De la amnistía a la vivienda
La legislatura empezó en 2023 con la amnistía y termina en 2026 con la vivienda. A la amnistía, a pesar de todos los obstáculos que se le han puesto en sede parlamentaria y en sede judicial, se le ha podido dar respuesta de manera definitiva. En el Estado español tienen que tener cabida todas las nacionalidades que lo integran, sin mutilación de ningún tipo. Esto es lo que ha supuesto la amnistía. Ello exigía que fueran las Cortes Generales y no el poder judicial las que dijeran la última palabra.
Se trata, en consecuencia, de un problema que ha quedado resuelto, independientemente de cuál pueda ser el resultado electoral del 29N. La mutilación que se produjo en la constitución material de España con la deriva judicial a la que condujo la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha quedado subsanada de manera definitiva.
El poder judicial sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve y cuando se pretende que sirva para lo que no sirve, el resultado suele ser un disparate. Esto es lo que la ejecutoria de esta legislatura en su integridad ha dejado meridianamente claro. No es poca cosa.
Que la vivienda se haya convertido en el problema que está dominando el final de la legislatura responde a una circunstancia muy distinta. No se trata de un problema nuevo. Más bien todo lo contrario. No ha dejado de ser un problema nunca y no es previsible que deje de serlo en el tiempo en que se pueden hacer previsiones.
Se trata, además, de un problema que no se puede resolver definitivamente con una ley, como la amnistía o como la interrupción del embarazo con una ley de plazos. Pero en cada momento histórico el legislador tiene que intentar dar una respuesta al problema con la dimensión que se plantea. En España y en cualquier país del mundo. El canon desde el que se debe reflexionar tiene que ser necesariamente distinto.
En este final de la legislatura, como consecuencia de múltiples circunstancias con orígenes más próximos o más remotos, la carestía de la vivienda, tanto en lo que atañe al régimen en propiedad como en alquiler, ha adquirido una magnitud extraordinaria. Hemos asistido a lo que se podría calificar como una epidemia de desahucios de una magnitud fuera de lo común. La carestía en este ámbito se ha convertido en una auténtica emergencia, a la que hay que hacer frente con medidas de extraordinaria y urgente necesidad, que son los términos que figuran en la Constitución para justificar la aprobación de un Decreto-ley.
No puede extrañar, en consecuencia, que el Gobierno acudiera a esta figura normativa para hacer frente a la emergencia. Aprobó dos Decretos-ley que fueron rechazados por el Congreso de los Diputados, que rehusó su convalidación.
En dicho rechazo tuvo su origen la ocupación de plazas públicas y la movilización para situar la vivienda en el centro del debate. Y también la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones generales del 29N.
En este marco fue abriéndose camino la idea de la convocatoria de una huelga general para impulsar el debate en la campaña electoral y para marcar lo que debe convertirse en uno de los ejes, si no en el eje en torno al cual debería girar la próxima legislatura.
El ejercicio del derecho de huelga encaja como anillo al dedo al problema con el que se despide la presente legislatura y se abre la puerta de la siguiente. Es el momento en que los diferentes partidos que compitan en las elecciones tendrán que dejar claro en su programa electoral cómo pretenden enfrentar el problema y en el que el candidato que reciba el encargo del jefe del Estado para la investidura tendrá que convertir dicha propuesta electoral en programa de gobierno.
Nada puede ser más oportuno que los ciudadanos y ciudadanas hagan visible a quienes pretenden representarlos en las Cortes Generales cuál es su posición respecto de lo que debería ser la respuesta que el “derecho a una vivienda digna y adecuada” (art. 47 de la Constitución) merece. En esto consiste la democracia y esta es la finalidad que se debe perseguir en las campañas electorales.
No se trata de una huelga contra nadie, sino de una huelga para llamar la atención sobre “la extraordinaria y urgente necesidad” del problema, con la finalidad de que los futuros parlamentarios dispongan de esa información en el ejercicio de la función que van a tener encomendada.
Puede servir, además, para que se abra un debate sobre la reforma constitucional del artículo 47, a fin de que el derecho a la vivienda no figure en el Capítulo III del Título Primero, dedicado a los “Principios Rectores de Política Social y Económica” y pase al Capítulo II, dedicado a los “Derechos y Deberes”, que gozan de una mayor garantía y protección.