LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN
En el ordenamiento jurídico español, la costumbre es una fuente de derecho. Y a esto parecen agarrarse en la Policía Local de València para defender las permutas cuestionadas por la Agencia Antifraude. Los policías locales de València y Beniparrell que intercambiaron su plaza en 2023, un acto que la entidad ha pedido a los ayuntamientos revisar y anular, apuntan que hay “cientos de casos exactamente iguales”. Que las cosas, al parecer, se han venido haciendo así.
Los dos agentes cuestionados presentaron un escrito de alegaciones en el que defienden que cumplen los requisitos de la permuta y recuerdan que ambas administraciones las autorizaron. En los documentos remitidos al Ayuntamiento de València, que les comunicó la resolución de Antifraude que afectaba a su caso, ambos idénticos, los agentes defienden: “Que los intervinientes en la permuta objeto del presente expediente hemos actuado en todo momento de conformidad con lo legalmente establecido y con el procedimiento legalmente previsto, habiendo obtenido autorización para realizar la permuta de ambos ayuntamientos implicados”. Asimismo, insisten en que el caso pasó por varios informes de los ayuntamientos, entre ellos un análisis de la Jefatura de Policía Local, y fue autorizado por las juntas de gobierno local.
Tras una defensa de los requisitos, que Antifraude cuestiona, dado que se dan dos casos para su anulación, los agentes hacen una última apreciación al margen: “Me consta que con anterioridad a la permuta en la que he intervenido se han producido cientos de casos exactamente iguales con lo cual existe tal número de precedentes que en caso de declararse la nulidad de la permuta objeto de este procedimiento se produciría un agravio comparativo injusto”. En otras palabras, que habría que revisarlas todas. Las permutas han sido una constante en el consistorio, que tuvo que dosificarlas la pasada mandato y establecer un máximo anual.
En este caso, uno de los agentes tenía 60 años en el momento de la permuta, en diciembre de 2023, y se jubiló “inmediatamente” después de tomar posesión en el nuevo municipio, y el otro había obtenido una permuta cuatro años antes, dos cuestiones suficientes como para anular el acuerdo. Entre los requisitos para que se autoricen estos intercambios entre funcionarios está no haber participado en una permuta en los últimos 10 años y mantenerse un año en activo después del traslado. Es lo que señala Antifraude como causa de nulidad y que ha remitido a los Ayuntamientos de València y Beniparrell.
El Ayuntamiento de València acordó el pasado viernes estimar algunas recomendaciones pero no revisará la permuta autorizada. El municipio consideró que si se incumple algo es un reglamento, y no es suficiente para revisar el procedimiento de oficio. A renglón seguido, el Ayuntamiento de València asume que deberá incluir expresamente la obligación de cumplir con los requisitos previstos en el decreto que regula las permutas, como dos de los supuestos que se han dado en este caso.
La Agencia Antifraude inició la investigación al recibir una denuncia que apuntaba que el agente de la capital iba a recibir un pago de 27.500 euros por cambiar su plaza con el del municipio de l'Horta Sud, que apenas ronda los 2.000 habitantes. Poco después, se jubiló. El organismo que lucha contra el fraude y la corrupción apuntó en sus conclusiones provisionales que podría darse un fraude de ley y subrayó la existencia de un “mercado opaco” entre partes, un posible delito fiscal y otro de falsedad en documento oficial. Indicó además que las dos administraciones deberían “haber comprobado el cumplimiento de los requisitos objetivos” para las permutas, que son un derecho de los funcionarios.