“Cuando se habla de la zona de actividades logísticas (ZAL) y de la Punta se tiende a despersonificar el territorio y a las personas como si fuéramos daños colaterales, pero el territorio no son solo metros cuadrados de un polígono industrial, sino que el territorio es su gente, es su cultura, es su comunidad y esto siempre se olvida cuando se habla de la ZAL. Hablamos de un territorio que estaba vivo y que todavía hoy deja cicatrices abiertas en las mentes de nuestras familias y en la memoria de la ciudad de València”.
Mireia Vidal, de 33 años, se pronunció así el pasado 9 de junio durante el pleno de las Corts Valencianes tras cederle la palabra la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, para reivindicar la reversión de los terrenos de la ZAL del Puerto de València, máxime tras la última sentencia que declara ilegal el Plan Especial, la tercera que considera que todo el recinto está fuera de ordenación al asentarse sobre terrenos de huerta de especial protección y la que hace 16 desde que arrancó el proceso para su ejecución a finales de los años 90.
Mireia fue elegida a finales de mayo presidenta de la asociación de vecinos Unificadora de la Punta, la que ha logrado paralizar de nuevo la infraestructura nada más y nada menos que en contra del Puerto de València, del Gobierno central y de la Generalitat Valenciana.
Ella, junto a sus padres, tíos y abuelos, vivió en primera persona todo aquel proceso que asegura que fue traumático y del que las familias afectadas salieron sin sus casas y arruinadas.
¿Cómo viviste todo aquel proceso de expropiaciones forzosas, desalojos y derribos de viviendas?
Tenía tres años cuando empezó todo y 13 cuando nos echaron de casa. Debido al estrés del momento, durante muchos años no era capaz de recordar con detalle. Fue una situación muy dura porque evidentemente me daba cuenta del sufrimiento que se vivía en casa y cada día me iba al colegio sin saber si al volver iba a poder entrar en mi casa, o si iba a volver a ver a mis vecinos y amigos. La verdad es que siempre tuve la esperanza de que finalmente las cosas se arreglarían y no nos echarían, hasta que empezaron con los derribos.
¿Cómo era la forma de vida y de relación antes de la ZAL?
Para mí todos mis vecinos eran como mi familia, es una vida mucho más comunitaria que en la ciudad. Todos nos conocemos y nos ayudamos. Cuando sucedió todo, perdí a mis tíos, a mis abuelos, los perdí a todos. Después de marcharnos, con el paso del tiempo fallecieron 81 personas de La Punta de las 147 familias desalojadas, gran parte de ellas con enfermedades relacionadas con el síndrome del estrés postraumático, demencias o alzheimer.
¿A dónde fueron una vez los desalojaron?
El proceso de derribos y desalojos se produjo entre 2002 y 2003. A algunos de mis vecinos ya no los he vuelto a ver. Unos se fueron a vivir de prestado, otros a casa de familiares. Perdimos el contacto diario y directo. En nuestro caso, mis padres se separaron y mi padre se fue a vivir a una de las casas de retorno y mi madre a otra casa en València. Yo ahora vivo en València con alquiler precario y trabajo como agricultora unas tierras que tengo en Utiel.
¿Qué les pagaron realmente de indemnizaciones?
Depende de los metros cuadrados de las viviendas de cada afectado, pero entre 70.000 y 100.000 euros. Estamos hablando de la época de la burbuja inmobiliaria. Nos tasaron las viviendas que eran tipo alquería por un precio irrisorio y las de retorno que nos ofrecían costaban unos 130.000 euros. Además, nos descontaron un 10% de impuestos y los gastos de derribo y desalojo. Así que nos echaron de nuestras casas, pagamos nosotros mismos los gastos y nos obligaron a hipotecarnos para acceder a otra vivienda, dejando a muchas familias en la ruina. Algunas no pudieron cobrar porque el procurador que llevó el proceso se suicidó y los tres millones de euros que tenía que repartir desaparecieron. Luego en parte se pudo recuperar, pero con unas acciones de Abengoa que no tienen ningún valor. Además hemos tenido que hacer frente a los gastos judiciales de 16 recursos pagados de nuestro bolsillo, todos ganados.
Se habla de que la administración abonó 45 millones en indemnizaciones.
Duele mucho cuando se habla así a la ligera de esas cifras porque lo usan como si nos hubiéramos hecho millonarios para justificar lo que hicieron. La mitad de ese dinero fue a parar a la acequia de Rovella y a la base de contendores. A nosotros lo que nos quedó, fue lo que te comentaba anteriormente.
¿Qué piensa cuando ve que tanto la Autoridad Portuaria de Valencia, dependiente del Gobierno central, como la Generalitat Valenciana, siguen insistiendo en poner en marcha la ZAL?
Que no tiene sentido lo que está promoviendo una coalición de izquierdas. Ya han hablado de redactar un tercer Plan Especial. Lo que nos hicieron va contra los derechos humanos, fue un expolio y no se han depurado responsabilidades políticas de todo aquello que se hizo fuera de la ley. Fue una aberración, es un proyecto inviable y nos preguntamos cuándo va a haber un equipo de Gobierno valiente que revierta esta situación. De verdad que duele mucho.
¿Qué opina de la última propuesta del PSPV de recuperar una parte de los terrenos para huerta y un corredor verde?
Bueno, la parte positiva es que ya supone un pequeño cambio con la postura que venían manteniendo y eso es bueno, es algo a tener en cuenta, pero no es ni de largo lo que estamos pidiendo ni supone reparar nada. En esa parcela había barracas y acequias protegidas, campos, y se ha invertido un dinero público de forma ilegal para arrasar el patrimonio de todos los valencianos. Un patrimonio de un valor incalculable. Y como digo no hay responsabilidades políticas ni judiciales de todo aquello. Todas las demandas penales que pusimos nos las tumbaron y las administrativas, aunque nos dan la razón, nunca condenan en costas a la administración.
¿Qué es lo que piden?
La misma voluntad política y recursos que se usa, por ejemplo, para abrir fosas comunes y reparar la memoria histórica de muchas familias. La única forma que hay para reparar todo el daño moral y psicológico causado es revertir los terrenos en huerta productiva y eso no es una cuestión de recursos económicos, sino de voluntad política. Más costoso e improductivo es tener una infraestructura abandonada y parada debido a su ilegalidad.