Entidades sociales denuncian la “cacería” de migrantes vulnerables en Extremadura

La aprobación de la regularización masiva extraordinaria para personas migrantes ha despertado una enorme expectativa entre quienes viven en situación administrativa irregular. Sin embargo, tras la aprobación en enero de 2026 de esta medida que beneficiará a cerca de medio millón de personas, una sombra de oportunismo se ha extendido sobre el colectivo. El anuncio del Gobierno, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular con más de 700.000 firmas, ha activado una maquinaria de desinformación que explota la desesperación de quienes viven en los márgenes de la legalidad, especialmente en zonas rurales y agrícolas de Extremadura.

El esquema es siempre el mismo: el miedo a quedarse fuera. A pesar de que el plazo oficial para presentar las solicitudes no se abrirá hasta abril, las redes sociales bullen con anuncios que prometen “prioridad” o “gestión exprés”. En plataformas digitales proliferan perfiles que ofrecen citas online por 30 euros para acceder a servicios que, en realidad, serán gratuitos y aún no existen. Estos anzuelos derivan a menudo a formularios controlados por gestorías que buscan captar clientes de manera prematura.

Así lo denuncia Alexandra Vesga, presidenta de la Asociación Empleadas del Hogar, Cuidado y Limpieza de Cáceres, una entidad formada principalmente por mujeres migrantes, pero que incluye también a sus familiares. Vesga explica que el proceso ha generado mucha incertidumbre porque los comunicados oficiales hacen referencia a muchos artículos y leyes complejos, y al final la gente presta atención a quien les habla con más seguridad. “Esa falta de claridad ha provocado que algunas personas aprovechen esta situación. Empezamos a notar que quien hablaba con más seguridad generaba como una bola de nieve alrededor”, señala.

Desde la asociación comenzaron a trasladar dudas y casos a las instituciones, como la Subdelegación de Gobierno, para verificar la información que se propagaba sin fundamentos. Vesga señala que han detectado también la aparición de intermediarios informales que dicen: “yo ya hice esto con un familiar”, “yo trabajé en eso y sé lo que hay que hacer”, “yo conozco cómo funciona” para así “cazar” a las personas que tienen que hacer el trámite en el momento correspondiente y no saben por dónde empezar. Según explica, en muchos casos se les omite información clave, como que “el trámite lo puedes hacer tú mismo”, lo que hace que la persona piense automáticamente que necesita un abogado o una asesoría.

La Delegación de Migrantes y Refugiados de la Diócesis de Coria-Cáceres fue la primera en detectar la problemática. A través de su grupo, se pudo conocer todo el entramado, ya que los llamados “cazadores” de personas migrantes en situación irregular comenzaron a infiltrarse en grupos de WhatsApp donde se reúnen estas comunidades, como los gestionados por la propia delegación. Fue por ese medio donde empezaron a difundirse nombres de abogadas y abogados vinculados a asoiaciones que luego fueron asociados a estas prácticas fraudulentas.

Las cantidades que se están cobrando varían considerablemente. La asociación ha encontrado casos desde 30 euros para iniciar el acompañamiento hasta 200 euros solo para reservar un cupo de clientes. Por el trámite completo están cobrando entre 280 y 350 euros por persona, aunque al principio llegaban a pedir 500 euros. A esos costes se suman otros documentos encarecidos: por un certificado de antecedentes penales de Honduras están cobrando 92 euros, y por el de Colombia entre 40 y 60 euros, cuando Alexandra, de origen colombiano, aclara que ese documento se consigue en diez minutos y cuesta menos de diez euros.

La situación fue trasladada a la Mesa de Trabajo correspondiente, donde participan distintas instituciones y la propia Comisión de la Diócesis de Coria-Cáceres. Entre los problemas detectados también se encuentran las dificultades de muchas trabajadoras del hogar que no pueden salir en horario de mañana para hacer los trámites porque las administraciones solo atienden en esa franja. Vesga insiste igualmente en que el lenguaje administrativo es un obstáculo, pues se dirigen a mujeres que llevan poco tiempo en España y aún se están integrando “y que esos tecnicismos al final solo lo comprenden los profesionales que se dedican a ello”.

Un punto especialmente crítico de la denuncia trasladada a elDiario/Extremadura es la existencia de despachos de abogados, asesorías incluso organizaciones que “se supone” que son para ayudar a los propios migrantes, donde según cuenta Vesga, alguna abogada que antes había trabajado en asociaciones referentes en la región en la defensa de los inmigrantes está ahora cobrando por estos servicios, “aprovechándose de su 'cartera de clientas'.

Vesga reconoce que, aunque la asociación que preside ofrece acompañamiento gratuito, algunas personas prefieren ir a un abogado “porque les da más seguridad. Por eso, menciona que mantienen acuerdos con profesionales transparentes, que se comprometen públicamente a devolver el dinero si el proceso no prosperara finalmente.

Más fraudes

Sin embargo, el fraude no solo habita en algunos despachos profesionales y entidades. Said, un ciudadano marroquí que lleva treinta años en Extremadura, confirma que varios compatriotas le han contado que les están cobrando 250 euros en locutorios solo por apuntarlos en una supuesta lista de espera. “La gente tiene miedo y paga lo que sea”, asegura. Por su parte, Beatriz Cercas, asesora jurídica de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), denuncia casos flagrantes donde se llega a cobrar procesos que aún no existen porque no se ha publicado el Real Decreto, forzando pagos vía Bizum. ADHEX, que atiende a unos 2.000 potenciales beneficiarios en la región, insiste en que la regularización no tiene cupos y es gratuita por lo que conmina a todas las personas que tengan dudas que se informen correctamente en asociaciones como ADHEX.

En este contexto, otra voz experta, María, abogada con cuarenta años de experiencia en Extremadura, recuerda que acudir a un profesional de la abogacía es legítimo, pero siempre debe pedirse un presupuesto y una hoja de encargo para poder reclamar abusos. Asimismo, abogados de Extranjería en Madrid, Cáceres o Badajoz, ponen el foco en los fraudes cometidos en locutorios, carnicerías o por particulares que “hacen auténticas aberraciones”. Ellos defienden la labor de los profesionales colegiados frente a estos intermediarios: ofrecemos una lista gratuita para informar cuando la norma se publique y otra de pago con una provisión de 50 euros que devolvemos si el servicio no se realizara finalmente por el motivo que sea.

Frente a esta “cacería” de clientes, la realidad administrativa es gratuita. Se establece que para acreditar la residencia continua de cinco meses bastará con pruebas cotidianas: el empadronamiento en municipios extremeños, citas en el Servicio Extremeño de Salud (SES) o resguardos de remesas. Para quienes carezcan de recursos, existen vías públicas gratuitas. El Turno de Oficio de los Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz garantiza asistencia gratuita. Además, organizaciones como ADHEX o ACCEM ofrecen asesoramiento integral. Desde las oficinas de ACCEM en la calle Argentina de Cáceres, su delegada territorial Mar García Navarro explica que las personas que acuden allí no necesitan pagar a despachos ni gestoras por algo que es totalmente gratuito.

La urgencia por obtener el permiso provisional de trabajo, que se otorgará en apenas 15 días tras la solicitud, no debería alimentar la codicia de redes oportunistas. Regularizar es un acto de justicia social e integración en Extremadura como en el resto de España, no una oportunidad de lucro para aquellas personas que tienen menos escrúpulos.

“No es ético mercadear con la vulnerabilidad y la necesidad de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad”, zanja Beatriz Cercas, mientras pide que todos hagan su trabajo “pero desde el respecto y la empatía”.