Abogados Cristianos demanda a la Junta por permitir que los centros que practican abortos se repartan el mercado

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha demandado a la Consejería de Sanidad de Castilla y León ante las Comisión Nacional de la Competencia por permitir a los centros que practican abortos que se repartan el mercado y fijen los precios.

La organización de juristas lleva además a la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Superior de Justicia de la región por la presunta ilegalidad de los convenios firmados con estos centros.

Solicita medidas cautelarísimas para suspender de forma inmediata los convenios. Considera que dichos acuerdos son nulos de pleno derecho ya que incumplen la Ley General de Salud Pública. Denuncia además que trabajadores contratados por estos centros no tienen la cualificación exigida por la Ley.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, pide que “se depuren responsabilidades por el encubrimiento por parte de la Junta”, y no descarta “acudir a la vía penal por presunta prevaricación”.

Castellanos afirma que “no se pueden estar realizando abortos pagados por la Sanidad Pública en centros privados que no cumplen los requisitos mínimos exigidos por la Ley”. “Es la salud de las mujeres la que está en juego y a la Junta parece importarle más el negocio de estas empresas privadas”.

Desvela que “por ejemplo, en Castilla y León se han firmado convenios con centros de aborto que hicieron una oferta un 60% más cara que otros competidores”.

La organización de juristas lleva también al Contencioso Administrativo al Servicio Territorial de Sanidad de Salamanca por no sancionar al centro de abortos de la ciudad por publicidad engañosa.

Castellanos denuncia “la falta de transparencia de las Administraciones en todo lo que rodea al negocio del aborto”.