Catalá baja el tono contra la delegación del Gobierno al centrarse Bernabé, su rival política, en el 29N
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“[Tener] un delegado del Gobierno al que no le interesa que a la ciudad le vaya mal porque tiene expectativas políticas de ser después, en una campaña electoral, una alternativa, obviamente cambia las cosas. La situación con Pilar Bernabé era mucho más compleja, porque priorizaba su interés político sobre la seguridad de la ciudad y el bienestar de la ciudad. [Con] el actual delegado, mi experiencia muy reciente por la amenaza de Blocus, la coordinación ha sido muy buena”. Lo dice María José Catalá, alcaldesa de València, diputada del PP en las Corts Valencianes, candidata del PP al Congreso por Valencia y también candidata a la reelección en el Ayuntamiento, sobre la exdelegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien cesó en el cargo hace dos semanas para ser candidata del PSOE al Congreso por la misma circunscripción y será candidata a la alcaldía.
La previsible pugna por el Ayuntamiento de València es una de las más interesantes, en tanto que los dos grandes partidos apuestan por potentes cabezas de cartel. Una batalla que ahora se traslada a las elecciones generales y anticipa una larga campaña.
La rivalidad entre las dos candidatas es sonada. Han protagonizado varios encontronazos a cuenta de infraestructuras clave en la ciudad, como es la sociedad Parc Central, en la que Ayuntamiento y Generalitat han vetado en tres ocasiones la entrada de Bernabé como consejera a propuesta del ministerio.
La alcaldesa de València se expresó en esos términos en una entrevista en la radiotelevisión pública valenciana À Punt, preguntada por el cambio en la Delegación del Gobierno, que ahora encabeza Roger Llanes. En el elogio al talante del nuevo representante, con el que ha mantenido un par de reuniones por cuestiones de seguridad, se coló un ataque dirigido a Bernabé, rival por partida doble. La dirigente popular responsabiliza a la candidata socialista de falta de colaboración en cuestiones clave y la acusó de haber descuidado la seguridad de la ciudad por interés político, tras numerosos encontronazos en el último año y una batalla competencial. Desde el equipo de la alcaldesa se desliza constantemente que es la delegación del Gobierno quien debe disolver las concentraciones y organizar dispositivos en casos de gran afluencia de personas.
Fue el caso de la coordinación de la seguridad en las inmediaciones de la Estación del Norte durante las Fallas, la acampada de los profesores durante la huelga educativa en la Plaza de la Virgen y, recientemente, con la acampada por la vivienda y la amenaza de los disturbios del movimiento Blocus. Catalá lanzó un comunicado exigiendo al Ministro de Interior refuerzos policiales, insinuando que peligraba la seguridad por diferencias de signo político. Ahora, con Bernabé fuera de este departamento, las tornas están cambiando.
El tono del consistorio es bien distinto respecto a la Delegación desde que la ocupa Roger Llanes, antes en el comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana, pese a que los conflictos a abordar son los mismos. Muestra de ello son los escritos que el Ayuntamiento ha dirigido a la representación gubernamental. Con motivo del 9 d'Octubre, el concejal de Policía, Jesús Carbonell, remitió un requerimiento al Gobierno por la “falta de actuación” por parte de la Delegación del Gobierno en València respecto a la acampada por la vivienda, que desde hace un mes ocupa la Plaza del Ayuntamiento. El escrito implica la advertencia de acciones legales por no realizar el desalojo. Esta semana, la propia Catalá firma una misiva dirigida a Llanes para solicitar una reunión en la que “abordar de forma conjunta” la ocupación de la Plaza.
Además de las cuestiones formales, “Excelentísima Sra. Dª. María Pilar Bernabé García” a una; “Estimado delegado” a su sucesor, en los escritos hay un tono bien distinto. El primero, un texto plano y administrativo, informa de las cuestiones legales y desarrolla un relato de los hechos hasta la fecha. Concluye con la advertencia: “Se advierte expresamente de que, en el supuesto de que esa Administración no adopte las medidas a su alcance para garantizar la seguridad e integridad de las personas en la Plaza del Ayuntamiento y para que se celebren los actos conmemorativos del día 9 de octubre con normalidad y de acuerdo con la relación de actos agendada y autorizada previamente, se llevarán a efecto las acciones legales que proceda”.
En el segundo, en un tono claramente cordial, Catalá arranca apelando a la lealtad institucional y al deber de colaboración, habla de abordar conjuntamente la cuestión en el marco de las respectivas competencias y de la “responsabilidad” que ambos tienen como representantes institucionales. “Quedo a tu disposición para coordinar los detalles que estimen necesarios”, concluye. Un cambio evidente.