El respeto a los derechos humanos, cada vez más en peligro. A la amenaza que EEUU y algunos países europeos, como Hungría, han lanzado contra la Corte Penal Internacional por la investigación del genocidio de Israel en la Franja de Gaza se suma la ofensiva de nueve países de la UE contra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por sus límites a las políticas antiinmigración. De norte a sur y sin prácticamente diferencias por el color político, la ultraderechista italiana Giorgia Meloni y la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen han iniciado una cruzada contra esa institución, que se encarga de velar por el cumplimiento del Convenio de Derechos Humanos, uno de los tratados básicos del Consejo de Europa, nacido en 1949 para salvaguardar las democracias en un continente asolado por la Segunda Guerra Mundial.
Ahora, en 2025, los líderes de nueve países de la Unión Europea consideran que el tribunal ha ido “demasiado lejos” en su defensa de los derechos de las personas migrantes y que constriñe su capacidad política en un momento en el que la mayoría de los gobiernos están endureciendo sus políticas antinmigración, con medidas como los controles fronterizos dentro del espacio de libre circulación Schegen o el impulso legislativo a los centros de deportación en terceros países. El TEDH ha condenado a varios países por prácticas como las devoluciones en caliente o la detención de los menores no acompañados. También paralizó el primer envío de solicitantes de asilo de Reino Unido a Ruanda.
“Es necesario iniciar un debate sobre la adecuación de los convenios internacionales a los retos a los que nos enfrentamos hoy en día. Lo que una vez fue correcto puede no ser la respuesta de mañana. El mundo ha cambiado fundamentalmente desde que muchas de nuestras ideas se concibieron en las cenizas de las guerras mundiales. Las ideas en sí son universales e imperecederas. Sin embargo, ahora vivimos en un mundo globalizado en el que las personas migran a través de las fronteras a una escala completamente diferente”, señalan en una carta que suscriben también los líderes conservadores de Polonia, Donald Tusk; Christian Stocker (Austria), Evika Siliņa (Letonia), y Gitanas NausÄ—da (Lituania); el liberal Kristen Michal (Estonia); y los de extrema derecha Bart De Wever (Bélgica) y Petr Fiala (República Checa).
“También creemos que es necesario analizar cómo ha desarrollado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos su interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si el Tribunal, en algunos casos, ha ampliado demasiado el ámbito de aplicación del Convenio en comparación con las intenciones originales del mismo, desplazando así el equilibrio entre los intereses que deberían protegerse”, agregan los jefes de Gobierno, que vinculan la inmigración con la criminalidad: “Hemos visto, por ejemplo, casos relativos a la expulsión de extranjeros delincuentes en los que la interpretación del Convenio ha dado lugar a la protección de las personas equivocadas y ha impuesto demasiadas limitaciones a la capacidad de los Estados para decidir a quién expulsar de sus territorios”. Estrasburgo condenó a España por deportar a dos inmigrantes con antecedentes penales sin tener en cuenta su arraigo.
“Deberíamos tener más margen a nivel nacional para decidir cuándo expulsar a los extranjeros delincuentes”, reclaman esos dirigentes: “Necesitamos más libertad para decidir cómo pueden nuestras autoridades seguir la pista, por ejemplo, a los extranjeros delincuentes que no pueden ser expulsados de nuestros territorios”. “Tenemos que ser capaces de tomar medidas eficaces para contrarrestar a los Estados hostiles que intentan utilizar nuestros valores y derechos en nuestra contra. Por ejemplo, instrumentalizando a los migrantes en nuestras fronteras”, agregan en referencia a los conflictos en la frontera este de la UE con Bielorrusia.
El secretario general pide “no politizar” el tribunal
También mencionan el endurecimiento de las políticas migratorias que están llevando a cabo la mayoría de países de la UE bajo el eufemismo de las “nuevas soluciones a los retos que plantea la migración”. La presión ha llevado a la Comisión Europea a sentar las bases para la creación de centros de deportación en terceros países, como los que Meloni financió en Albania y que ha paralizado la justicia italiana, además de haber acordado un Pacto de Migración y Asilo que contribuye a la 'Europa fortaleza' con la posibilidad de pagar por rechazar a solicitantes de asilo. La persecución de las ONG también cobra fuerza ante el intento del Consejo de la UE de retirar de la legislación europea la denominada la 'cláusula humanitaria' que permite no criminalizar la asistencia a los migrantes.
El ataque al TEDH ha obligado al secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, a salir en su defensa: “El respeto a la independencia e imparcialidad del Tribunal forma parte de nuestros fundamentos. Debatir es sano; pero politizar el Tribunal, no. En una sociedad gobernada por el Estado de derecho, ningún poder judicial debería verse sometido a presiones políticas. Las instituciones que protegen los derechos fundamentales no pueden doblegarse a los vaivenes cíclicos de la política. Si lo hicieran, nos arriesgaríamos a comprometer la misma estabilidad cuya garantía es la razón por la que fueron creadas estas instituciones”.
“El Tribunal no debe ser utilizado como arma, ni contra los gobiernos, ni por parte de los gobiernos”, agrega el suizo, que recuerda que el tribunal es el “brazo legal” del Consejo de Europa, que fue creado por los Estados miembros y “establecido por elección soberana e íntimamente ligado a un Convenio cuyos 46 miembros han firmado y ratificado libremente”.
La carta de los nueve jefes de Gobierno, firmada el 22 de mayo a raíz de una reunión de Meloni y su homóloga danesa en Roma, se produce a las puertas de una reunión de los ministros de Justicia de la UE en la que debatirán la adhesión del club comunitario al Convenio de Derechos Humanos, que los 27 han ratificado de forma individual. Sin embargo, la UE no lo ha hecho todavía, a pesar de que suscribirlo es una de las obligaciones recogidas en el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la UE. No obstante, existen dudas jurídicas respecto a ese paso, entre otros motivos por una argumentación del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que cuestionaba que los organismos jurisdiccionales de la UE queden supeditados a otro tribunal.