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Opinión - 'En el punto de mira', por Rosa María Artal

La multa del Ayuntamiento de València a Boluda por las obras de su sede sin lencia acumula un retraso de 13 meses

La propuesta de sanción del Ayuntamiento de València al naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, por iniciar las obras de su nueva torre de oficinas de 13 plantas sin la preceptiva licencia sigue acumulando retrasos.

Cuando se cumplen 18 meses desde que el consistorio ordenó que se paralizaran los trabajos por carecer del correspondiente permiso de obras, el retraso de 13 meses de los informes clave para determinar la cuantía de la multa hace que el expediente se mantenga paralizado.

Así se desprende del requerimiento realizado el pasado 17 de septiembre por el servicio de Procedimiento Sancionador que dirige el concejal José Marí Olano al de Licencias, Juan Giner, por el que se le insiste en la necesidad de obtener sendas valoraciones sobre los trabajos ya ejecutados sin permiso y sobre el supuesto valor patrimonial del actual edificio de oficinas.

“A la vista del tiempo transcurrido desde la última petición de informe realizada con fecha 2-7-2026 a ese Servicio de Licencias de Actividades, y dado que no ha sido emitido el mismo, se reitera dicha petición”, reza el mencionado documento.

Así, el requerimiento recuerda que teniendo en cuenta que los hechos podrían ser calificados como una infracción leve, “resulta necesario que se informe sobre el valor de la obra ejecutada, y ello a los efectos de poder cuantificar la cuantía de la sanción de multa que por la comisión de la infracción corresponda imponer”.

Además, reitera que “como quiera que las obras que se están llevando a cabo afectan a un edificio catalogado se informará sobre la existencia de demolición, grave destrucción o deformación en cualquier otra forma, total o parcialmente, de construcciones, edificios y otros inmuebles objeto de protección especial por el planeamiento urbanístico por su carácter monumental, histórico, artístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional (...) informando asimismo, a efectos de cuantificar la sanción por la comisión de esta infracción, sobre el valor del suelo y sobre el valor de la obra ejecutada”.

Tal y como informó elDiario.es, sobre este segundo aspecto, Boluda Corporación Marítima S. L. remitió a la Delegación Municipal de Licencias un informe de 23 páginas firmado por un arquitecto con el que pretende acreditar la ausencia de valor patrimonial del inmueble por la gran cantidad de modificaciones que ha sufrido a lo largo de su historia: “El edificio en cuestión es un pretendido falso histórico con solo 19 años de antigüedad que incumple con lo establecido en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) para ser catalogado”, afirma, entre otras cosas.

El concejal de Compromís, Ferran Puchades, preguntó el pasado mes de mayo a los concejales de Urbanismo y Licencias, Juan Giner, y al responsable de Procedimiento Sancionador, José Marí Olano, por la situación de parálisis del expediente. Mientras Giner se remitió a la orden de paralización de las obras de abril del pasado año, Olano fue más explícito: “En relación con la pregunta formulada, se informa que el expediente objeto de la misma se encuentra pendiente de recibir informe del servicio gestor, siendo dicho informe necesario e imprescindible para proceder a la tipificación y calificación de la posible infracción cometida y, por tanto, para proceder a elevar el correspondiente acuerdo de incoación de expediente sancionador. La mencionada petición de informe data del pasado 1 de septiembre de 2025, habiéndose procedido a reiterar la misma”. Por lo tanto, hace 13 meses de la petición del mencionado informe.

La torre de oficinas de Boluda Corporación Marítima tendrá 13 alturas que se levantará junto a su actual sede ubicada en el Paseo Caro, frente a la terminal de pasajeros del Puerto de Valencia.

El proyecto se presentó al Ayuntamiento a finales de 2024 y presenta un aspecto moderno, plenamente acristalado con el logotipo de la compañía en un luminoso rojo. La empresa solicitó licencia de obras el 28 de octubre de 2024 e inició los trabajos semanas después sobre unos terrenos que obtuvo por medio de una concesión de 35 años otorgada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), organismo del que es consejero, tras una polémica permuta que estuvo investigada en los tribunales, cuya legalidad finalmente avalaron.

Sin embargo, como avanzó en exclusiva elDiario.es, las obras empezaron sin tener concedida la licencia de obras y actividades por lo que el Ayuntamiento, tras realizar una inspección sobre el terreno, emitió una orden de paralización a finales de abril del pasado año.