la depuración de todas las responsabilidades derivadas de esta acción inadmisible”.
Al mismo tiempo, han anunciado la activación de sus servicios jurídicos “para denunciar este ataque frontal a los derechos fundamentales de los Bomberos Forestales del País Valencià”. Desde CGT han asegurado que no tolerarán “ninguna vulneración de los derechos laborales ni ninguna acción que ponga en riesgo la integridad y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de este servicio público”.
La Conselleria de Emergencias, por su parte, ha solicitado a la Policía de la Generalitat (unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana) que investigue los hechos. Además, la Sgise ha abierto una investigación interna.
Desde la Conselleria de Emergencias y la Sgise insisten en que se está actuando “con contundencia desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de estos hechos, procediendo a la apertura de un expediente para llevar a cabo una investigación y también con la colaboración de la Policía de la Generalitat”. Unos hechos que, como ya es sabido, “están denunciados ante la Guardia Civil ante la posibilidad de que puedan constituir un delito”.
Investigación de la Guardia Civil
La actuación de la Guardia Civil pretende conocer la autoría de la persona o las personas que montaron el dispositivo de espionaje y qué es lo que se consiguió grabar. También se pretende saber hacia dónde se enviaba la señal con el contenido de las grabaciones. La unidad de Buñol se ha convertido en clave en la investigación de la jueza de la dana, puesto que sus miembros estaban vigilando el barranco del Poyo a la altura de Riba-roja hasta que, alrededor de las 14.40, fueron retiradas. Su presencia en la zona a las 17 horas hubiera sido clave para avisar de la avenida en la rambla a las 18.20 horas que inundó l'Horta Sud horas más tarde y que provocó la mayoría de muertes.