La Justicia obliga al Gobierno a readmitir en el sistema de acogida a los refugiados devueltos desde otros países europeos
“Después de un año luchando por nuestros derechos, organizando manifestaciones, hablando con la prensa, poniendo quejas, yendo a los tribunales... por fin vemos que toda esta lucha ha tenido sentido”. Quien habla es Shaher (nombre ficticio), un joven refugiado sirio que celebra la nueva instrucción del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que establece el derecho de los refugiados devueltos a España en virtud del Reglamento de Dublín a ser reingresados en los programas de acogida, de los que estaban excluidos hasta ahora.
El cambio de rumbo llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimara dos demandas presentadas por dos jóvenes refugiados afectados por la normativa europea. El fallo condena a la Administración por vulneración de su derecho reconocido en al artículo 24 de la Constitución Española -derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa- por negarles la acogida en el sistema de protección para solicitantes de asilo, ordenando su readmisión en el programa de acogida para solicitantes de protección internacional.
Shaher tiene motivos para estar contento. Sus primeros meses en Madrid, tras ser devuelto desde Alemania, no fueron fáciles. Excluido de los programas de acogida que el Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social administra y gestiona para solicitantes de protección internacional como él, tuvo que deambular de un albergue para personas sin hogar a otro. “Nadie te explica cuáles son tus derechos y obligaciones como refugiado; cómo acceder o no al empadronamiento, a la atención sanitaria o simplemente a clases de español”, se queja.
Varios jóvenes de Palestina, Siria o Yemen, que atravesaban una situación como la suya. “Paso a paso, juntos, ayudándonos y cuidándonos unos a otros”, explica, crearon el Grupo de Apoyo de personas devueltas por Dublín, Refugees Fighting for Rights, que ha abanderado esta batalla con el soporte de la Red Solidaria de Acogida, Coordinadora de Barrios y el Grupo de Acción Comunitaria.
Al otro lado del teléfono, Ana, portavoz de la Red Solidaria de Acogida, va nombrando a unas 20 personas y familias, de las que tiene constancia que ya están siendo beneficiarias de esta nueva instrucción ministerial, es decir, que están siendo reingresada en los programas de acogida.
Las conoce bien. Durante los últimos años, el colectivo social madrileño se ha convertido en un gran apoyo para estas personas, abocadas a la incertidumbre y envueltas en un limbo entre las administraciones.
Por un lado, se enfrentaron al silencio de la Comunidad de Madrid y por otro, al rechazo del Gobierno para su reingreso en el sistema de acogida. Como única alternativa les quedaban los albergues para personas sin hogar o dispositivos de emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
“No solo se cumple un derecho, sino que, además, supone un cambio radical para ellos: de estar en albergues para personas sin hogar, con escasísimos recursos y un acompañamiento muy limitado para sus necesidades concretas, a tener un sistema que, en teoría, debería responder a sus necesidades”, sentencia Ana.
