La Justicia ordena a la Policía facilitar la regularización a los migrantes que esperan su expulsión en el CIE de Madrid

El juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha ordenado a la dirección policial del Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid, donde migrantes sin papeles son encerrados para proceder a su expulsión, que facilite el acceso de los internos al procedimiento de regularización extraordinaria, tal y como habían solicitado las ONG. El magistrado, en sus labores de vigilancia CIE de Aluche, ha exigido a la Policía habilitar un espacio en las propias dependencias de este centro “para su uso como despacho desde el que se realicen tales gestiones”, para evitar su exclusión del procedimiento extraordinario -cuyo plazo finaliza el próximo 30 de junio-. Hasta ahora, los internos solo podían pedir la regularización a través del pago de un abogado privado, lo que a juicio de las organizaciones incurría en discrimnación de trato.

Varias ONG habían denunciado ante los juzgados de control la falta de una vía para que las personas internas en el CIE de Aluche pudiesen informar sobre el proceso de regularización y realizar las gestiones oportunas para presentarlo, un trámite que a su vez podría librarles del retorno, dado que el procedimiento extraordinario no ha frenado la maquinaria de expulsión y estos centros siguen encerrando a personas que pueden cumplir los requisitos. Las organizaciones que han registrado la queja son Pueblos Unidos/SJM, Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, el Centro para la Documentación de la Tortura, Asociación Mundo en Movimiento y la Coordinadora de Barrios.

Aceptada su queja, los magistrados de contol del CIE han exigido a la dirección del centro la creación de un espacio en las propias dependencias del centro, “para su uso como despacho desde el que se realicen tales gestiones” y al que puedan acceder “ordenadamente y con la seguridad precisa” aquellos internos que pudieran estar interesados en la regularización “y, en principio, cumplan los presupuestos exigidos por la norma habilitante”, según el auto al que ha accedido elDiario.es.

Según los jueces, el espacio deberá contar con el material ofimático preciso para realizar el trámite que la regularización necesita, lo que incluye un escáner, ordenador, impresora y fotocopiadora, añade el escrito. La petición de las organizaciones que atienden a los internos en el CIE fue registrada el pasado 27 de abril, pero ha sido respondida este jueves 18 de junio, cuando solo quedan 13 días para la finalización del plazo.

En su escrito, las ONG habían alertado al juzgado de la exclusión al procedimiento sufrida por las personas internadas en el CIE de Aluche, una situación que se está repitiendo en todos los centros de internamiento para extranjeros de España. El escrito presentado al juzgado recordaba que el acceso al procedimiento se lleva a cabo, o bien de manera presencial, o bien por vía telemática, pero los internos no tenían una vía para poder presentarlo por ninguna de las dos vías -solo si tenían contacto con un abogado-. “La mayor parte de los internos no cuentan con un certificado digital que les permita acceder al proceso y, por otra parte, no existe un procedimiento para que puedan acceder de manera presencial”, explicaban las organizaciones. “El hecho de que la única vía de acceso para las personas internas sea pagar por unos servicios constituye no sólo un agravio comparativo respecto al resto de personas extranjeras, sino también y de facto, una exclusión del acceso al procedimiento respecto a quienes no pueden costear un servicio privado”, añadían.

La queja recalcaba en la discriminación resultante de dicha sutuación: “Esta diferencia de trato resulta especialmente problemática desde la perspectiva del artículo 14 de la Constitución Española, que consagra el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, en tanto que no existe una justificación objetiva y razonable que legitime la exclusión o dificultad de acceso al procedimiento por el mero hecho de encontrarse en situación de internamiento administrativo”. Las ONG recordaron que “el internamiento tiene como única finalidad asegurar la expulsión de la persona extranjera, pero no puede implicar una restricción adicional de derechos administrativos que no guarden relación directa con dicha finalidad”.

Desde Pueblos Unidos, una de las organizaciones que denunciaron la falta de acceso de los internos al procedimiento, sospechan que en este tiempo han podido ser expulsados migrantes que podían haber optado a la regularización. “No tenemos acceso a todas las personas internas en estos tres meses, pero nos consta que muchas tenían un perfil de regularización y que han tenido que recurrir a otros apoyos, incluso pagando por algo que debería ser gratuito”, cuestiona Iván Lendrino Tejerina, coordinador equipos de los CIE de Pueblos Unidos y el Servicio Jesuta de Migrantes. “Y muchas otras personas habrán sido deportadas durante estos dos meses sin sin acceder a la posibilidad de solicitar esta esta regularización”, apunta.

“Esta providencia muestra el abandono de los internos del CIE en su acceso a la regularización. Desde el principio se les tenía que haber tenido más en cuenta. Incluso se debería haber repensado durante este trimestre el internamiento de personas, especialmente aquellas con un perfil de arraigo clarísimo”, se queja el letrado. “Pero se ha seguido internando gente. Y lgunas han sido liberadas porque han recurrido, porque estaban intentando regularizarse. Pero entonces ha sido un sufrimiento inútil. Tenía que haberse evitado el internamiento en general”.

Lendrino Tejerina llama la atención sobre el hecho de que los juzgados dejan en las ONG, que no son parte de estos centros siino que apoyan a los internos desde el exterior, la labor de la orientación en el procedimiento de regularización. “La pelota se la trasla a las ONG de fuera, que por supuesto estamos encantadas de ir a tramitar, pero pensamos que quien se tiene que hacer cargo es el Ministerio del Interior, que tutela a las personas internas y debería haber hecho una circular interna -como sí hizo en las prisiones- y no lo ha hecho. Esto que se ha hecho para un CIE, y a través de los juzgados, tenía que haberlo hecho la Comisaría General de Fronteras para todos los CIE e instando a que cada CIE responsable de informar de este procedimiento, de identificar a quien sea susceptible del mismo y de facilitar el acceso al mismo en coordinación con Cruz Roja -la única organización que recibe una subvención para prestar servicio en el interior de estos centros-. Y no se ha hecho”, concluye.